Modernizar el sector TIC o paternalismo de urgencia

El 19 de septiembre el Ministerio TIC radicó el proyecto de Ley de Modernización del Sector TIC. No pasarán 3 meses y, a menos que suceda algo muy inesperado, la ley quedará aprobada. Será un preciado regalo de Navidad del Congreso para Duque.

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*Con la colaboración de Victor Saavedra

 

Separar el contenido: ¡Divide y vencerás!

Colombia lleva años discutiendo cómo modernizar el sector TIC y, sobre todo, cómo adoptar el modelo de convergencia para reflejar que la llegada de Internet hace imposible tratar el espectro, la infraestructura y los contenidos como compartimentos separados y que se necesita pensar el sector transversalmente porque cada vez se mezclan más.

Han sido años de debates extensos, complejos e infructuosos, en los que se han enterrado varios proyectos de ley. Aunque tecnología y prácticas son cada vez más convergentes, nuestra sociedad no lo es. En Colombia no solo los modelos pre-internet siguen siendo importantes, además seguimos pensando en cada cajón como algo separado. Las discusiones no son convergentes, siguen siendo pre-internet.

Por eso seguramente el Gobierno Duque decidió no hablar de frente de la convergencia, sino que se enfocó en modernización de infraestructura para cerrar la brecha digital. Esta estrategia hace que el proyecto toque lo menos posible la capa de contenidos y comunicación. Se habla de TV pública --que fue la que abortó el último proyecto de Santos--, pero basta, ¡Nada más!

Muchos no entienden cómo se puede modernizar el sector sin hablar de pluralidad de medios, de libertad de expresión, de contenidos, del poder mediático, etcétera. Quedan desconcertados cuando a sus preguntas y cuestionamientos en esos temas la respuesta es el mantra, ¡vamos a conectar a los colombianos y vamos a hacerlo bien!

Al separar de la discusión la capa de contenidos y comunicación, el Gobierno busca quitar ruido. Con esa decisión intenta dejar de lado la discusión sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos --promovidos por Unesco y por la propia OCDE-- y así marginalizar del debate la discusión que tiene más críticos, incluso lograba aislar a quienes no comparten las decisiones sobre TV pública.

Si la estrategia funcionó, lo sabremos en los próximos días. Eso sí, la fiesta podría aguarse con el escándalo que se armó en Twitter el viernes pasado cuando Santiago Rivas denunció que RTVC saca de la parrilla del canal (dejándolo en Internet) las repeticiones de la cuarta temporada de “Los puros criollos” el mismo día en que él participó de un programa de la Pulla criticando el proyecto de ley, el mismo día que la directora de Señal Colombia renunció y retiraron a más de 20 contratistas.

Ahora bien, con el fin de movilizar el debate esta estrategia puede no estar mal --pues separa dos experticias que en Colombia están compartimentadas--, lo malo es que no se hizo de manera transparente.

El Gobierno tendría que haber explicado que la discusión se haría en dos tiempos, con la transversalidad de lo convergente; primero la infraestructura para solucionar el problema de inversión en el sector y la evidente brecha digital, y luego el contenido y la comunicación que suponen también sus propias e importantes preocupaciones.

En todo caso, eso no lo exime de hacer cruces necesarios. Los impactos de la tecnología no pueden analizarse tan solo en claves de lo técnico, requieren miradas de derechos humanos, y hay muchos temas que son difíciles de separar por capas. La composición, facultades y otros asuntos que se definan para la autoridad única del sector, tanto como los plazos de concesión del espectro, importan a unos y a otros, por ejemplo.

Pero el Gobierno ni explica su estrategia ni da tiempo. Para el Gobierno ya basta de debates pues la discusión lleva años, lo que es una verdad a medias. La mayoría de las discusiones de los últimos años han sido sobre contenidos y comunicación --eso que ahora está fuera de la mesa--, y si el debate va a ser sobre infraestructura, la versión de Duque no es la de Santos, no explicó las diferencias ni las justificó con base en el trabajo que hicieron con OCDE y Unesco. Además, el Congreso actual acaba de estrenarse. De la visión de Duque apenas llevamos hablando tres meses.

