El medio ambiente perdido en el camino hacia la paz

O empezamos pronto a dialogar y construir colectivamente modelos territoriales transformadores o seremos testigos pasivos de la destrucción.

Una parte muy importante del patrimonio ambiental de Colombia se encuentra ubicado en paisajes naturales que por muchos años fueron el teatro de la guerra. Por eso, después de la firma del acuerdo de paz, se abrió la posibilidad de armonizar los esfuerzos de conservación y uso sostenible de estos paisajes con la construcción de la paz estable y duradera. Sin embargo, su degradación se ha acelerado durante el último año.

Cuando se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, es importante reflexionar sobre la relación que ha tenido la implementación de la reforma rural integral, contemplada en el acuerdo de paz, y la sostenibilidad ambiental de las zonas más biodiversas de Colombia.

Ante las dificultades generadas por el conflicto armado, la presencia de las instituciones ambientales en los territorios más golpeados fue escasa e intermitente; en esos lugares se desarrollaron mecanismos comunitarios para la conservación ambiental por medio de los cuales se regulaban las talas, los aprovechamientos de fauna y flora y la conservación del agua, entre otros. En algunos casos esos mecanismos fueron promovidos legítimamente por las organizaciones comunitarias campesinas, indígenas y negras. En otros casos, fueron promovidos por los mismos actores del conflicto.

La implementación de la reforma rural integral implicaba no solo mayor presencia y acompañamiento institucional, sino también el desarrollo de opciones para que personas dedicadas a las labores del campo sin tierra o con tierra insuficiente, accedieran a ella en lugares adecuados para ese fin; los planteamientos de la reforma incluían el desarrollo de infraestructura adecuada como vías y acceso a agua y energía sostenibles, que facilitaría la vida de esos habitantes.

Tras la firma del acuerdo de paz y con las dificultades que ha tenido su implementación, así como las dificultades de la llegada de la institucionalidad a algunos territorios, la confianza de las comunidades se ha visto afectada y los mecanismos existentes para la protección ambiental, han dejado de funcionar.

En algunos lugares la comunidad está optando por hacer realidad las promesas hasta ahora no cumplidas (especialmente las referentes al acceso a tierra) mediante la colonización a la vieja usanza, muchas veces en áreas ambientales estratégicas donde la disputa por ese recurso puede ser menos violenta. De la misma forma, en ese río revuelto, los grandes acaparadores de tierras ven la oportunidad de ampliar sus dominios sin mayor tipo de control, ni social, ni del estado, hacia esas tierras lejanas.

Pareciera que se está materializando así una reforma agraria de facto en las áreas protegidas o las reservas forestales.

En esta situación se pone a prueba la solidez del Sistema Nacional Ambiental para dar respuesta a las necesidades ambientales de los territorios a los cuales con anterioridad no había podido llegar, y el compromiso de las demás instituciones para acompañarlas en su labor de proteger el patrimonio natural de los colombianos. Las altísimas tasas de deforestación que se incrementaron en un 23 por ciento del 2016 al 2017, las nuevas ocupaciones dentro de los parques nacionales, los conflictos en los páramos, y la minería ilegal, por ejemplo, retan al Sistema para que actúe de una forma distinta. Hoy está claro que los desarrollos de política y normatividad no son suficientes, en muchos casos no es fácil su implementación y en general no logran cumplir con las expectativas de los habitantes de los territorios que se quieren proteger.

La institucionalidad ambiental ha tratado de responder a la situación que atraviesa el país de diferentes formas, por ejemplo, generando cada vez más y mejor información para la toma de decisiones; movilizando a la cooperación internacional para que apoye la implementación de proyectos que apunten a construir la paz y proteger las selvas y bosques; ha sacado resoluciones y decretos para hacer efectivos mecanismos de control y vigilancia; y ha declarado o ampliado sus áreas protegidas.

Sin embargo, todos estos esfuerzos siguen siendo insuficientes pues el Sistema aún adolece de los mecanismos de gobernanza necesarios para la gestión ambiental en esos territorios hasta hace poco impenetrables, en varios de los cuales aún se debe considerar el riesgo que representa para la articulación territorial, la presencia de los actores ilegales que continúan en el conflicto y que socavan el uso sostenible de los recursos naturales.

Hoy la institucionalidad ambiental está en el proceso de repensar su forma de trabajar en esos lugares antes dominados por la guerra; enfrentando además las restricciones presupuestales, que la obliga a resolver esta problemática con los mismos o menos pesos que tenían en años anteriores.

Desarrollar acciones que cumplan con el triple propósito, salvaguardar el patrimonio natural de la nación y la humanidad, fortalecer positivamente la institucionalidad ambiental y facilitar el acceso a derechos de las poblaciones ubicadas en las áreas de especial interés ambiental, depende de varias cosas: por un lado, que se logre construir visiones territoriales compartidas sobre el  ambiente entre los actores locales, comunidades, personas en proceso de reincorporación y autoridades locales. Estas visiones permiten proyectarse hacia el futuro deseado y definir pactos para la construcción colectiva de opciones de desarrollo local sostenible.

Por otro lado, que la institucionalidad logre identificar cómo hacer viables las políticas públicas en estos territorios y cómo acercar, por medio del diálogo, los instrumentos de gestión pública a las comunidades, para que sean de verdad transformadores. No olvidemos que desde los territorios se han venido trabajando propuestas en torno a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que podrían eventualmente ayudar a resolver muchas de las problemáticas expuestas, con una visión de desarrollo humano integral pues no son solo ambientales. ¿Qué va a pasar con estos instrumentos? Esa es la gran pregunta.

Igualmente, es importante tratar el tema del acceso a la tierra, que está en el corazón de la problemática ambiental. Parece que es hora de aceptar que hay personas que viven en parques nacionales y en páramos, y que esta es una realidad difícil de cambiar para la institucionalidad ambiental; por lo tanto, es fundamental definir rutas de trabajo que promuevan la sostenibilidad, con pactos claros en doble vía, que eviten nuevas colonizaciones, asegurando el acompañamiento técnico y los recursos financieros para su implementación.

Esos pactos deberían reconocer a estas personas como actores activos de la conservación y no como una amenaza para ese propósito. Deben promover actividades suficientemente rentables que permitan ser una verdadera alternativa a la ganadería. Guatemala tiene un excelente caso para mostrar en la Reserva de la Biosfera del Petén. Alla se ha desarrollado una apuesta de largo plazo alrededor del uso sostenible de la biodiversidad asociada a los bosques que con evidencia muestra que es posible construir modelos sostenibles en áreas de importancia ambiental estratégica.

Por su parte, los habitantes de los Parques Nacionales y demás áreas ambientales estratégicas deben reconocer la importancia de su protección, no sólo en el plano discursivo, sino también con acciones concretas que demuestren su voluntad en la conservación del patrimonio natural de todos los colombianos.

En este camino hacia la paz o empezamos pronto a dialogar y construir colectivamente modelos territoriales transformadores o seremos testigos pasivos de la destrucción de algo que, paradójicamente nos une a todos, la maravillosa biodiversidad colombiana.

      Periodista prueba

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