Tres razones por las que el atentado pone a prueba a Duque

Mientras Colombia entera rechaza el infame hecho de violencia, comienza una prueba de fuego, que probará el temple y la sabiduría de las políticas de paz y de seguridad del presidente Duque.

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En el año 2013, organizamos una reunión en la que participaron un grupo de oficiales de la Escuela de Cadetes General Santander (Ecsan) y algunos investigadores de la Corporación Nuevo Arcoiris. Una organización sin ánimo de lucro que se conformó tras la reincorporación a la vida civil de los miembros de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una ramificación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se desmovilizó en el corregimiento de Flor del Monte, municipio de Ovejas, Sucre, en 1994.

El contexto de la reunión fue la negociación de paz entre el Gobierno Nacional y la ex – guerrilla de las Farc. El tema eran los cambios que eventualmente requeriría la educación policial de cara a un eventual escenario de posconflicto en Colombia. La Policía había invitado a la Fundación Ideas para la Paz a que acompañara una reflexión interna sobre ese modelo de formación.   

El encuentro fue constructivo, pero muy duro. Se habló de los más de un centenar de asesinatos de los desmovilizado de la CRS tras la firma de la paz, del paramilitarismo, de los abusos de fuerza, de la infiltración de grupos armados al margen de la ley en algunas universidades colombianas, de los asesinatos, las amputaciones y los secuestros de miembros de la fuerza pública, de la estigmatización mutua y de las desconfianzas.

La conclusión compartida fue que la reconciliación iba a requerir, en términos de formación y entrenamiento policial, una superación de los marcos interpretativos de la guerra fría y del modelo anti terrorista, los cuales apoyan la necesidad de identificar, controlar y eliminar enemigo interno.

Se estimó que, para una fuerza de naturaleza civil, cuya capacidad de acción está relacionada con su legitimidad, era vital la superación del conflicto armado interno. Sólo esto permitiría la plena expansión de la agenda de la seguridad ciudadana por encima de las necesidades de la seguridad nacional.

Ese fue un ejercicio audaz, que fue posible gracias al lugar privilegiado de la Ecsan en la institucionalidad de la fuerza pública. Porque la Ecsan es, ante nada, una institución de educación superior que, así como la Esap, la Distrital y la Universidad Nacional, es financiada por nuestros impuestos para el beneficio de toda la sociedad.

El atentado contra la Ecsan no es un atentado sólo contra la institución policial (de la que es un elemento caro y protegido), sino contra un país que ha hecho esfuerzos por modernizar a su fuerza pública y por llevarla a los ámbitos de la innovación, el debate público y la toma de decisiones basada en evidencia. Fue un ataque a un símbolo de renovación.

Por esto y porque la mayoría de las víctimas del cobarde atentado fueron jóvenes en proceso de formación, no resta más que condenar y rechazar este acto, que, de ninguna manera, puede interpretarse como una acción de guerra.

Al escribir estas líneas, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa han hecho público el señalamiento de responsabilidad hacia el ELN, guerrilla que ha venido sosteniendo unas difíciles negociaciones de paz con el Gobierno nacinonal desde las épocas del presidente Juan Manuel Santos. Las evidencias parecen contundentes. El ELN por su parte, no se ha atribuido oficialmente el hecho.

Si esta responsabilidad se llegara a comprobar, el ELN habría cometido un error atroz e injustificable. No sólo se trataría de una acción aleve y en contravía del derecho de guerra, sino que firmaría en tinta indeleble el acta de defunción de unas conversaciones maltrechas y desamparadas.

Señala este acto tres hechos relevantes. Primero, que la tesis que defendía la derrota prácticamente absoluta del ELN y que desestimaba su capacidad de daño en las ciudades, estaba totalmente equivocada. Desde hace varios meses, frente a la crisis del proceso de paz, varias voces hemos alertado sobre la necesidad de ser más proactivos en ese empeño, sobre el supuesto de que el ELN siempre se ha debatido alrededor de la estrategia terrorista, y que en una situación de presión como la que estamos viviendo, esa sería una salida previsible.

Segundo, que el ala radical del ELN está imponiéndose sobre sus facciones más moderadas. Esta es una dura realidad, porque el proceso de paz fue una victoria precaria de quienes quisieron abrir la puerta al diálogo con el Estado, y porque el poco avance en los mismos ha alentado a los enemigos de la negociación para justificar el recrudecimiento de las acciones armadas y la inutilidad del esfuerzo de paz sostenido en La Habana. En este punto el espejo de las Farc ha venido fortaleciendo esta posición.

Y tercero, que viene un momento de decisiones muy delicadas para el Estado colombiano. En el pasado, frente a situaciones como estas, cuando el discurso y las políticas se han radicalizado y se ha privilegiado exclusivamente la solución militar, se han generado violencias selectivas y crueles, señalamientos, persecuciones y violación flagrante de los DDHH.

Recordemos que no hay cosa más difícil (incluso para las fuerzas armadas más capaces y desarrolladas) que combatir las fuerzas irregulares en situaciones de desventaja estratégica que cuentan, no solo con un extremismo ideológico sino con la capacidad de camuflarse en la ciudadanía.

Mientras Colombia entera rechaza el infame hecho de violencia, comienza una prueba de fuego, que probará el temple y la sabiduría de las políticas de paz y de seguridad del presidente Duque.

      Periodista prueba

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