12 Propósitos para contribuir a la construcción de Paz en el 2019

Estas son algunas de las tareas más importantes para evitar que el próximo año se marchite la paz. Algunos dirán que son ambiciosas pero vale la pena esforzarse para que florezca la paz. 

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Si le preocupa, como a mí, la consolidación de la paz en el 2019, a continuación, comparto doce propósitos para contribuir a la construcción de paz. Después de haber leído el , considero que son tareas importantes para evitar que se marchite la paz el próximo año. 

A pesar de ser un listado largo de preocupaciones, este escrito no resume las 377 páginas del informe. Sin embargo, sirve de llamado de atención para que aprovechemos al máximo este tipo de insumos al momento de definir nuestros derroteros para contribuir a la construcción de paz y cerrar el 2019 con un balance mejor que en 2018.

Al finalizar el 2018, los asesinatos de miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se acercan a 100. Según el Cuarto Informe, ha habido un aumento en los asesinatos; pasaron de 8 en el informe del trimestre anterior a 13 entre agosto y octubre de 2018. Esta cifra es aterradora porque la FARC aún no ha participado en elecciones locales. El caso de la Unión Patriótica (UP) revela una similitud preocupante. Sin embargo, entre 1986 y 1988 se desató la guerra sucia; precisamente los años electorales en los que la UP salió abiertamente a participar en las elecciones locales. El 10 % de sus candidatos para las primeras elecciones populares de alcaldes (1988) fueron asesinados. La promesa del Estado, a través del gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986) de ofrecer todas las garantías a este nuevo partido para participar en la democracia, fue letra muerta en el gobierno de Virgilio Barco (1986 — 1990). No podemos permitir que se repita este horror. 

PRIMER PROPÓSITO para 2019: ayudar a desmontar la estigmatización que pone en riesgo la vida de quienes han dejado las armas para hacer política y cerrar así este largo reciclaje de violencias políticas.

 

En 2018, el Congreso recortó el 40 % del presupuesto de la Comisión de la Verdad. Es inaudito que un amplio sector de la sociedad civil no expresara un sentido repudio. , que empezó en 1958 con la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia y ha continuado hasta nuestros días, como lo revela el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas de 2015. Además, desde 2011 el Centro Nacional de Memoria Histórica —constituido primero como un grupo adjunto a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 2007— ha realizado un valioso esfuerzo de esclarecimiento incompleto aún que debe complementarse con el trabajo de la Comisión de la Verdad para construir un relato integral de las causas, los patrones y los impactos de la violencia, que incluya las voces de las víctimas y el reconocimiento por parte de los perpetradores para contribuir así a la reconciliación. Es la única forma para que la sociedad colombiana se avergüence de su pasado violento y asuma un compromiso ético para que nunca más vuelva a ocurrir. 

SEGUNDO PROPÓSITO para 2019: leer las publicaciones que haga la Comisión de la Verdad, compartirlas en las redes sociales y en espacios de diálogo; crear conciencia sobre nuestro pasado violento; ofrecer apoyo voluntario para que los Comisionados puedan cumplir su mandato.

 

En 2018 el Congreso recortó el 50% del presupuesto de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Es incomprensible que un Congreso dirigido por un partido que dice luchar contra la impunidad afecte la capacidad operativa de este ente, cuando Colombia tiene tres veces mas desaparecidos que el Cono Sur, es decir más de 82.000 víctimas. Desde el inicio de la implementación, Luz Marina Monzón, su directora, expresaba preocupación por el retraso normativo y el lento proceso para su entrada en funcionamiento. A pesar de los obstáculos la UBPD hoy tiene el 60 % de su planta contratada y está trabajando directamente con las familias y organizaciones de los desaparecidos, para así cumplir con su función humanitaria.

TERCER PROPÓSITO para 2019: crear conciencia entre actores de la sociedad civil para apoyar el trabajo de la UBPD.

