Lejos del sometimiento, las AGC redoblan su presencia en lo urbano

Con el anuncio del llamado Clan del Golfo a aumentar su presencia en las capitales en 2019, la negociación que adelantaba con el Gobierno se aleja y nuevos escenarios de guerra urbana y rural se perfilan.

En 2017, el 13 de diciembre, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC —o Clan del Golfo, como las ha denominado erróneamente el Gobierno nacional—, anunciaron un cese unilateral de acciones militares.

“Declaramos un cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a partir del trece (13) de diciembre del presente año”, dice un comunicado de diciembre de ese año.

En ese momento, la justificación apuntaba a los esfuerzos y los compromisos por parte de ellos y el Gobierno para “contribuir con una paz integral, total y duradera”. El mensaje era esperanzador y ratificaba lo que habían anunciado el 3 de septiembre al Gobierno Nacional: el sometimiento a la justicia, que confirmaron ante el país y el resto del mundo dos días después.

Por medio de un video, alias Otoniel, máximo jefe de las AGC, confirmó lo que meses atrás se rumoraba: “Hemos expresado la intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia con garantías que direccionen a la reconciliación nacional”, manifestó en la grabación.

Era claro que había una negociación y que esta avanzaba en piso firme, incluso ya se sabía que algunos voceros tenían contacto con delegados del Gobierno además, claro, de los abogados que estaban encargados de revisar los beneficios jurídicos para ese grupo armado.

Todo parecía transcurrir con normalidad, a pesar de que la negociación estaba basada en el “garrote” propinado por las fuerzas armadas estatales. (el Gobierno pensaba que eso ayudaría a llevarlos al  sometimiento prontamente).

Cabecillas poderosos habían sido dados de baja, otros capturados y hasta extraditados.

2017, que estaba terminando con el anuncio del cese unilateral al fuego,  fue un año con grandes pérdidas económicas y humanas para las AGC, augurando la debilidad de esa estructura ilegal.

En 2018, a pesar de los golpes recibidos, seguía intacta la voluntad de los jefes de esta estructura paramafiosa de someterse.

Sin embargo, como suele suceder en este tipo de negociaciones, afloraron los juegos políticos, militares y judiciales de ambas partes; a esto se le abonó el poco tiempo que quedaba por la llegada de las elecciones presidenciales.

El panorama empezó a cambiar reflejándose en las demoras para llegar a acuerdos, y la persecución en caliente con la Operación Agamenón II.

Se rumoró que para darle nuevos bríos a la parte final de la negociación, se habría otorgado una especie de salvoconducto a Otoniel para trasladarse a Panamá, protegido fuera del teatro de la mencionada operación —esto nunca se confirmó, pero el rumor persistió, el Gobierno nunca afirmó o negó y llegó el momento que hacía inminente la entrega—; abogados y voceros autorizados de las AGC por el Gobierno iban y venían de Bogotá y se reunían permanentemente con personalidades de la vida pública del país.

En julio, el entonces presidente Juan Manuel Santos, sancionó la Ley de Sometimiento a la Justicia, creyó que ya era un hecho la desmovilización de las AGC y así se lo hizo saber al país.

El triunfalismo era evidente, sectores políticos y miembros de la iglesia lo daban por hecho. Creían que esa ley cumplía con las expectativas de los herederos del paramilitarismo y la mafia.

Sin embargo, su expedición cayó como un balde de agua fría a las AGC. No había allí nada que estimulara la entrega.

Era claro que no había rebajas sustanciales y que la extradición seguía viva; esto causó la desazón que presagiaba la retirada de las conversaciones.

El Gobierno esperó hasta el último día que ellos se entregaran, pero la silla se quedó vacía.

Las AGC se retiraron argumentando que no había condiciones, pues se daba mucho y se recibía poco.

A todo esto se sumó que muchos cambios se venían presentando este año dentro de las AGC.

Afloró lo que poco se decía públicamente, pero que se rumoraba en el bajo mundo: alguien, dentro de las mismas entrañas de esa organización, estaba delatando a todos y principalmente tenía como objetivo a su cabeza máxima, alias ‘Otoniel’.

En eso se demostró el juego que se estaba gestando y era golpear publicitariamente, ya fuera con delación o sometimiento, la entrega de su máximo líder.

Era tan grave la infiltración que ya se hablaba de cuál era el plazo máximo para entregarlo: la fecha era el 6 de agosto.

Evidentemente eso no ocurrió, aunque el segundo al mando sí fue capturado el 5 de agosto, Carlos Mario Tuberquia, alias ‘Nicolás’, en una finca en el Oriente antioqueño,

La captura levantó sospechas en las redes sociales por el video que la Policía publicó y que recibió muchas críticas al considerarse que más que una captura parecía una entrega voluntaria.

Para algunos la captura de alias ‘Nicolás’ fue producto de la entrega de las coordenadas de su ubicación realizada por alguien cercano a él. Para otros, se habría entregado debido a la persecución que había sobre él y ante la inminente posibilidad de ser dado de baja por la Fuerza Pública en el marco de Agamenón II.

