10 cosas que podrían ocurrir con la paz bajo el gobierno de Duque

Una mirada más a fondo revela que unas partes del Acuerdo están más seguras que otras, que al Uribismo le convendría implementar muchas de ellas y que no hay mandato claro para acabarlo.

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Por las posiciones de Duque y su partido, más el liderazgo poco sutil del ex presidente Uribe, muchos tienen miedo de que el acuerdo de paz con las Farc se quede en el papel. Algunos temen que con el uribismo volvamos a la guerra de hace una década e incluso que regresarán las graves violaciones de derechos humanos como los falsos positivos.

Pero una mirada más a fondo revela que unas partes del acuerdo están más seguras que otras, que la presión política para seguir implementando partes claves del acuerdo podrá ser bastante efectiva (es más, ya lo ha sido) y que Duque no ha recibido un mandato político claro de acabar con el acuerdo de paz.

Desde International Crisis Group, en un reciente informe, hemos identificado varios posibles escenarios:

 

  1. No volveremos a la guerra como en tiempos de Uribe

A pesar de los miedos de muchos colombianos, la posibilidad de volver a la guerra al estilo del gobierno de Uribe es esencialmente nula.

La Farc tendría que volver a coger las armas, con la desventaja de que sus miembros ya fueron identificados. Esencialmente tendría que deshacer el proceso de dejación de armas.

Volver a la represión que se dio bajo Uribe es otro escenario, pero tampoco será así.

La legitimidad y el contexto políticos del gobierno de Duque son bastante diferentes a los de su jefe político como para volver a la violencia del pasado. En 2002 y 2006, Uribe ganó en primera vuelta con un mandato de buscar la derrota militar de las Farc con pleno apoyo de los Estados Unidos, y su legitimidad permitió que varios escándalos tuvieran efectos políticos mínimos, incluso el de los falsos positivos y una desmovilización paramilitar imperfecta.

Duque no llega con ese mandato ni con el mismo nivel de poder.

Ganó con el 54 por ciento en segunda vuelta y tendrá que enfrentarse a una sociedad civil e izquierda fortalecidas, y que ejercerán una fuerte presión para que se cumpla el acuerdo de paz con las guerrilla.

La comunidad internacional que apoyó fuertemente a Uribe por varios años tendrá una agenda de paz distinta que la que propone Duque. Además, hay consenso entre la Farc, la comunidad internacional, los colombianos y el mismo uribismo que volver a la violencia simplemente no es una opción.

Para el Centro Democrático ser el movimiento que haga que la guerra resurja no es un costo político que esté dispuesto a pagar.

 

  1. El Centro Democrático podría radicalizarse frente a la paz

Aunque el que llegó a la presidencia es Iván Duque, en realidad lo que pasó es que el uribismo volvió al poder de la mano de su líder Álvaro Uribe.

En el uribismo no hay una sola línea de pensamiento: hay voces más “centristas” como la de Duque, pero otras más radicales como la de Alfredo Rangel o José Obdulio Gaviria.

Aunque Duque ganó las elecciones con un tono más suave que el de las alas radicales del partido, la base del Centro Democrático, el mismo Uribe y las dinámicas internas del partido hacen que sea probable que las posiciones tomadas frente a la paz en los próximos cuatro años sean más radicales que las propuestas de campaña.

En el Centro Democrático no hay quién jale a Duque hacia el centro. El presidente electo recibirá una gran presión para que haya más línea dura.

Sin embargo, el Centro Democrático tendrá que tener cuidado sobre qué puntos, cómo y cuánto se radicalizará frente a la paz.

Lo que Duque dijo en campaña puede utilizarse para presionarlo y que no gire más hacia el incumplimiento del acuerdo. Pero las dinámicas mismas del balance de poder político y de la opinión pública pueden servirle de justificación para tomar posiciones más o menos radicales; estos cálculos políticos temporales son imposibles de predecir en detalle desde ya, pero en su momento habrá que tenerlos en cuenta.

 

  1. La sociedad civil tendrá que movilizarse pero también tender puentes

Ya muchas personas que votaron por Petro han anunciado que harán parte de la resistencia frente al gobierno del uribismo.

Hacer uso del poder generado por la votación del ex alcalde de Bogotá será clave si quieren defender el acuerdo de paz en los próximos cuatro años. El riesgo que se puede correr es que por quedarse en la resistencia, desaprovechen otras estrategias que pueden servir para mantener el acuerdo intacto.

Habrá que explicarle a Duque y al Centro Democrático que varias partes del acuerdo que rechazan pueden ser de su interés.

Duque ha tomado posiciones firmes frente a Justicia Especial para la Paz (JEP), como que los militares no deberían tener que aparecer ahí. Sin embargo, hay más de 1.800 miembros de la Fuerza Pública cuyos casos están en estudio por la JEP y alrededor de mil ya han salido de la cárcel.

