Seis preguntas (y respuestas) sobre el contrato de la Escuela Galán

Seis preguntas (y respuestas) sobre el contrato de la Escuela Galán

Este fin de semana el columnista de El Espectador José Roberto Acosta publicó un segundo artículo cuestionando un contrato que firmó Transmilenio con una unión entre la Universidad La Gran Colombia y la Escuela Galán, por considerar que no sólo tiene irregularidades sino que beneficia a Carlos Fernando Galán en su campaña por la Alcaldía de Bogotá.

A él se sumó el investigador Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), y además la Misión de Observación Electoral (MOE) regional Bogotá le envió al alcalde Enrique Peñalosa una carta pidiéndole suspender el contrato.

Eso ha generado una controversia que hasta ahora ha resonado en redes sociales y han retomado algunos medios.

Es un contrato por 10.900 millones de pesos para poner a unas 400 personas en estaciones de Transmilenio a persuadir a los colados de que no se metan al sistema sin pagar, y de hacer pedagogía con quienes son sorprendidos haciéndolo.

Luego de leer los argumentos de ambos columnistas y los de la MOE, de consultar los documentos del contrato y de hablar con la Escuela Galán, La Silla Cachaca formula y responde seis preguntas para entender qué hay de cierto y qué no en esta controversia, y hasta dónde puede llegar un caso que le puso picante a la campaña porque explotó justo cuando Galán sube en las encuestas:

1

¿La ley de garantías impedía hacer el contrato?

No. José Roberto Acosta en El Espectador y Ariel Ávila en Semana, los dos columnistas que han cuestionado el contrato, han sugerido una posible irregularidad porque se firmó en medio de la ley de garantías, que está vigente para estas elecciones desde el 27 de junio y que restringe la contratación pública.

Esa ley, de 2005, se firmó con la idea de que el Presidente de la República que buscara la reelección (en ese momento era Álvaro Uribe), no se beneficiara de la contratación estatal en medio de su campaña, y por eso restringió esencialmente dos tipos de contratación durante los cuatro meses antes de elecciones: la directa (a dedo) a todos los entes del Estado, y los convenios interadministrativos (una especie de contratos entre entidades del Estado) para alcaldías y gobernaciones.

El contrato que firmó Transmilenio con la Escuela Galán no cabe en ninguna de esas dos restricciones, pues se trató de una licitación pública, que se puede hacer sin problema durante la Ley de garantías.

 
2

¿Hubo reclamos contra la Escuela Galán durante la licitación?

Sí. Fue un punto que José Roberto Acosta retomó en su segunda columna sobre el tema y que está plasmado en los documentos del sistema de contratación, que La Silla Cachaca consultó.

Uno de los 11 competidores (llamado UT Mi Transmi y conformado por las organizaciones Sincotel, Aprendizaje Interactivo y Faceit) le pidió a Transmilenio rechazar la oferta de la unión temporal entre la Escuela Galán y la Universidad La Gran Colombia, así como de otros dos proponentes, porque llenaron mal el formulario del sistema de contratación en el que debían poner el precio de su oferta para ganarse el contrato. El que reclamó se basó en que en las condiciones de la licitación decía que las ofertas serían rechazadas “cuando en el formulario de lista de precios del Secop sea mal diligenciado”.

Transmilenio suspendió la audiencia de adjudicación ante esa duda, y un día después se negó a rechazar esas solicitudes por considerar que esa no era realmente una causal de rechazo y diciendo, además, que, de acuerdo con la ley y sentencias del Consejo de Estado, tampoco podía hacerlo.

Si eso se hizo de manera irregular, aún no se sabe porque una autoridad tendría que determinarlo, y de hecho ese es el llamado que hace Acosta, para que Procuraduría y Fiscalía investiguen. Por lo pronto, la licitación no ha sido demandada.

El columnista también se refiere a dos puntos que no hicieron parte del debate entre los competidores de la licitación, pero que para él son irregulares.

Uno es que en la primera evaluación de las 11 propuestas, sólo una cumplió, así que Transmilenio les permitió al resto corregir errores que eran corregibles, y fue después de ese proceso que el consorcio entre La Gran Colombia y la Escuela Galán llenó todos los requisitos, terminó siendo la mejor calificada y se ganó el contrato. Para Acosta eso fue irregular porque le debieron dar el contrato al primero que cumplió, pero Transmilenio dijo que cumplió la ley al permitirles subsanar esos errores.

El otro punto es el papel que jugó David Camacho, un funcionario de Transmilenio que al tiempo que hacía parte del comité evaluador y también fue ordenador de gasto, lo que el columnista considera un problema porque tenía conflicto de intereses al ser juez y parte.

