La ponencia del aborto rompe el pacto simbólico entre liberales y conservadores

La ponencia del aborto rompe el pacto simbólico entre liberales y conservadores

La ponencia que presentó hoy el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares para despenalizar el aborto durante el primer trimestre de embarazo cuestiona el equilibrio simbólico que había logrado la sentencia del aborto entre los liberales y los conservadores durante casi 15 años. Un equilibrio que, en la práctica, ha sido problemático para miles de mujeres.

La ponencia del magistrado Linares responde a dos demandas, una fácil y otra más difícil. 

La fácil es contra el Código Civil, en el que la demandante Natalia Bernal Caro alega que la vida comienza desde la concepción y que por lo tanto, el aborto debe ser considerado un delito sin excepciones.

Este es un punto sobre el que la Corte Constitucional ya se pronunció en el 2006, y que, como nada ha cambiado desde entonces, muy seguramente descartarán bajo el principio de cosa juzgada.

La segunda demanda, que es más difícil, es contra el artículo 122 del Código Penal que penalizó el aborto.  En este punto, la demandante busca tumbar las tres excepciones que creó la Corte para poder abortar sin incurrir en un delito: cuando existe un peligro contra la vida o la salud de la mujer; cuando el embarazo es el resultado de una violación; o cuando el feto tiene una malformación tan grave que imposibilita que vaya a sobrevivir más que unos días u horas.

 

Frente a esta demanda, la Corte tiene que resolver dos problemas jurídicos. El primero, y más difícil, es si hay cosa juzgada. Si deciden que no ha cambiado nada desde cuando lo discutieron en 2006, la Corte simplemente se abstiene de evaluar la demanda y se mantiene el tema como está hoy. Con las tres excepciones y ya.

En su ponencia, el magistrado Linares, quien fue postulado por el expresidente Juan Manuel Santos y es de corte liberal en lo que tiene que ver con los derechos de igualdad, defiende la idea de que el tema se puede reabrir pues las condiciones reales a partir de la sentencia han cambiado sustancialmente.

Lo hace con base en los argumentos esbozados por la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá. 

En su concepto técnico a la Corte, la Secretaria Diana Rodríguez muestra que diferentes prácticas sociales e institucionales impiden en la práctica que las mujeres puedan hacer uso del derecho a abortar en los tres casos excepcionales que reconoció la sentencia del aborto.

Esas barreras van desde la decisión de muchos hospitales y servicios de salud de no prestar el servicio del aborto alegando una objeción de conciencia hasta exigirle a las mujeres requisitos adicionales como dictámenes de medicina forense, autorización por parte de familiares, exámenes de salud que no les practican de manera oportuna, o la suscripción  entre los profesionales de la salud de pactos, individuales o colectivos, para negarse a practicar el aborto.

“Estas barreras fortalecen la sólida evidencia que restringir legalmente el aborto, no lo elimina sino más bien lleva a su práctica a la clandestinidad y la hace insegura para las mujeres”, dice Rodríguez en su concepto.

El argumento que Linares retoma en su ponencia para reabrir el debate es que como esas barreras surgieron después del fallo de 2006, sobre eso no puede haber cosa juzgada.

Si logra convencer a por lo menos cuatro de sus ocho colegas con este argumento, entrarían a analizar el segundo problema jurídico. 

Esta discusión girará alrededor de si puede la Corte ampliar el derecho fundamental a interrumpir el embarazo ante la inactividad del Congreso (que ha archivado 15 proyectos de ley sobre el aborto), y el déficit de protección que existe hoy para las mujeres que por estas barreras no pueden abortar a pesar de incurrir en las tres causales. Para que, básicamente, puedan hacerlo en el primer trimestre sin tener que dar ninguna justificación.

El equilibrio

La discusión que arranca a partir de esta ponencia será tan intensa en la Corte como en la sociedad.

La sentencia C 355 de 2006, que despenalizó el aborto en los tres casos excepcionales, fue un hito judicial, entre otras cosas, porque fue el resultado de una negociación simbólica muy difícil entre liberales y conservadores.

La sentencia le reconoció a los conservadores el triunfo simbólico de mantener el aborto como un delito, con lo cual conservaron el mensaje de que abortar es una conducta criminal, sancionable social y penalmente. 

Y a los liberales, incluido el movimiento feminista que ha tenido como uno de sus principales caballitos de batalla la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, les concedió una ventana para que las colombianas pudieran interrumpir su embarazo en la práctica. Vía la causal del riesgo a la salud de las mujeres, muchas colombianas que antes no podían acceder al servicio de IVE, después de la sentencia lo han logrado.

Este equilibrio se rompe si triunfa la ponencia de Linares, pues el estigma asociado a la interrupción voluntaria del embarazo -que es algo que los conservadores quieren mantener a toda costa- se perdería si es permitido abortar durante el primer trimestre de gestación sin tener que dar ninguna explicación.

Lo que se ganaría

El problema es que ese pacto en lo simbólico tiene serias repercusiones en la práctica, sobre todo para las mujeres más pobres. 

Desde el punto de vista penal, en la vida real, el verdadero castigo para las mujeres que abortan no es la condena -que nunca llega porque muy pocos creen que una mujer que aborta deba terminar en la cárcel- sino el proceso judicial. 

Y los datos que aportó la Fiscalía a la Corte muestran el nivel de discriminación que existe. Por ejemplo, al juzgar por el nivel socio económico de las denunciadas por aborto en Bogotá, en estratos 1, 5 y 6 ocurre una cantidad de abortos entre 10 y 20 veces menor que en estratos 2 y 3. 

Suponiendo que las mujeres deciden abortar independientemente de su clase social, las mujeres de clase media baja tienen una probabilidad muchísimo más alta de terminar siendo denunciadas penalmente. Las mujeres de estos estratos tienen acceso a un servicio de salud, pero son precisamente denunciadas por el centro hospitalario que las atendió (en el 73 por ciento).

Pero ese no es el único dato escandaloso. Una de cada tres mujeres investigadas por la Fiscalía por haber abortado, aparecen como víctimas de otro delito, sobre todo violencia intrafamiliar, denunciado antes, después o el mismo día del aborto. 

“Varios de los registros encontrados en el historial de victimización están asociados con dinámicas propias de las violencias basadas en género, que podrían estar relacionadas con ciclos de violencia, la generación de embarazos no deseados y la consecuente decisión de interrumpirlos”, dice el informe elaborado por Juanita Durán, directora de Políticas y Estrategia de la Fiscalía.

Estos datos coinciden con historias dramáticas de mujeres que llegan a entidades como Profamilia a solicitar el servicio de interrupción del embarazo, y que ponen de presente cómo la pobreza, sumada a las barreras para el IVE, terminan llevando a muchas mujeres a abortar después del primer trimestre.

Este es el campo de batalla en el que se dará la discusión que arranca con la ponencia de Linares.

Si quieren entender el detrás de cámaras de esta historia les dejamos nuestro último podcast.

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