Mandar a los militares a una corte especial donde lo más probable es que tengan sentencias más suaves que incluso en la misma JEP puede llamarle la atención a la Corte Penal Internacional, quien ya tiene a Colombia en su mirada por posible impunidad para algunos altos oficiales de la Fuerza Pública por los falsos positivos.

Para Duque puede resultar políticamente menos riesgoso apoyar más a la JEP, en vez de tratar de ganar puntos políticos con los militares a cambio de su resultante inseguridad jurídica.

Si no hay puentes entre el gobierno y la sociedad civil que está a favor del acuerdo de paz, convencer al nuevo presidente y a su partido será casi imposible.

 

  1. La reincorporación seguirá, pero con los mismos desafíos

El Centro Democrático, desde Duque y Uribe, ha dicho que la reincorporación para la base política de la guerrilla seguirá implementándose.

Sin embargo, este proceso ya ha sufrido varios problemas que el próximo presidente tendrá que abordar, y no está claro cómo lo hará.

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) no ha creado un programa marco para la reincorporación, aunque está en proceso de diseñarse. El gobierno y los líderes de la Farc han tenido constantes desacuerdos sobre cómo se debería ver esa reincorporación – si debe ser más individual o más colectiva – y el nuevo gobierno podrá enfatizar lo individual, lo cual hará que el CNR siga sin funcionar efectivamente.

Pero hay un problema más serio con el CNR: ahí se sientan líderes de alto nivel de la guerrilla, y el nuevo gobierno podrá querer acabarlos o simplemente no participar.

Será necesario seguir trabajando con ellos, pues es fundamental contar con la cohesión de la Farc para que la reincorporación sea exitosa y los guerrilleros dejen de dispersarse en varias partes del país donde su proceso de transición a la vida civil podrá estar en riesgo.

Negar incluir a los líderes de la ahora extinta guerrilla en el diseño e implementación de la reincorporación podrá ser importante políticamente para el uribismo pero no ayudará a superar los problemas existentes del proceso.

 

  1. La JEP y la participación política estarán más seguras que lo anticipado

Hace pocos días, el Centro Democrático logró aplazar el voto sobre la ley del procedimiento de la JEP, la cual hace falta para que la justicia especial funcione totalmente.

Sin embargo, es una estrategia que no es políticamente viable para el uribismo más allá del 7 de agosto.

La presión de todos los frentes hará que la JEP tenga que aprobarse y respete los derechos de las víctimas. Esta presión puede ser internacional, vieniendo desde la Corte Penal Internacional, hasta movimientos de derechos humanos, expertos en justicia transicional y gobiernos y embajadas que promueven la paz de Colombia y/o han invertido directamente recursos en la JEP. Pero tamibén puede ser una presión doméstica, de organizaciones de víctimas, de sociedad civil y la opinión pública incluso..

Vale la pena recordar lo que pasó con Uribe y la desmovilización paramilitar. En la ley de “alternatividad penal” que su gobierno presentó en 2003 los derechos de las víctimas estaban completamente ausentes.

Sin embargo, la presión política nacional e internacional hizo que la Ley de Justicia y Paz de 2005 tuviera en cuenta directamente los derechos de verdad, justicia y reparación, la cual fue fortalecida aún más por la Corte Constitucional en 2006.

Acabar con la JEP o no dejarla funcionar completamente no podrá resistir los mismos niveles (o mayores) de presión política que los de hace 15 años.

 

  1. La reforma rural podría ser más una contra-reforma rural

Duque ha propuesto acabar con las instituciones creadas por el acuerdo de paz para implementar la reforma rural, la cual representa cambios necesarios para que la desigualdad del campo se vaya disminuyendo y los campesinos puedan gozar de mejores condiciones de vida.

Acabar con la Agencia Nacional de Tierras, encargada de la titulación de tierras para los campesinos, o con la Agencia de Renovación del Territorio, que está llevando a cabo las reuniones participativas con comunidades para crear los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDETs), truncará procesos importantes de cambio en el campo colombiano e invertirá los esfuerzos de mejorar la relación históricamente de desconfianza entre campesinos y gobierno.

Pero el Centro Democrático también propone fortalecer la agroindustria con el fin de que ésta le dé empleo formal al campesinado.

Una política de esta índole – combinada con el debilitamiento de la titulación de tierras – representaría un giro hacia el fortalecimiento de desigualdad altísima en acceso a tierras que ha plagado la Colombia rural por más de doscientos años y ha sido la causa y el combustible del conflicto armado e incluso de los cultivos de coca.

Es de esperar una política de tal sentido dado que buena parte de la base política de Uribe es la élite terrateniente rural de varias regiones del país.

 

  1. La sustitución de la coca se debilitará fuertemente

Dado el probable aumento de cultivos de coca entre 2016 y 2017, más la presión del gobierno de Trump de reiniciar un política más coercitiva frente a la coca, incluyendo volver a la fumigación aérea, el programa de sustitución estará bastante vulnerable bajo un gobierno uribista.

