"La Corte que ha confrontado a Uribe es la Corte que nos puso a Barbosa"

"La Corte que ha confrontado a Uribe es la Corte que nos puso a Barbosa"

Por Natalia Arbeláez Jaramillo 09 de Abril de 2021

 

La semana pasada, la Fiscalía anunció que le imputará cargos al hoy candidato presidencial, Sergio Fajardo, por contraer como Gobernador de Antioquia un préstamo en dólares, que luego se encareció por la subida del dólar. Esa decisión, para muchos sin argumentos sólidos, logró poner a políticos de orillas ideológicas distintas en contra de esa institución liderada por uno de los mejores amigos del presidente Iván Duque.

Y puso de presente de nuevo, la tendencia no solo a judicializar la política sino a penalizarla. Para analizar este fenómeno como su contracara de la politización de la justicia, La Silla Académica entrevistó a Juan Gabriel Gómez, profesor del Iepri de la Universidad Nacional y autor del artículo “El declive de la separación de poderes y la politización de la justicia”, con base en el cual hacemos esta entrevista.

Gómez explica que uno de los principales problemas que tiene Colombia hoy es que se quedó sin árbitros.

La Silla Académica: Usted dice que en la mayoría de países hay una coincidencia entre corrupción y politización de la justicia ¿Cuál es la relación?

J.G.G.: Los antiguos griegos tienen un mito en torno al surgimiento de las comunidades humanas. El hermano de Prometeo, Epimeteo, tiene que distribuir los atributos que le permiten a cada especie sobrevivir, y lo ha hecho tan generosamente con todas las especies que cuando llega a la humana no le queda ninguno. Entonces Prometeo dice: no van a sobrevivir y para ayudarlos, se roba el fuego. Pero no es suficiente y entonces Zeus se apiada de los seres humanos y les da el sentido de la justicia y la vergüenza sin la cual ninguna comunidad humana podría existir.

Los nombramientos a dedo ponen en evidencia que se trata de funcionarios que no tienen ningún sentido de la vergüenza ni ningún sentido de la justicia.

Juan Gabriel Gómez

Lo traigo a colación porque el nombramiento que hizo el contralor de Walfa Téllez, la esposa del fiscal Barbosa, y el ascenso en la Fiscalía, de Marcela Yépes, esposa del contralor ponen en evidencia que se trata de funcionarios que no tienen ningún sentido de la vergüenza ni ningún sentido de la justicia.

Hay una coalición de Gobierno que no tiene ningún interés en hacer valer que los altos funcionarios judiciales y de control deberían encarnar ese sentido de la vergüenza y la justicia.

Pero no es culpa exclusiva del Gobierno. En lo que respecta al Fiscal, el presidente lo postula, pero es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que escoger. Y tenemos una Corte que solamente una vez ha rechazado la terna porque las personas no eran competentes.

Las personas que integraron la terna para fiscal, de la que hizo parte Francisco Barbosa, no tenían las cualidades necesarias para dirigir el ente acusador y detrás de su postulación había una clara motivación política. La Corte no tuvo la voluntad de rechazar esa nominación. La Corte que ha confrontado a Uribe es la Corte que nos puso a Barbosa.

Ahora bien, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un nombramiento para el cual no es competente.

L.S.A.: ¿Cuál es la noción de corrupción implícita en esa relación?

J.G.G.: La visión que tenemos de la corrupción en la actualidad es la legalista que es muy restringida. Es la apropiación de recursos públicos con fines privados.

Yo creo, en cambio, que la corrupción es la prevalencia del interés particular sobre el bien común en el espacio público. Y eso se materializa de múltiples maneras.

Para mí la renuncia de Carlos Bernal Pulido, Juan Carlos Henao y Eduardo Montealegre a su cargo como magistrados de la Corte Constitucional es un acto corrupto. Desde el punto de vista legal, muchos me dirán que no se robaron nada, pero le enviaron a la sociedad el mensaje de que lo privado, ser rector de una universidad, es más importante que el servicio público.

Muchas personas consideran que lo privado vale más que lo público.

L.S.A.:Usted distingue en su artículo dos fenómenos: el de la politización de la justicia y el de la judicialización de la política y dice que se alimentan entre sí ¿cómo es eso?

J.G.G.: En los 90 el activismo de la Corte fue recibido por la academia con mucho beneplácito. Varios miembros de Dejusticia como Rodrigo Uprimny o Mauricio García encarnan de alguna manera esa visión.

Muy pocos hicimos críticas. Iván Orozco y yo lo hicimos en un libro que se llama “Los peligros del nuevo constitucionalismo en materia criminal”.

Si ese activismo es una respuesta a las graves fallas que tienen nuestros órganos de representación política en cómo debaten, deciden e implementan las decisiones sobre política pública, tenemos que dedicarnos a atacar ese problema, antes que a crear otros.

Es un gran desacierto creer que nuestra esperanza está fincada en el activismo judicial, porque ello ha llevado a una judicialización de la política, que a su vez ha conducido a una politización de la justicia.

