El derecho operacional: la clave olvidada para entender el conflicto (ll)

Colombia y la comunidad internacional no pueden evitar concluir que la jurisdicción especial para la paz es la máxima demostración  del fracaso de la justicia colombiana para investigar, juzgar y sancionar lo ocurrido en una contienda militar.

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Imagen: El Espectador.

La guerra en Colombia ha sido ocultada o tergiversada principalmente bajo denominaciones como “orden público,” “conflicto político”, “conflicto social o  “violencia;” todo se ha metido dentro de la misma narrativa  desdibujando lo bélico. Esto incrementa la complejidad en la descripción de los fenómenos relacionados con graves infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos.

No se puede llegar a una paz estable y duradera, ni siquiera superar una etapa de postacuerdo, si se niega la guerra y no se estudian sus causas militares  y los comportamientos operacionales y tácticos de iure o de facto.  

Colombia ha sido, por ejemplo, exitosa históricamente en desmovilizar gente de las contiendas armadas pero no lo ha sido en controlar estatalmente el territorio posteriormente, entre otras por falta de enfoque geopolítico, geoestratégico y geoeconómico, por sólo citar un ejemplo.

No es un dato menor que más del 80% de las víctimas del conflicto armado de acuerdo con el Registro Único de Víctimas sean desplazados, ello demuestra un comportamiento de los actores sobre el territorio.  Este país ha sido experto para contar sus violencias pero no para entender sus guerras.

Desde una mirada jurídica para contextualizar la guerra que no acaba, Colombia ya para 1964 había suscrito los cuatro convenios de Ginebra, se contaba con una constitución que mediante una reforma de 1910 había incluido el derecho de gentes desde la perspectiva del artículo 121 de la Carta Magna que regulaba los estados de excepción y se tenían  unas Fuerzas Militares y de Policía con una regulación formal distante en ciertos temas de la perspectiva contrainsurgente que tendría que afrontar.

La presencia de Colombia en  Corea sirvió para modernizar al Ejército en otros ámbitos como por ejemplo, potencializar la inteligencia y el papel de los estados mayores, tal como describiría el General Ruiz Novoa. El  escenario descrito, sin embargo, no se constituía en obstáculo para el cumplimiento de operaciones militares, y operativos o procedimientos policiales, bajo el estado de sitio establecido por gobiernos civiles. En el ADN del militar y el policía colombiano ha estado el cumplimiento de la normatividad. No obstante la guerra es el mundo del horror y del error. Hoy no obstante el Acuerdo Final las interpretaciones  se siguen dando  desde una perspectiva casi  exclusiva de los derechos humanos, colocándose como un simple “apéndice” al DIH.

Así que al comienzo de las hostilidades con FARC, ELN y luego otros grupos armados ilegales, las Fuerzas Armadas actuaron bajo la previsión de la Constitución de 1886, con normas de estado de excepción revisadas jurídicamente por la justicia ordinaria.

Cada expresión operacional desde que comenzó el conflicto armado integra fases que tienen que ser detenidamente observadas ahora por la justicia colombiana para determinar comportamientos y responsabilidades. Militarmente hablando existen planes de guerra, planes de campaña, ordenes de operaciones y otros actos administrativos por ser la fuerza pública parte de la rama ejecutiva del poder público.

Si no se entiende este andamiaje especial, expresado profesionalmente a través de lo que se denomina doctrina el paso del posacuerdo al posconflicto será solo formal nuevamente.

El derecho militar, desde la perspectiva operacional, en consecuencia interpreta técnicamente (proceso militar de toma de decisiones, procedimiento de comando, entre otros) sí en la planeación, preparación, ejecución, evaluación y seguimiento de operaciones militares se siguieron normas internas e internacionales, entre ellas, pero no exclusivamente las relacionadas con derechos humanos y el derecho humanitario.

No hay duda que la Doctrina Damasco y especialmente los manuales del Ejército 6- 27, en ese sentido, son los mejores receptores de la concepción integral de éste tipo de enfoque jurídico cuando enseñan que el derecho operacional  “es un conjunto de normas que impactan directamente el planeamiento, preparación, ejecución y evaluación de las operaciones militares, sea en tiempos de conflicto armado, paz o estabilidad, o en el desarrollo de actividades encaminadas a hacer cumplir la ley por parte del Ejercito Nacional”.

Y aunque la definición de “derecho operacional” no existía hace cincuenta años, pretermitir, como lo hizo la justicia ordinaria, y en casos de responsabilidad estatal el Contencioso Administrativo y la Corte Constitucional, el estudio profundo de las reglas operacionales en el ámbito militar y policial dentro de la guerra interna birlaría totalmente derechos fundamentales de víctimas y comparecientes  al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

Colombia y la comunidad internacional no pueden evitar concluir que la jurisdicción especial para la paz es la máxima demostración  del fracaso de la justicia colombiana para investigar, juzgar y sancionar lo ocurrido en una contienda militar.

Como, de paso, muestra también el fracaso de las escuelas de derecho al obviar en sus currículos la enseñanza del derecho humanitario que es norma imperativa a través de sus principios y es un mandato constitucional expresado en el artículo 41 de la Carta Magna.

Pero no solo la JEP tiene el deber de conocer a fondo el funcionamiento militar y policial, lo que no se aprende de un día para otro; tiene que comprender el quehacer operacional desde lo jurídico.

Cada magistrado, fiscal, defensor, comisionado y víctima ante el Sistema, así como los medios de comunicación y la comunidad en general, tienen que entender integralmente como cumplieron las Fuerzas Armadas su misión en la guerra  bajo dos constituciones, muchas leyes y algunos actos administrativos pensados más para Dinamarca que para Cundinamarca, dependiendo, claro está,  de la posición de los gobiernos de turno.

Colombia durante el conflicto armado más largo del hemisferio aún hoy carece de una ley de seguridad y defensa, no  cuenta con un marco legal frente al uso de la fuerza y la inseguridad jurídica para proteger al pueblo colombiano frente a múltiples amenazas ha sido evidente, incluso desde el siglo XIX amen del antimilitarismo de elites descrito, entre otros, por Malcom Deas, Francisco Leal, entre otros reconocidos académicos.

Así que, en sí mismo, el derecho operacional y su estudio se constituye en una garantía de no repetición de la guerra pues incluso ayudaría a estructurar política pública sectorial en donde increíblemente se piensa y actúa como hace sesenta años.

      Periodista prueba

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