Todavía no es claro si lo que Acosta considera irregular, efectivamente lo es, porque los competidores no discutieron sobre ese tema y porque no hay abierta una investigación que haya puesto la lupa sobre el caso.

 
3

¿La Escuela ha contratado más con Peñalosa que con alcaldes anteriores?

Sí ha firmado contratos por más plata con esta Alcaldía, pero firmó un número mayor de contratos con otras.

Los reportes oficiales de la Escuela Galán dicen que la administración Peñalosa le ha adjudicado 4 contratos por 12.400 millones de pesos; la de Petro, 2 por 357 millones; la de Samuel Moreno, 14 por 4.900 millones; la de Lucho Garzón, 8 por 1.055 millones.

Acosta y Ávila usan eso para reforzar su argumento de que la Alcaldía de Peñalosa ha favorecido a la Escuela Galán después de que Carlos Fernando Galán lo respaldó a él en la campaña de 2015.

Ávila apunta que “donde sus alianzas (las de Carlos Fernando Galán) han resultado ganadoras tiene muchos y grandes contratos (Santos y Peñalosa), allí donde no tiene éxito quedan sin contratos”. Sin embargo, eso es parcialmente cierto a la luz de las cifras, teniendo en cuenta que con Lucho Garzón y Samuel Moreno, ambos del Polo, la Escuela Galán ganó un número mayor de contratos.

Con Peñalosa el que dispara el monto de la contratación de la Escuela con la Alcaldía es el contrato con Transmilenio, por 10.900 millones, que se ganó con La Gran Colombia.

No se trata, en todo caso, de un contrato nuevo. El año pasado Transmilenio adjudicó uno con el mismo objetivo y aunque la Escuela Galán participó, no se lo ganó. Lo que levantó la duda de los columnistas es que se lo haya ganado ahora, en plena campaña electoral.

La versión de la Escuela Galán sobre este punto se la dio a La Silla Cachaca Juan Pablo Sánchez, Secretario General de la Escuela, que dice que la particularidad con Peñalosa es que, mientras con los anteriores alcaldes esa organización ofrecía sus servicios para firmar convenios, desde finales de 2014 (todavía durante la Alcaldía Petro) decidieron que ya eran lo suficientemente fuertes como para comenzar a competir en licitaciones, y le siguieron apostando a eso.

“Con Petro nos alcanzamos a presentar a algunas y perdimos. Y con Peñalosa mantuvimos ese esquema y nos hemos presentado a 15, de las que ganamos 3, entre ellas el actual contrato con Transmilenio”, agregó (hay un contrato adicional por 50 millones que no fue por licitación).

Lo que aún está por probar es si de manera deliberada la Alcaldía ha querido favorecer a la Escuela Galán como contraprestación al respaldo de Carlos Fernando Galán a la candidatura de Peñalosa en 2015, que es lo que aseguran los columnistas. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay una relación directa entre la Escuela y el candidato, que es el siguiente punto.

 
4

¿Qué tiene que ver la Escuela Galán con la familia Galán?

Hay un vínculo por medio de una integrante de la familia, pero la relación no es directa ni de negocios.

La historia de la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia se remonta a 1989, cuando después del asesinato de Luis Carlos Galán el Congreso aprobó una Ley que creó el Instituto Luis Carlos Galán para el Desarrollo de la Democracia, una entidad pública que dependía del Ministerio de Educación y que comenzó a funcionar en 1993 (gobierno de César Gaviria) siendo ministra Maruja Pachón, hermana de Gloria Pachón (la viuda de Galán).

Ese Instituto se dedicaba, por ejemplo, a capacitar profesores, diseñar currículos y hacer investigaciones sobre educación.

Fue liquidado en 2003, en medio de una reforma que hizo Álvaro Uribe como Presidente, y en 2004 renació como una entidad mixta, en la que el Ministerio de Educación tenía el 85 por ciento de participación. El resto lo tiene una banca de inversión llamada Capitalcorp, que en Bogotá, por ejemplo, hizo parte de los estructuradores de los contratos de concesión de la primera fase de Transmilenio (con Peñalosa como Alcalde).

Capitalcorp es una empresa familiar del exvicepresidente financiero de Avianca Alonso Castellanos.

El vínculo que tiene la Escuela con la familia Galán y con el candidato a la Alcaldía es con Maruja Pachón, tía de Carlos Fernando Galán.