La política es la combinación de todas las formas de lucha y una es la judicial.

Juan Gabriel Gómez

Una vez los políticos se dan cuenta del poder que tienen los jueces, van a querer intervenir en su elección. Y eso es lo que ha pasado con la conformación de las cortes, especialmente de la Constitucional, en las últimas dos décadas, quizá. No creo que ningún gobierno ni congreso se salve.

L.S.A.:¿Qué piensa de esta suerte de paradoja que hay en Colombia: por un lado, la percepción de que la corrupción queda impune y, por otro, la de funcionarios que durante y después de su gestión terminan siendo perseguidos judicialmente o a través de los órganos de control?

J.G.G.: Es otra expresión de la politización de la justicia y de la judicialización de la política.

La intensidad de la competencia electoral es tal que cobra vigencia el dicho, inspirado en Clausewitz, que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, con lo cual quiso significar que si bien los comandantes fijan la táctica en el terreno, la guerra tiene una dirección política.

La paráfrasis, entonces, es que la política es la continuación de la guerra por otros medios, y eso es lo que estamos viendo en el país en ausencia de árbitros que sean respetados por ambas partes. O parafraseando un principio marxista empleado durante el conflicto armado colombiano, la política es la combinación de todas las formas de lucha y una es la judicial.

L.S.A.:¿En qué sentido?

J.G.G.: Estamos viendo asesinatos de candidatos, no el sentido literal de la violencia física que se ejerció contra los miembros de la Unión Patriótica, por ejemplo. Sino del uso de la acción judicial para eliminar al competidor.

Y esto se corresponde con una justicia ávida de poder que no tiene sentido de la limitación y que muchas veces en lugar de declararse inhibida porque se trata, por ejemplo, de un asunto político que debe resolverse de otra forma, dice: “venga para acá”. Y hemos conocido también muchos casos de una justicia clientelista.

Si no cambiamos nuestro modelo de gestión política no vamos a poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos, el calentamiento global es el mayor de ellos.

Juan Gabriel Gómez

Colombia tiene un sistema que no es sustentable en el largo plazo. Las decisiones políticas están sujetas a una serie de peajes judiciales que no tienen nada que ver con el imperio del derecho sino con el uso del poder judicial como un arma más dentro de la lucha política.

¿Qué persona del sector privado o de la academia va a querer ir a la vida política, al servicio público, si posiblemente la van a judicializar?

Si no cambiamos nuestro modelo de gestión política no vamos a poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos, el calentamiento global es el mayor de ellos. La pandemia muestra que no hay refugio, más tarde o más temprano la enfermedad llega a donde uno se está escondiendo.

L.S.A.:Usted dice que una alternativa para disminuir el grado de politización de la justicia, es la elección de los jueces por sorteo...

J.G.G.: Sí, aislar el proceso de nombramiento de los jueces del proceso político. Es una solución que se ha planteado en Suiza también. 

Asumiendo que el ser humano tiene una propensión natural a usar el poder para favorecerse, una forma de frenar eso es escogiendo aleatoriamente los jueces.

Se podría hacer un concurso meritocrático para conformar una lista con los mejores candidatos posibles. De esa lista serían elegidos después los candidatos mediante una tecnología que garantice un sistema aleatorio.

L.S.A.:Usted dice que la politización de la política evidencia un problema aún mayor que es la falta de árbitros. ¿Puede hablar sobre esto?

J.G.G.: Tenemos una sociedad sin árbitros: no hay sanción a los golpes bajos.

El antropólogo británico, Frederick George Bailey, escribió un libro que yo le digo a mis estudiantes que hubiera querido leer por su lucidez cuando empecé Ciencia Política.

En él dice que en las sociedades que están divididas, la política tiene una tendencia centrífuga, al caos, a la explosión.

Y es aún más fuerte allí donde no hay árbitros.

Donde la opinión pública, que es uno de ellos, no se une para sancionar moralmente a los que hacen actos indecorosos.

La naturaleza de la competencia electoral es darle duro al contrincante, pero si hay un referí (árbitro) en el rin, va a decir, usted puede pegar, pero no por debajo del cinturón, porque está prohibido.

Tenemos una sociedad sin árbitros.

Juan Gabriel Gómez

Pero si haciendo el símil con otro deporte, el árbitro permite que siga el partido de fútbol a pesar de las patadas contra la canilla, eso acarrea un deterioro profundo de la actividad política.

Si la sociedad está dividida en bandos, en los que por un lado es legítimo llamar, por ejemplo, a Uribe, paraco, y, del otro lado, a Petro, mamerto hp, no hay espacio para la civilidad.

L.S.A.:¿Cuáles son los otros árbitros que están fallando en Colombia?

J.G.G.: El poder judicial es uno de ellos.