En el debate del 4 de diciembre en sesiones conjuntas de las comisiones sextas, congresistas de diferentes partidos llamaban a la calma. La modernización del sector TIC debe hacerse bien precisamente porque hay urgencia, decían. No solo se necesita un estudio profundo y sosegado de la cuestión, sino también la consulta con la ciudadanía, incluidos los distintos sectores y las distintas regiones.

¿Por qué no discutirlo ampliamente de modo que se evalúen los diferentes modelos?, Nadie duda que para Colombia esta ley es prioritaria, la conexión debe llegar a todas partes y debe hacerse bien. Lo que no se entiende es ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué activar el trámite de urgencia?

 

La visión paternalista de urgencia

La Ministra Sylvia Costaín explicaba el 4 de diciembre día que le costaba dormir porque hay más de 20 millones de colombianas y colombianos al otro lado de la brecha digital y eso nos obliga a actuar ya mismo, cerrar la brecha no da espera.

Sin embargo, mientras se debatía cuántos desayunos y encuentros se habían realizado con el Ministerio TIC, los gremios o televisiones regionales, surgían más preguntas ¿con cuántos de esos 20 millones, cuya desconexión le quita el sueño, ha hablado la Ministra? ¿cuántos han llegado a la capital para ser escuchados en audiencia pública? ¿cuántos han usado o accedido a las informaciones e instrumentos de participación online que juiciosamente habilitó el Ministerio en su web? La conclusión no puede ser otra que la de afirmar que estamos frente a un caso de paternalismo de urgencia donde escuchar no es la prioridad.

Así con las mayorías pro-gobierno y el retiro de la oposición de la sesión el 6 de diciembre el proyecto de ley fue aprobado en comisiones conjuntas y, a menos que suceda algo inesperado, pasará en lo que queda del año con las mayorías pro-gobierno en las plenarias apoyados por los gremios que despliegan las infraestructuras --los mismos que con razón están cansados de la discusión de contenidos y comunicación mientras esperan las nuevas reglas para su nueva realidad--.

En el camino el problema es que el paternalismo de urgencia le quita legitimidad pues muchos quedan descontentos sin poder tramitar sus cuestionamientos al proyecto de ley, la mayoría no entendió lo que se aprobó.

 

Pero, ¿podrá la propuesta del proyecto conectar a Colombia y hacerlo bien?

El proyecto de ley no solo ha olvidado a los colombianos en las formas, sino también en el fondo porque en la realidad la ciudadanía no está sentada esperando a que alguien llegue a conectarla y a ofrecerle los contenidos.

La visión del proyecto de ley de la infraestructura que conectará a Colombia bien, es que la brecha digital la van a cerrar promoviendo la inversión en la última milla, es decir, que las empresas inviertan en infraestructura para conectar a las poblaciones más apartadas y abandonadas. En esa línea si no prohíbe, sí desconoce cualquier otro modelo.

Esa visión no es real. En todo el mundo el reto es conectar la última milla, por todos lados hay lugares a los que el mercado no llega no por falta de protección de la inversión, sino porque sencillamente no es negocio y no se trata de obligar a las empresas --que se basan en rentabilidad-- a que se quiebren.

Es un tema de mercado, donde hay beneficio hay oferta (como en las ciudades). Pero ¿qué pasa en lugares donde hay poca población o la población que hay no puede pagar? Para cerrar la brecha digital hay que facilitar la entrada a las redes comunitarias y a los operadores pequeños. Su inversión también debe ser protegida y promovida por el Estado. Ellos son los que van a cubrir lo que los grandes operadores no van a hacer, porque para ellos la última milla es su primera milla, es la que les importa, es donde viven.

Además esa visión del proyecto de ley tampoco es precisa. Precisamente porque la capacidad generativa y disruptiva de las TIC, hace que los propios usuarios pueden producir con ellas cambios inesperados, cambia su condición de usuario/consumidor por activo participante y debería obligar a repensar un diseño legal más amplio.