Aunque la propuesta oficial de Duque es volver obligatorias la sustitución y la erradicación – esencialmente lo que se dice en el acuerdo de paz (aunque parece que Duque no cree que sea así) - la falta de progreso en la sustitución hará que sea más fácil tomar una posición más radical.

Es probable, por ejemplo, que comunidades que solamente han firmado acuerdos colectivos de compromiso con el programa de sustitución, pero que no han empezado con su implementación, como en Argelia, Cauca, sean blancos de erradicación forzada.

El incumplimiento del programa de sustitución, bien sea al no proveer la asistencia técnica que promete, al priorizar la erradicación y/o no darle la financiación suficiente (con la cual todavía no cuenta), dañará la relación entre el Estado y los cocaleros por lo menos durante una generación.

Este incumplimiento será un hito en su memoria colectiva y fortalecerá sus peores preocupaciones. Solo hay que pensar en el bajo Putumayo que lleva más de 20 años exigiendo el cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos firmados en 1996; otro caso igual podría ser fatal.

 

  1. Las disidencias se fortalecerán políticamente

Hoy en día hay alrededor de 16 grupos disidentes de las Farc en varias partes del país. Aunque en Crisis Group, igual que en otras organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz, hemos identificado varias motivaciones de estos grupos – desde lo económico, lo ideológico y lo organizacional – todos, desde los llanos hasta Nariño e Ituango, argumentan que el Estado no va a cumplir con la implementación del acuerdo de paz.

Si las propuestas de Duque tal cual como están, o más radicales como podría terminar siendo, se vuelven realidad, estos grupos armados dirán que tenían razón y podrán fortalecerse políticamente frente a las comunidades donde operan.

Además, podrán actuar como polos de reclutamiento de ex guerrilleros que llegan a la misma conclusión. Aunque existe el argumento (demasiado simplista desde la visión nuestra) que estos reclamos de las disidencias son solamente fachadas para sus intereses económicos, no implementar el acuerdo hará que pasen de actores económicos a unos con un discurso político legítimo.

También incumplir con el acuerdo de las Farc mandará un mensaje claro al ELN y al Clan del Golfo de que el Estado colombiano no es un socio confiable de negociación y por lo tanto podría ser mejor seguir en armas.

 

  1. El Estado difícilmente llegará a la otra Colombia para quedarse

La seguridad bajo el urbisimo será prioridad, y propone volver a llevar a cabo una versión actualizada del plan de consolidación territorial, de llevar el Estado a los territorios después de un esfuerzo militar importante.

Este plan tuvo varias dificultades tanto en terreno como a nivel institucional y no logró sus objetivos durante el segundo gobierno de Uribe y el primero de Santos. Este plan bajo Duque tendrá que enfrentar un reto adicional: la actitud del propio gobierno frente al acuerdo de paz.

Construir Estado en lugares donde el gobierno ha entrado debilitando o quitando los programas relacionados con el acuerdo de paz será extremadamente difícil porque cualquier legitimidad que se haya logrado construir se habrá perdido.

Que el Estado tome control civil del territorio requiere de la participación y colaboración de las comunidades, quienes no querrán hacerlo mientras sus expectativas de paz se disuelven al mismo tiempo.

El acuerdo de paz, debería entender Duque, es la extensión del Estado de que él mismo y su partido hablan; quizás no es el Estado exacto que quisieran, pero refleja más el que se necesita.

 

  1. Las fronteras seguirán sufriendo la violencia

La crisis migratoria de venezolanos entrando a Colombia en condiciones deplorables; el aumento de violencia por el conflicto entre grupos armados en el Catatumbo; la presencia fuerte y la criminalidad descarada por Guacho y su Frente Oliver Sinisterra en Nariño; el crecimiento de disidencias en Arauca, Putumayo, Guainía, Vaupés y Vichada serán retos enormes para el próximo gobierno.

La violencia en las zonas fronterizas de Colombia sigue siendo alta, compleja y devastadora para muchas comunidades. Aumentar el pie de fuerza, lo cual será probable bajo Duque, ha mostrado que no es siempre una opción confiable: en Tumaco y Nariño se han hecho varios incrementos de efectivos de la Fuerza Pública y la violencia sigue aumentando.

Mejor control satelital puede ser una propuesta interesante pero no necesariamente se traduce en una mejor capacidad de actuar ni en una acción lo suficientemente disuasiva como para afectar las actividades ilícitas que ocurren en las zonas de frontera.

Con base en la experiencia del negocio del narcotráfico, se puede argumentar que este tipo de aumento en el riesgo de participación en tráficos ilegales termina haciendo parte de los mismo cálculos económicos y operacionales de los traficantes y tienen poco impacto en el largo plazo en la rentabilidad de los negocios ilícitos.

      Periodista prueba

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