No sé cuál haya sido el raciocinio del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, ponente original del caso contra Uribe por presuntamente torcer testigos. Si dijo algo así como ‘este tiene detrás todo el escándalo de los falsos positivos, y es el mismo que presuntamente ordenó chuzar a la Corte’. Si tuvo que ver algo o no, en que se terminara interviniendo el celular del expresidente cuando el investigado era el excongresista Nilton Córdoba. Pero hacer valer esas interceptaciones, siembra muchas dudas.

El otro árbitro son los medios de comunicación. Pareciera que las filtraciones de Daniel Coronell se compensan con las de Vicky Dávila, por ejemplo. Como parte de una tendencia a que los medios filtren y publiquen con un filtro partidista o ideológico.

Hay una cámara de eco entre los seguidores de Los Danieles, por un lado, y los seguidores, ahora de Semana, por el otro. Y nadie escucha los argumentos de los otros y si hay alguien que se atreve a cruzar la raya y a decir que hay muchos indicios contra el expresidente Uribe en el caso de manipulación de testigos, dentro de las toldas uribistas le quitan el saludo.

Es un problema que viene de tiempo atrás. Cuando los medios de comunicación y muchos sectores consideraron que Samper no iba a ser acusado por la Cámara de Representantes, se las arreglaron para que el fiscal Valdivieso les filtrara información. Si no logramos una sanción judicial, por lo menos sí una sanción social.

Y hay un cuarto árbitro que estamos perdiendo, que es la academia. Para el posmodernismo, la imparcialidad es una entelequia. Lo que tenemos son historiadores comprometidos y antropólogos activistas.

Con entusiasmo, los senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda retoman, por ejemplo, el pensamiento del historiador italiano Enzo Traverso, según el cual la historia hay que escribirla desde el punto de vista de las víctimas, de los vencidos. ¡Pero es que ellos también tienen sesgos!

Uno tiene que procurar adoptar un punto de vista imparcial, que hoy muchos académicos consideran imposible de alcanzar.

L.S.A.:En la Fiscalía la pulsión narcisista de la que usted ha hablado pareciera ser connatural, a juzgar por el comportamiento de la mayoría de los que ha ocupado el cargo...

J.G.G.: Barbosa, desde antes de ser fiscal, demostró que tiene una opinión exagerada de sí mismo y que es un oportunista. Durante el Gobierno Santos tenía una idea muy distinta del proceso de paz que luego cambió al ser parte de un Gobierno crítico del mismo. A una persona así yo nunca le confiaría un cargo que demandara de él una gestión imparcial.

¿Qué persona del sector privado o de la academia va a querer ir a la vida política, al servicio público, si posiblemente la van a judicializar?

Juan Gabriel Gómez

Porque las distorsiones que ya traía se amplifican y se agravan al presidir una institución en la que tiene bajo sus órdenes cerca de 23 mil funcionarios, un presupuesto grandísimo de más de 4 billones de pesos y la posibilidad de incidir en el curso del país de muchas maneras.

La verdad es que hemos tenido en general muy malos fiscales.

Al fiscal Eduardo Monteleagre también se le corrió la teja con su tesis leguleya con la que creyó hacer un gran aporte al proceso de paz, acogida por los negociadores del Gobierno, de que el Acuerdo de Paz era un acuerdo humanitario en el sentido de los protocolos de Ginebra, y que por tanto hacía parte de forma automática del Bloque Constitucional.

Si seguimos por el camino faccioso de nombrar personas como Barbosa, Montealegre o Alfonso Gómez Méndez, que están dispuestas a ponerse al servicio de una agenda política determinada, no vamos a lograr que la Fiscalía cumpla el rol que necesita la sociedad.

L.S.A.:Usted entiende corrupción como la imposibilidad de que las normas sean aplicadas de forma predecible. La reciente decisión de imputar a Fajardo con la exigencia de que pudiera predecir y controlar la volatilidad del dólar ha sido calificada como descabellada. ¿Es un buen ejemplo de eso?

J.G.G.: Yo quiero revelar mi sesgo. Profeso simpatía por Fajardo para que la descuenten de mi opinión.

Dicho eso, lo que creo que muestran las decisiones del Contralor y de la Fiscalía es la instrumentalización de los órganos de control con fines políticos.

Fico Gutiérrez, candidato a la Presidencia, era alcalde de Medellín cuando se tomaron las decisiones controvertidas de inundar la sala de máquinas para evitar que se rompiera la presa en construcción. Pese a eso, la Contraloría no lo ha vinculado aún en los procesos que adelanta por esta causa.

Fajardo reportó, en cambio, las irregularidades a la Contraloría. Y sobre esas construye ahora un proceso en su contra.

Sobre la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos, Fajardo le pidió a la Coalición de la Esperanza no pronunciarse para no contribuir a la deslegitimación de la Fiscalía, pero,como dijo el director de Fedesarrollo, esa institución se deslegitimó sola al tomar esa decisión.

Bajo esa premisa habría que llevar a la cárcel al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas que basó todo el presupuesto en cálculos similares. Y habría que estar en capacidad de controlar también la fluctuación del petróleo, del que depende el precio del dólar.

    Periodista prueba

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