Duque: ¿De espaldas a la paz?

Lo único claro ha sido la ambigüedad con la que Duque ha manejado todo lo relacionado con la paz, y más recientemente, como debilitado instituciones y políticas claves para su implementación.

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Durante la campaña presidencial, Duque se valió de la indignación y del inconformismo que despertaba en un sector importante de la población “la paz de Santos” y la atacó duramente.

No obstante, ya posesionado como presidente, acabó comprometiéndose, por lo menos en sus discursos públicos, a continuar con la implementación del Acuerdo Final con las Farc, dada la presión internacional y el blindaje de partes sustanciales del mismo.

Además, porque muchos hechos del proceso son irreversibles, en particular, los derechos de las víctimas, y la desmovilización de los excombatientes de las Farc.

Confieso que al principio el discurso conciliador y sin espejo retrovisor del presidente Duque me dio algo de esperanza frente al futuro de la implementación. Pero el slogan de Duque: “ni trizas ni risas”, un montaje de palabras que hacían alusión a la nefasta frase de Fernando Londoño de “hacer trizas la paz” y que reflejaba la posición del sector duro del Centro Democrático, debió habernos alertado.

Más allá de su discurso mediático, lo único claro ha sido la ambigüedad con la que Duque ha manejado todo lo relacionado con la paz, y más recientemente, como ha ido debilitando instituciones y políticas claves para su implementación.

Ejemplos concretos de su indeterminación han sido su posición frente al intento de reformar, o porque no decirlo mejor, de acabar con la JEP, propuesta por el Centro Democrático; pasando por el desacertado nombramiento del director de un día del Centro Nacional de Memoria Histórica, y su notoria inasistencia a la ceremonia de instalación de la Comisión de la Verdad en noviembre pasado.

Pero la indeterminación inicial se transformó rápidamente en su decisión política de cambiar los nombres y funciones de algunas de las nacientes, pero todavía débiles instituciones para la paz.

Los ejemplos de esta metamorfosis abundan, y por ello traigo solo algunos a colación.

El Alto Consejero para el Posconflicto se convirtió en Alto Consejero para la Estabilización y el Alto Consejero para la Paz, en Alto Consejero para la Legalidad.

Las palabras paz, posconflicto y negociación se desvanecieron y fueron reemplazadas por legalidad, estabilización y sometimiento respectivamente, para mencionar solo algunas de las más importantes, mutaciones que hablan por sí mismas.

Varios ejemplos también sugieren que los cambios no son solo semánticos, sino de enfoque, en especial, en temas como la participación política, la reforma rural integral y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. 

De las transformaciones anteriores, se pasó a las demoras en la implementación de programas claves, y en los nombramientos de cargos esenciales para la construcción de la paz.

Entre las primeros existe temor entre excombatientes desmovilizados por la demora en el nombramiento y en la reactivación de los programas destinados a reincorporación a la vida civil de quienes integraron las Farc y se acogieron a los Acuerdos de Paz. Esa preocupación se agranda ante la ausencia de titulares para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que también cambió de nombre, y que antes estaba encargada de ejecutar los programas destinados a garantizar el retorno a la vida civil de los excombatientes, a través de la implementación de programas educativos y productivos.

De igual forma, entre las víctimas, que son el centro del Acuerdo Final, se está a la expectativa de que se nombre la cabeza de la Unidad para las Víctimas, todavía en manos de un encargado, quien tiene la inmensa tarea de garantizar los derechos de las más de ocho millones de víctimas registradas en el RUV, además de la delicada misión de lograr la prórroga de la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) que garantiza esos derechos.

La Comisión Nacional de Garantías, creada para hacer seguimiento al más alto nivel y asegurar el respeto a la vida de defensores y líderes sociales creada en 2017, dejó de sesionar desde el 7 de agosto de 2018 sin ninguna explicación.

Más recientemente, se han dado casos de abierta agresión contra el Acuerdo Final. Después de tres meses de debate sobre el caso Santrich, cuyo origen también es de dudosa legalidad, se perdió la carta que el Gobierno colombiano envió al Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitando las pruebas requeridas por la JEP para determinar su posible extradición. Como dice Moisés Naim en un tweet reciente, “la pérdida de la carta…es como salida de una novela”.   

Finalmente, y aunque no quería extenderme al tema del ELN, que es harina de otro costal, además de la indignación que me produce el atentado terrorista contra estudiantes y policías de la Escuela General Santander, este 1 de febrero surge un nuevo escándalo.

Algunos medios han mostrado que el Gobierno Duque borró miles de trinos de la cuenta institucional @EquipoPazGob de la cuenta de twitter que el gobierno Santos había creado para ese proceso de paz.  

Este es un hecho lamentable que además empantana los argumentos esgrimidos por el Gobierno Duque, que buscan desconocer los protocolos que Colombia, como Estado, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional frente a las negociaciones con el ELN.

Mi esperanza sobre la suerte del Acuerdo Final con las Farc durante el gobierno Duque está como el clima de la ciudad donde actualmente vivo.

 
      Periodista prueba

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