Luego llegó el nuevo gobierno, el de Iván Duque, que anunció la estrategia con la que enfrentará el crimen urbano rural: “El que la hace, la paga”, que empieza a desarrollarse con éxitos mediáticos como el de la captura —desapercibida para muchos—de Diego Fernando Coca, alias ‘Platino’ o ‘Invisible’. Se rumora que habría sido entregado a las autoridades por una figura importante dentro de las AGC, donde militaba.

De ser esto cierto, la delación estaría cumpliendo el papel que no pudo la Ley de Sometimiento y quedó evidenciado en las palabras del general de la Policía, Jorge Luis Vargas, quien habló de ese golpe al grupo como “un proceso muy importante de la Fiscalía General de la Nación, gracias a la colaboración de las mismas estructuras del Clan del Golfo”.

Esto podría significar que el Gobierno Nacional saliente habría facilitado y aplicado en plena negociación con las AGC, el artículo 15 de la ley de sometimiento, que permite el uso de agentes encubiertos para que se infiltren en los Grupos Armados Organizados.

Estos agentes, que pueden ser externos o miembros del mismo grupo, podrían intervenir en los sistemas de comunicaciones de la organización para ayudar a su desarticulación y así recibir beneficios judiciales.

Y así sucesivamente se siguió golpeando la estructura financiera, militar y de mandos de las AGC. Incluso el 11 de diciembre se anunció que Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue detectado y ubicado en el Nudo del Paramillo, Norte de Antioquia, y que tendría graves problemas de salud.

Con todo y esta presión militar, el 9 de diciembre apareció publicado, como el año pasado, el comunicado de las AGC donde anuncian un “cese al fuego durante las navidades de 2018”.

La declaración dice “un cese unilateral de acciones militares ofensivas, en todas las zonas del territorio nacional en donde hacemos presencia, entre el 8 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019”.

En esta comunicación no se siente la misma vehemencia de trasegar el camino del sometimiento a la justicia mostrada en el video de finales del 2017, cuando anunciaban el cese unilateral de acciones militares.

Y eso lo dejó claro otro comunicado que publicaron ese mismo día, pero con una amenaza a partir del año 2019: “Presencia en las ciudades capitales”.

El anuncio confirma que ya pasaron los años de búsqueda del sometimiento y que ahora estarán fortaleciéndose en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Montería, sitios donde han estado desde hace años, pese a la negación de las autoridades locales.

Redoblar la presencia significa obligar al Gobierno a dar un giro en su postura de omisión o negación frente al sometimiento.

En el caso de Antioquia, en subregiones como el Bajo Cauca, Nordeste y Norte el panorama no pinta bien con este anuncio, ya que confrontaciones como la que llevan con los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc podrían incrementarse, lo que llevaría a nuevos desplazamientos forzados, homicidios selectivos, masacres y el asesinato de más líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Frente al Valle de Aburrá y en especial en Medellín, el comunicado muestra con claridad en dónde redoblarán la presencia.

Ellos tienen al Bloque Sierra, en la zona centro-oriental de la ciudad y van consolidando presencia en el corregimiento de Santa Elena y la ruta del túnel de Oriente; en el occidente, están en algunos sectores de comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal y empatan con la ruta hacía Urabá, además de los corredores estratégicos que tienen allí y en el corregimiento de Altavista y San Antonio de Prado. También están en Caldas, La Estrella, al sur; y en Copacabana y Barbosa, al norte.

“Redoblar presencia” puede significar una de dos.

Primero, podrían hacer el gran pacto criminal, un nuevo Pacto del Fusil más robusto con la Oficina y las respectivas líneas que la componen: la línea 80 o mayoritaria (Alianza Criminal del Norte) y la línea 20 o minoritaria (Confederación Criminal de Medellín) lo que podría llevar a tener presencia más activa en el 80 por ciento del territorio de la ciudad y el resto del Área Metropolitana.

Segundo, iniciar la confrontación abierta con quien no se quiera someter y eso llevaría al rompimiento definitivo del Pacto del Fusil, que está activo desde julio de 2013 entre las AGC y la Oficina. Los enfrentamientos que probarían esa posibilidad se han registrado entre las bandas de la Oficina y de las AGC en el corregimiento de Altavista y parte alta de Belén.

Aquí podría jugar un papel decisivo el crimen trasnacional con rostro mexicano, que hace presencia real y no es un mito urbano. Estos podrían mediar en el gran acuerdo criminal o inclinar la balanza en una confrontación.

Viene el año 2019 y la cartografía criminal seguirá cambiando.

El fin de las AGC, la Oficina, los Caparrapos, las disidencias, entre otros, no está cerca; y eso no parecen entenderlo las autoridades locales, ni las departamentales y el Gobierno Nacional.

Nuevos escenarios de guerra urbana y rural se perfilan y en todos estos emerge el crimen trasnacional como alimentador de las estructuras criminales.

Ojalá el presidente Duque entienda que la estrategia de seguridad urbana y rural debe tener varios componentes, uno de ellos, que definitivamente no podría faltar: una verdadera ley de sometimiento o acogimiento a la Justicia.

      Periodista prueba

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