Un mes de paro y todo apunta a más protestas que acuerdos

Un mes de paro y todo apunta a más protestas que acuerdos

Un mes después de iniciado el paro estudiantil en 26 de las 32 universidades públicas del país, los estudiantes vuelven hoy a las calles de las principales ciudades, como lo vienen haciendo cada semana, a insistirle al gobierno de Iván Duque que se siente con ellos para definir cómo tapar el déficit histórico de esas instituciones, que calculan en 15 billones de pesos.

Lo harán una semana después de que se pararon de una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación porque la respuesta a sus peticiones fue que no había más plata, y de que en las calles se vivió una jornada de protestas que, a pesar de que fueron en su mayoría pacíficas, involucraron ataques del Esmad y de grupos de encapuchados que se llevaron la atención de los medios y tensionaron aún más la relación entre el Gobierno y los estudiantes y profesores.

Hoy vuelve a haber sobre la mesa mensajes de lado y lado pidiendo diálogo, con la dificultad de que Duque considera que ya cedió todo lo posible e insiste en que no hay más plata, y con la posibilidad de que en las calles tanto el Estado como los estudiantes puedan radicalizarse.

 

Los rectores le dieron un as a Duque

Las protestas para exigirle al Gobierno que atienda la desfinanciación de la educación superior comenzaron el 10 de octubre. Aunque el liderazgo lo asumieron los estudiantes (agrupados en su mayoría en las organizaciones Acrees y Unees), los rectores, que venían haciendo activismo frente al Gobierno y el Congreso, hicieron eco de sus exigencias.

Sin embargo, fueron los rectores los que llegaron primero, y por separado, a un acuerdo con Duque cuando iban dos semanas de paro.

Para ese momento, el Gobierno sólo había aceptado adicionar 500 mil millones de pesos en el presupuesto del año entrante para educación superior, pero estudiantes y rectores quedaron inconformes porque además de que consideraban que eso no solucionaba el problema de fondo, tampoco estaban de acuerdo con la distribución de esa plata.

“Pedíamos que se fuera el 60 por ciento para inversión (300 mil millones de pesos) y 40 por ciento para funcionamiento (200 mil millones)”, le explicó a La Silla Cachaca Jairo Torres, Rector de la Universidad de Córdoba y Presidente del Sistema Universitario Estatal, que agrupa a los rectores de las universidades públicas. “Sin embargo, nos generó mucho resentimiento que el Ministerio destinara 220 mil millones para inversión, 55 mil millones para funcionamiento, y metió 120 mil millones para garantizar gratuidad y 101 mil millones para financiar su programa de excelencia”.

Fue ahí cuando los rectores le pidieron una cita a Duque, y él accedió.

El 26 de octubre en la noche, los noticieros los mostraron rodeando al Presidente en una alocución en la que anunció el acuerdo: para los próximos cuatro años, 2,2 billones para inversión y 1,2 billones para funcionamiento.

“No contábamos con eso”, agrega Torres. “Entramos allá con 500 mil millones y salimos con 3,4 billones de pesos. Eso no resuelve todo, pero superó nuestras expectativas. Tampoco significa que hayamos desconocido a los estudiantes, pero nosotros somos los que debemos responder cuando hay carencia de recursos”.

Los líderes estudiantiles sí quedaron muy molestos.

Por un lado porque a ellos no los recibió el Presidente, a lo que se sumó que un par de semanas después Duque se reunió con los cantantes Carlos Vives y Maluma, lo que a los estudiantes les dejó el mensaje de que los estaba minimizando.

Por otro, porque a partir del acuerdo con los rectores el Gobierno construyó un discurso para resaltar que ya puso de su parte.

Según Duque, los estudiantes deberían “valorar el esfuerzo que se hizo, que ya lo valoraron los rectores, que decían que nunca habían visto una respuesta tan rápida, en tan corto tiempo, para mejorar integralmente la atención a la educación superior”.

Y, además, los estudiantes consideran que ahora los rectores quieren “parar el paro para que el Gobierno no sienta esa presión”, como le dijo a La Silla Cachaca Julián Baez, vocero nacional de la Unees.