 

A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el Congreso también le recortó en 2018 el 44 % del presupuesto. Los ataques a la JEP no se restringieron a quitarle recursos, también se presentaron proyectos de ley que ponen en riesgo la esencia de la JEP de juzgar con criterios de proporcionalidad diferenciada los crímenes de lesa humanidad perpetrados por todos los actores del conflicto armado. A pesar de los ataques, la JEP está cumpliendo una labor muy importante. Las audiencias públicas son transmitidas en vivo, permitiendo que los testimonios de las víctimas, como el de , se conozcan y reafirmen que hoy es posible conocer lo que pasó y encontrar fórmulas para reparar los profundos daños que nos dejó la guerra. 

CUARTO PROPÓSITO para 2019: difundir ampliamente los desarrollos de la JEP e incorporar los testimonios de las víctimas en la pedagogía de paz

 

El 2018 cierra con el incumplimiento del Gobierno Duque respecto a la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que estaba anunciada para el segundo semestre. Además, no se han registrado avances sustantivos en materia de protección y seguridad a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a pesar que gran parte de la violencia contra líderes sociales se ha focalizado en contra de comunidades étnicas. Según el Cuarto Informe, “contrario al horizonte de cambio propuesto por el acuerdo final sobre la necesidad de un enfoque de seguridad volcado hacia la dignidad humana y la generación de capacidades y oportunidades en las regiones más fuertemente afectadas por la violencia, parece configurarse un escenario donde se apuesta por viejas fórmulas de acción bajo discursos que propugnan por ‘devolverle el honor a las Fuerzas Militares’”. 

QUINTO PROPÓSITO para 2019: difundir los informes y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para proteger las vidas de los líderes sociales y cambiar el enfoque de seguridad nacional a seguridad humana.

 

En segundo semestre de 2018 no se registraron avances en los programas de guarderías rurales, de seguridad alimentaria, ni en brigadas de atención básica en salud para los cultivadores que se han vinculado al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Tampoco hay avances en la construcción efectiva de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), ni en la implementación del tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Según el Cuarto Informe, “el no avance de estos compromisos pone en serio riesgo el cumplimiento de las metas de erradicación y sostenibilidad del programa, desaprovechando las condiciones que ofrece la terminación del conflicto”. 

SEXTO PROPÓSITO para 2019: crear conciencia entre las poblaciones urbanas sobre la necesidad de apoyar reformas y programas que ayuden a crear condiciones en el campo para romper con la desigualdad estructural que mantiene el narcotráfico vivo en muchos territorios.

 

En el segundo semestre de 2018 se consolidó una visión punitiva a la solución del problema de las drogas ilícitas. Esto se observa en dos desarrollos. Por un lado, se intensificó el ritmo de la erradicación forzosa, como consecuencia ha habido manifestaciones en contra. La erradicación forzosa genera tensiones entre el gobierno y las comunidades, así como riesgos de seguridad para miembros de la Fuerza Pública, lo cual obstaculiza las labores de levantamiento efectivo de los cultivos. Por otro lado, a la par con el Decreto 1844 de 2018, que le permite a la Policía decomisar y destruir droga incautada a civiles, incluso cuando no supere la dosis mínima, se ha deteriorado el cumplimiento de compromisos orientados a la inclusión y desestigmatización de consumidores de drogas ilícitas; procesos de liderazgo juvenil y programas especiales de prevención en instituciones educativas no han iniciado. 

SÉPTIMO PROPÓSITO para 2019: iniciar una campaña ciudadana para superar la óptica punitiva que privilegia la represión como solución al problema de las drogas ilícitas. 

 

El 2018 termina con una gran incertidumbre frente a la permanencia de algunos miembros de la FARC en la vida legal. La detención de Jesús Santrich y la ausencia de Iván Márquez en el Congreso son dos símbolos de un proceso incierto de construcción de paz. Según Indepaz, el . La presencia de múltiples actores armados en los 27 Nuevos Puntos de Agrupamiento pone en riesgo la reincorporación social de más de 1.000 excombatientes. Pero, además, la priorización de proyectos productivos individuales debilita la reincorporación económica colectiva de la FARC, que es aún más incierta porque el 31 de diciembre se empiezan a desmontar los subsidios alimenticios, ya que la existencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Convivencia (ETCR) están solo garantizada hasta agosto de 2019.