En la visión del proyecto de ley faltan actores pequeños como las redes comunitarias que la Internet Society define como “la infraestructura de telecomunicaciones implementada y operada por un grupo local con el fin de satisfacer sus propias necesidades de comunicación. Son el producto de personas que trabajan mancomunadamente, combinan sus recursos, organizan sus esfuerzos y se juntan para achicar la brecha de conectividad y cultural.”

Esta es una realidad que reconocen en sus marcos legales países como Argentina o México y que entidades como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL que es parte de la OEA) recomiendan tener en cuenta en las regulaciones, en el desarrollo de políticas públicas.

En Colombia en cambio su invisibilidad es tal que el Ministerio TIC, las confunde con los canales de televisión comunitaria y, ante la pregunta de un ciudadano, sus respuestas sobre la presencia de las redes en el proyecto se limitan a afirmar que éstas “caben” en algunos de los nuevos conceptos del mismo donde se privilegia el aspecto social.

Esta es la pesadilla que no nos deja dormir, que 20 millones de personas en el país no están conectadas, y esas comunidades que enfrentan la brecha digital no están empoderadas, que a las adversidades que enfrentan por su lejanía y abandono, deben sumar el paternalismo que les pide que aunque el tema es urgente ellas son los que deben esperar.

 

Cooperar como modelo para Colombia

La apuesta para conectar a Colombia y hacerlo bien, debería ser que el Ministerio reconozca y promueva también a pequeños actores del ecosistema, como las redes comunitarias.

Debería asegurarse de que la ley incluya las flexibilidades necesarias para que accedan a todas las herramientas que les permita conectarse, sobre todo que puedan acceder y usar el espectro regulado de acuerdo con sus capacidades. Si las reconoce puede desarrollar para ellas programas de promoción e incentivos, podrá proteger la inversión que ellas ya hacen.

No hacerlo las mantiene invisibles. Esas comunidades ya pelean para tener servicios básicos --como la energía eléctrica que damos por sentada en las ciudades--, y nadie, ni el Estado, les facilita la conectividad.

Mientras en Bogotá se aprueba una ley cuya visión es que los operadores cierran la brecha, en Brasil se reunió CITEL la semana pasada y discutieron cómo la estrategia de cierre de la brecha digital debe ser de cooperación, con toda la tecnología disponible (satélite, banda ancha, 5G, etcétera) y todos los diferentes actores aportan su parte, incluídas las redes comunitarias. En los documentos que discutieron se mencionan elementos mínimos para los marcos regulatorios que visibilicen las redes comunitarias, la necesidad de habilitarlas y de asignarles espectro y licencias para operar.

En esta visión la función de la ley es la de evitar la concentración del espectro para controlar oferta, es facilitar la cooperación y ser flexible de modo que se pueda satisfacer la demanda. Este debería ser nuestro modelo, pues el artículo 75 de la Constitución obliga a que la ley garantice igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro.

 

¿Qué está ocurriendo entonces?

Un proceso legislativo que se caminará de modo distinto según quién eres: si eres un gran operador radiotelevisivo o de Internet te reunirás con la Ministra, con congresistas y serás escuchado en audiencia pública; si eres uno de esos 20 millones, quizá estés muy lejos para llegar hasta el salón Boyacá del Capitolio; si eres grande, tuyo es el protagonismo de cerrar la brecha digital; si eres pequeño, esperar toca; si eres grande, el marco legislativo reconoce tu existencia y facilitará tu labor de cierre de la brecha digital; si estás en la última milla creando una red y tus contenidos, no existes para la Ley, así que no se te facilita contribuir a la equidad en Colombia.

El problema de la visión de Duque para la infraestructura, reflejada en este  proyecto de Ley, no es su intención, que es loable, no es siquiera la brecha digital, es la brecha social y la forma como una y otra vez se le invisibiliza.

Ministerio TIC usa etiquetas como #MásTICmásEquidad #MásParticipaciónMásTIC #MásParticipaciónMásEquidad,  pero todavía les falta llenarlas con más contenido.

Esta es una oportunidad de oro para modernizar, de verdad, la infraestructura para el Sector TIC. Estamos seguros que si se aprovecha, los colombianos y colombianas sumando esfuerzos con los diferentes operadores y el gobierno se conectarán para que todos y todas podamos dormir en paz.

 
      Periodista prueba

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