Hidroituango: un carrusel yo con yo

Si una tragedia como esta estuviere ocurriendo en otra región del país y su causante fuese cualquiera de las empresas públicas de los entes territoriales, hace rato habrían rodado cabezas.

¿Qué habría pasado con los funcionarios de cualquier otra región de Colombia si un tetramillonario megacontrato, adjudicado por ellos en una fórmula yo con yo, estuviere causando la muerte de uno de los principales ríos del país, desplazando a miles de ciudadanos y causando daños materiales por millones de dólares, tal como ocurre con Hidroituango?

¿Cuál es el teflón que recubre a la cadena de responsables de la crisis humanitaria, los desastres contractuales, ambientales y constructivos que causa Hidroituango?

Hidroituango es un proyecto que tiene como fin diseñar y construir una represa con las aguas del río Cauca en tierras antioqueñas. Los socios mayoritarios del proyecto son el Departamento de Antioquia, a través del IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) y Empresas Publicas de Medellín (EPM), empresa que pertenece y controla la Alcaldía de Medellín.

La verdad monda y lironda es que los gobernadores y alcaldes de Antioquia y Medellín, que han pasado por esos cargos mientras se ha realizado el proyecto, son los que han tenido el control del mismo y sus decisiones son las que para bien y para mal, tienen al proyecto en el estado actual.

En carta blanca, través de sus empresas industriales y comerciales, el Departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín se asociaron para construir el proyecto y decidieron auto contratar a uno de los socios para ejecutarlo: EPM. 

Empresas Públicas de Medellín es un monstruo que tiene inversiones y controla negocios de servicios públicos, producción de energía y muchos otros en varios países, su propietario es la ciudad de Medellín y es la joya de La Corona que se ciñe el alcalde de turno al elegirse como burgomaestre de la ciudad; a su vez, EPM es socia del proyecto Hidroituango. Así que tiene doble connotación, es socia y constructora.

Como las normas por las que se rigen las empresas de los dos entes territoriales son de derecho privado, la contratación del proyecto Hidroituango se realizó yo con yo y a dedo; por eso, la decisión de adjudicación de la construcción de la represa se hizo en favor de uno de los socios del proyecto y el afortunado ganador de ese baloto fue el socio EPM. 

El costo inicial se calculó en 10 billones de pesos; sin embargo, después de los errores constructivos que estamos enfrentando, se ha anunciado que el proyecto costará dos billones de pesos para hacer obras adicionales, por la catástrofe que ha generado. Por cuenta de la tardanza de entrar en funcionamiento - que los expertos calculan en tres años - dejará de recibir cuatro billones de pesos y los daños causados a la población se tasan en un billón más. 

En números redondos, el desastre contractual de Hidroituango costará al menos siete billones de pesos más de lo calculado, !media reforma tributaria! , un total de 17 billones de pesos se están enterrando en las montañas para represar el Río Cauca, billones que saldrán tarde o temprano de nuestros impuestos porque, si bien los socios del proyecto son empresas regidas por el derecho privado, pertenecen a dos entes territoriales (sin contar los daños medio ambientales producidos en todo el recorrido del Río Cauca que no tienen precio). 

Por cuenta de lo anterior, los colombianos llevamos más de nueve meses con el corazón en la mano por la amenaza a la vida de cientos de miles de ciudadanos de varios departamentos, por la irresponsable planeación, adjudicación y construcción de Hidroituango. 

En mayo de 2018 más de 25mil personas tuvieron que ser evacuadas ante el riesgo de que el -maltratado por la mano del hombre- Rio Cauca, pudiese inundar pueblos enteros como consecuencia de la mala planeación, oídos sordos a las voces que advertían la catástrofe y los defectos constructivos de la represa Antioqueña; expertos afirman que de llegar a romperse la presa, “tendrá la fuerza de 50 Armeros” y todos recordamos la luctuosa tragedia de Armero. 

Para acabar de completar, pasados nueve meses de la apresurada e imprevista primera evacuación de ciudadanos en peligro, la inundación de la sala de máquinas y la alerta roja que vivimos en 2018, ahora volvemos a estar expuestos a una nueva alerta roja. 

Esta semana presenciamos un nuevo operativo apresurado, intempestivo, que se calificó de imperativo luego de la alerta de último momento, en la que EPM afirmó que si no se cerraban las compuertas que habían abierto en la pasada crisis, estaríamos ad portas de una tragedia que costaría vidas humanas y que por lo tanto, era imprescindible hacerlo para salvar a los miles de colombianos puestos en peligro de muerte por cuenta del fracaso vergonzoso y criminal del proyecto Hidroituango. 

A partir de ese momento, impotentes, vemos en las pantallas la muerte del Río Cauca, de sus especies naturales, de las poblaciones ribereñas que parecen pueblos fantasmas; sentimos la desesperanza de miles de pescadores y habitantes desplazados que se quedaron sin hogar, sin agua, sin trabajo, sin esperanza, sin Rio, sin que nadie responda. 

No es solo Antioquia y sus habitantes los que sufren las consecuencias sociales, económicas y ambientales causado por el adefesio irresponsable levantado por el constructor, también lo hacen los habitantes de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, que son golpeados con los rigores de un contrato a todas luces mal planeado, mal construido e irresponsablemente manejado.

¿En dónde están los alcaldes y gobernadores que en un carrusel de yo con yo, irresponsablemente nos llevaron a este estado de cosas en el que el caos nos ronda un día si y otro también? 

Señores: Sergio Fajardo y Anibal Gaviria, ustedes dos que fueron Gobernadores y Alcaldes de Antioquia y Medellín, que se alternaron el poder en los dos entes territoriales, que definieron el negro destino que hoy estamos viviendo, ¿tienen algo que decir? ¿No le quieren contar al país cómo conformaron las juntas directivas de los socios de este desastre, del constructor de este proyecto que nos está destruyendo? ¿No nos quieren contar cuál es la relación del GEA, Grupo Empresarial Antioqueño con los grandes negocios de EPM, incluido Hidroituango? 

Si una tragedia como esta estuviere ocurriendo en otra región del país y su causante fuese cualquiera de las empresas públicas de los entes territoriales, hace rato habrían rodado cabezas.

A propósito: ¿el Gobierno Nacional seguirá pasando de agache, sin tomar ninguna decisión?  ¿No es hora de ir pensando en intervenir el adefesio de Hidroituango antes de que una tragedia anunciada termine siendo una realidad? ¿O es que el poderoso empresariado paisa no solamente es intocable por los grandes medios y la opinión calificada sino que también es impune al control del Estado?

      Periodista prueba

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