Transparencia en Bogotá: cuando cumplir la ley no basta

Aunque el Distrito dispone canales para denuncias de corrupción, no existen medidas de protección a los denunciantes.

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A los bogotanos les duele la corrupción. Los recientes escándalos han aumentado la grieta entre las instituciones y la ciudadanía, incrementando la desconfianza y la baja credibilidad en la gestión pública.

Y aunque el recién divulgado Índice de Transparencia de Bogotá (ITB) no evalúa hechos de corrupción ni su percepción, sí tiene como objetivo identificar riesgos de corrupción a partir de fallas institucionales en la gestión administrativa, utilizando información suministrada por las entidades evaluadas.

Esta es la primera medición que se hace en el Distrito. Transparencia por Colombia la realiza desde 2002 a entidades nacionales; desde el 2003, a departamentales, y desde el 2004, a municipales.

La Alianza entre la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio, ProBogotá–Región y Transparencia por Colombia fue la encargada de medir el ITB para establecer una línea base para el Distrito en materia de transparencia.

La metodología se construye con parámetros para medir el cumplimiento de las leyes y las normas nacionales y distritales vigentes, que son clave para la transparencia, además de las convenciones internacionales suscritas por el Gobierno.

Las 34 entidades evaluadas obtienen un promedio de 68,7 puntos sobre 100, superior al promedio de 68,2 que obtuvieron las entidades nacionales en el periodo 2015–2016, y aún más con respecto a las alcaldías (56,8) y a las gobernaciones (61,4). (Las entidades que obtienen calificaciones cercanas a 100 se encuentran en menor riesgo de corrupción).

Transparencia en Bogotá: cuando cumplir la ley no basta_7Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital.

 

¿Cómo queda el mapa de riesgos de corrupción en el Distrito?

En esta primera medición, ocho entidades quedaron en riesgo moderado, 20 en riesgo medio y 6 en riesgo alto. Ahora, más allá de cuáles quedaron en cuál posición, es importante profundizar sobre las conclusiones a partir de análisis transversales.

A continuación podemos observar cuáles indicadores que hacen parte del ITB quedaron en cuál nivel de riesgo. Es decir, haciendo el promedio del indicador para las 34 entidades, permite clasificar los indicadores en niveles de riesgo como se observa a continuación.

Transparencia en Bogotá: cuando cumplir la ley no basta_8Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en TPC (2018).

Al revisar los resultados en cada uno de los indicadores, se puede evidenciar que un tema central como la gestión contractual, que tanto ha afectado a la ciudad, refleja avances para blindar estos procesos y mitigar los riesgos porque su riesgo promedio es moderado.

El ITB evaluó la organización institucional para hacer una adecuada planeación de la contratación (89,6), así como dos temas centrales en el proceso contractual: pluralidad de oferentes (98,1) y ejecución del presupuesto de gastos (87,9). Esto evidencia un esfuerzo por adelantar procesos contractuales más abiertos, el 98% de las entidades adelantaron licitaciones públicas con más de dos proponentes, y en promedio hubo 21 proponentes en esta modalidad.

Otro tema central para la lucha contra la corrupción es generar condiciones adecuadas para el acceso a la información pública. Los indicadores relacionados con divulgación de información y promoción del control social, se encuentran en riesgo moderado, es decir se tienen avances importantes en la promoción del derecho de acceso a información pública y en ejercicios de participación ciudadana.

En cuanto a la gestión del talento humano, el reto del Distrito está en avanzar en los procesos de mérito (17,4) y procesos de evaluación del desempeño (56,5). Es urgente fortalecer la supervisión de contratos (68,2).

El ITB evalúa no sólo el cumplimiento de normas nacionales y distritales, sino que permite detectar condiciones y buenas prácticas en transparencia. Dentro de las políticas y medidas anticorrupción, las entidades públicas deben elaborar Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), que además de establecer el mapa de riesgos de corrupción plasma la estrategia anual de la entidad en temas de rendición de cuentas, servicio al ciudadano, antitrámites y acceso a información pública. En el ITB, las entidades evaluadas obtienen un promedio de 82,6 puntos en la elaboración de esos planes, pero al momento de revisar su coherencia con el diagnóstico y contenidos solo obtienen 72,1. La gran debilidad es que las entidades no establecen recursos económicos o logísticos para su implementación.

En cuanto a buenas prácticas en políticas y medidas anticorrupción, indicador que en promedio se encuentra en riesgo alto con un promedio de 54,5, sólo el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Hábitat tienen adoptadas políticas internas en transparencia o anticorrupción, y declaraciones de conflictos de intereses y de bienes y rentas.

En gestión de denuncias de corrupción, el Distrito obtuvo un promedio de 59 puntos ubicándose en riesgo alto, aunque las entidades disponen de algún canal para denuncias de hechos de corrupción no existen lineamientos o medidas de protección a los denunciantes. Sólo tres entidades tienen lineamientos y directrices de protección al denunciante.

La evaluación en comportamiento ético arroja un promedio de 57,5. Si bien el Distrito tiene un desarrollo normativo propio bajo el establecimiento de un ideario ético, al revisar la implementación de medidas y lineamientos éticos se encuentra en un bajo desarrollo (46,6).

El único indicador que en promedio de las 34 entidades queda en riesgo alto es control institucional. Es decir: un reto urgente para la ciudad es mejorar los reportes de información a instancias de regulación y control, y la gestión eficiente y el reporte oportuno de sanciones disciplinarias y fiscales.

Los resultados del ITB evidencian que las entidades están cumpliendo con la norma, pero no están adoptando medidas para blindarse con buenas prácticas en aspectos no regulados en el país.

El análisis de la Veeduría Distrital a los resultados del ITB propone cuatro herramientas urgentes para la lucha contra la corrupción en la ciudad y el país: medidas para gestionar los conflictos de intereses; herramientas para prevenir el soborno; regulación del lobby; y mecanismos de protección al denunciante. Cómo avanzar en estas cuatro herramientas urgentes, será el tema de las próximas publicaciones en este espacio.

      Periodista prueba

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