OCTAVO PROPÓSITO para 2019: visibilizar los proyectos productivos de algunas ETCRs, comprar sus productos y promover un consumo ético que apoye la reconciliación.

 

El 2018 cierra con un balance negativo en cuanto al enfoque de género. Por una parte, la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación no cuenta con los recursos suficientes para su funcionalidad a nivel territorial. Esta situación está llevando a que los proyectos productivos colectivos e individuales no incluyan el enfoque de género. Por otra parte, a pesar que el decreto 1418 de 2018 creo la Comisión Intersectorial para la Incorporación del Enfoque de Género (Alta Instancia de Género del Gobierno), ésta no ha iniciado labores y hasta el momento no ha establecido comunicación con la Instancia Especial de Género. Además, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer está en mora de entregar el documento de lineamientos para la transversalización del enfoque de género, que según el Plan Marco de Implementación debe entregarse antes de finalizar este año. 

NOVENO PROPÓSITO para 2019: realizar eventos públicos sobre el estado de la implementación del enfoque de género para pensar en acciones de incidencia y en alternativas de financiación.

 

El 2018 finaliza sin un derrotero claro de lo que va a ser la implementación de la Reforma Rural Integral. Los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral son definitivos para dotar de bienes públicos a la población rural para que pueda acceder a sus derechos sociales, al no iniciarlos se perpetúa la situación de desigualdad y vulnerabilidad y la brecha social existente. El esfuerzo del Gobierno Duque ha estado enfocado en redefinir el rol de la Alta Consejería para el Posconflicto, que bajo la dirección de Emilio Archiva ha hecho un balance del estado de la implementación y propone una reestructuración enfocada en la estabilización.

DÉCIMO PROPÓSITO para 2019: hacer seguimiento a la Alta Consejería para el Posconflicto para que cumpla con armonizar la implementación de aspectos de la reforma rural Integral con aspectos de la solución integral al problema de drogas ilícitas.

 

El 2018 cierra con poco avance en el tema de mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa como las Circunscripciones Especiales de Paz, las cuales se hundieron por segunda vez en el Congreso. Estos desarrollos que impiden la promoción de la participación electoral, sumados al proyecto de Ley Estatutaria 10 de 2018, que en vez de promover el pluralismo político regula la forma en que los partidos políticos ya constituidos podrían presentar listas a cuerpos colegiados en formatos de coalición, revelan el panorama desolador.

UNDÉCIMO PROPÓSITO para 2019: mantener la incidencia de organizaciones de la sociedad en el Congreso para consolidar una renovación democrática que  impulse nuevos liderazgos políticos.  

 

Finalmente, en el Presupuesto General de la Nación de 2019 no se incluyó un apartado específico para la paz y la implementación del acuerdo final, lo que dificulta el seguimiento a los recursos destinados para cumplir con los compromisos del acuerdo. Además, la inexistencia del Plan Plurianual de Inversiones establecido en el acuerdo ha impedido conocer los costos y los gastos asociados a la implementación del acuerdo final, razón por la cual no hay claridad sobre los montos necesarios para su financiación, y varios políticos y figuras del gobierno citan cifras a su gusto promoviendo desinformación e incertidumbre. Por último, las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 — 2022 muestran un cambio profundo, en vez de enfocarse en la implementación del acuerdo final, enfatiza la estabilización en los 170 territorios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, el acuerdo de paz va mucho más allá y debería tener un acápite especial en el PND, para cumplir lo que establece el Acto Legislativo No 2 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional, y que obliga a este gobierno y a los próximos dos (hasta 2030) a implementar el acuerdo. Estas ambigüedades en cuanto a la financiación del acuerdo final van acompañadas de una nueva narrativa "", que de manera subliminal disemina la idea de que el presidente de manera generosa está reincorporando criminales a la sociedad. 

DUODÉCIMO propósito para 2019: exponer las ambigüedades del Gobierno Duque en escritos y conferencias para que la sociedad tenga elementos de juicio para evaluar el desempeño de este gobierno y para que defienda su derecho a vivir en paz.

 

Algunos dirán que son 12 propósitos ambiciosos, pero vale la pena esforzarse por ellos, para no dejar morir el sueño de ver florecer la paz.

      Periodista prueba

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