En la Nacional, por ejemplo, la rectora Dolly Montoya pasó de marchar al lado de los estudiantes a pedir el levantamiento del paro, al punto de que, creyendo que son más los que quieren seguir en clases, mandó a hacer una consulta virtual en la que, sin embargo, ganó la posición de mantener el cese de las clases.

El martes, en todo caso, los líderes estudiantiles y de profesores le enviaron una carta abierta a Duque diciéndole que estaban dispuestos a volver a la mesa, y ayer los rectores terciaron para que el diálogo se reanude.

Eso abre de nuevo las puertas a un acuerdo que no pinta fácil porque, precisamente, el Gobierno considera que ya jugó sus cartas en lo que a plata se refiere, que es lo que más les interesa a estudiantes y docentes.

Así que estos quieren meterle más presión para que se siente y ceda, por medio de marchas que ahora también juntan el rechazo a la reforma tributaria.

Una mesa diferente (si es que hay mesa)

La ministra María Victoria Angulo le dijo a La Silla Cachaca que espera que se “se restablezcan los mecanismos que habíamos acordado hace tres semanas y que nos llevaban por una ruta de construcción colectiva hacia el encuentro de soluciones”.

Sin embargo, los estudiantes quieren volver a sentarse en otras condiciones.

La principal es que la mesa sea para tomar decisiones.

Alejandro Palacio, Presidente de Acrees, le dijo a La Silla Cachaca que por eso esperan que se defina como una mesa de negociación, lo que implica que ambas partes deberán estar dispuestas a ceder para sellar acuerdos, y no sólo será un espacio de diálogo.

“Necesitamos reformar el carácter de la mesa para asegurar que lo que se acuerde se cumplirá", agregó Báez, de Unees.

También piden que en la negociación esté la Ministra de Educación y no su viceministro, Luis Fernando Pérez; y que asista el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, algo esencial para ellos porque les permitiría discutir con el que maneja la chequera las salidas para conseguir más plata, pues exigen 580 mil millones de pesos para terminar el semestre; 3,2 billones para funcionamiento y un plan de pagos a 10 años del déficit de 15 billones.

Como anoche la Ministra insistía en que no había más plata, el sentido de una mesa se difumina y los estudiantes mantienen su apuesta de hacerse sentir en las calles como mecanismo de presión.

Y lo harán con más apoyos recargados.

Hoy lo harán acompañados de las centrales obreras y los indígenas de la Onic, que aprovechan la coyuntura no sólo para sumarse a la causa por la educación superior, sino para movilizarse contra la reforma tributaria que radicó Duque en el Congreso.

“Y ya los camioneros nos dijeron que nos acompañan y que también están preparando un cese”, le dijo a La Silla Julián Baez, de la Unees.

Por ahora, entonces, habrá más marchas que acuerdos.

Eso también plantea un reto para ambos lados porque ya hay varias señales de que a medida que se intensifica la movilización social es probable que, de lado y lado, algunos sectores se radicalicen.

Ayer, por ejemplo, el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, informó que no aceptó los recorridos que propusieron los estudiantes para protestar en el norte de Bogotá, y que si vuelven a afectar la movilidad, particularmente Transmilenio, ahora será más severo que la semana pasada cuando mandó al Esmad para quitarlos.

De otra parte, en las marchas se han metido grupos violentos, como el que atacó a un policía con una bomba incendiaria en Bogotá.

Estudiantes y profesores han planteado la posibilidad de que sean infiltrados; y aunque es posible, también hay casos como el del movimiento Jaime Bateman, que defiende la acción violenta como forma de hacer sus reivindicaciones por la universidad pública y ya ha incursionado con sus encapuchados, desde que comenzó el paro, en las universidades de Córdoba y en la Distrital de Bogotá.

Por eso, las protestas podrían tensionar más las relaciones entre Gobierno y estudiantes que, de hecho, ya incluyeron un componente de derechos humanos en la agenda de una eventual negociación porque consideran que el uso de la fuerza por parte del Gobierno ha sido desmedido.

Todo esto se termina convirtiendo en un medidor de aceite para Duque, un presidente que apenas lleva 100 días y que hasta ahora, como contamos en La Silla, ha privilegiado el diálogo con gremios, militares y empresarios, y no con organizaciones de base.

    Periodista prueba

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