Aunque José Roberto Acosta se refiere en sus columnas siempre a la Escuela Galán, y Ariel Ávila a la Corporación Escuela Galán, en Twitter Acosta se refirió a “la Fundación” para hablar del tema.

Sin embargo, la Fundación Luis Carlos Galán es una organización aparte, creada en 1989 tras el asesinato de Galán, como una nueva era de la Fundación Nuevo Liberalismo que había creado él con seguidores suyos en 1984. Su objetivo es preservar la memoria de Galán.

No tiene vínculos con la Escuela Galán, no contrata con el Estado y, de hecho, desde 1997 su administración está en manos de la Universidad Javeriana, aunque tiene como presidenta honoraria a Gloria Pachón, la viuda de Galán.

 
5

¿El contrato beneficia a la campaña de Carlos Fernando Galán?

José Roberto Acosta dice: “Peñalosa debe explicar si este contrato, otorgado a solo 72 días de la elección de su reemplazo en Bogotá, es su voto de confianza a quien desearía que lo sucediera, también de apellido Galán”.

Ariel Ávila se enfoca en que “el contrato se realizó con una entidad que lleva el mismo apellido que un candidato a la Alcaldía de Bogotá y que es dirigida por un familiar del mismo; utilizan el color en campaña (rojo) y contrataron a más de 400 personas”.

La MOE dice en su carta a Peñalosa que este caso "puede constituir un eventual acto de propaganda electoral indirecta", retomando el argumento de la relación entre el nombre de la Escuela y el candidato, y el de que "se presenta una asociación entre la identidad gráfica de dicha entidad y la adoptada por la campaña del candidato".

Hasta ahora, sin embargo, no es claro si efectivamente hay un beneficio y qué tanto sería para la campaña de Carlos Fernando Galán.

Primero porque los ingresos del contrato van para la Escuela, cuyos propietarios no son los Galán, y si le quedan excedentes debe reinvertirlos en otros proyectos relacionados con lo que hace.

Las cerca de 400 personas que estarán en las estaciones de Transmilenio, como dice Ávila, sí llevan chaqueta roja, que es el color que identifica la campaña de Galán y que, como dice la MOE, es el color que identifica a la Escuela.

Ese color fue el exigido en las condiciones de la licitación para que a los contratistas los identifiquen como parte de Transmilenio, cuyo color distintivo es el rojo. Y las chaquetas, en todo caso, no aluden ni a la campaña ni a la Escuela Galán, sino a la marca de Transmilenio.

Esta fue la exigencia de la licitación:

Y así se ven vestidas por los contratistas:

El 10 de septiembre, en todo caso, el Consorcio envió una circular prohibiendo a sus contratistas hacer proselitismo y retirarse de sitios en los que hubiera candidatos haciendo campaña.

Sin embargo, sí hay lugar a que los cerca de 400 contratistas sean los que puedan hacer una asociación entre el nombre de una de las empresas que les da empleo y Galán como candidato a la Alcaldía, y eso, por ejemplo, puede terminar favoreciendo a Galán entre ellos y sus círculos más próximos. Lo que es difícil de medir es el alcance de ese fenómeno.

 
6

¿Los denunciantes son cercanos a Claudia López?

Parte de la controversia que generaron las columnas de Acosta y Ávila fue que ellos han sido cercanos o hecho parte de los círculos políticos de la candidata Claudia López, lo cual es cierto.

El mismo Ávila dejó claro en su artículo que López fue su compañera de trabajo y que, junto con su jefe, León Valencia, director de la fundación Pares (que también ha sido contratista del Estado), ella hizo denuncias que terminaron con el destape de la parapolítica.

Acosta no ha abordado el tema en sus columnas, pero él, por ejemplo, respaldó abiertamente la Coalición Colombia que armaron en las presidenciales de 2018 Claudia López, Sergio Fajardo y el senador del Polo Jorge Robledo.

Es por esos vínculos que Galán y sus seguidores consideran que las dudas que ellos plantean alrededor del contrato entre Transmilenio y la Escuela Galán pierden peso y tienen un interés en deslegitimarlo en un momento en que las encuestas lo empiezan a mostrar como puntero y a López, cayendo.

La MOE, por su parte, es una organización en la que trabajó López como investigadora a comienzos de la década del 2000. Su proceso de monitoreo y observación electoral lo hace de manera independiente.

 

Nota del editor: El 15 de octubre, una semana después de publicada esta historia, incluimos los argumentos que dio la MOE en la carta que le envió al alcalde Enrique Peñalosa el 3 de octubre para suspender la ejecución del contrato, y que no conocíamos en el momento de la publicación.

 

 

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    Periodista prueba

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