La orden de captura de Santrich le sube la presión a Duque y a la JEP

La orden de captura de Santrich le sube la presión a Duque y a la JEP

La orden de captura que dictó ayer la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra alias Jesús Santrich es un reto para el gobierno uribista de Iván Duque, porque recibió la papa caliente de mostrar que el Estado sí puede agarrarlo. Aunque lograrlo sería un éxito claro, de no hacerlo probablemente salgan perdiendo él, la justicia transicional y el país.

El mismo Duque enfatizó en que es su responsabilidad en su declaración al respecto, anoche.

“He dado la instrucción a toda la Fuerza Pública de trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación para capturar a este sujeto”, dijo.  

El lío es que hasta ahora su Gobierno no ha podido coger a ‘El Paisa’, el exjefe de la columna móvil Teófilo Forero al que la JEP ordenó capturar en abril, a pesar de que también ordenó a la Fuerza Pública dedicarse a agarrarlo y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, ofreció una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos por él.

Encima, uno de sus aliados fundamentales en la tarea, la Fiscalía, está en interinidad, una situación que no parece que se vaya a superar pronto y que también depende de él, aunque no solamente.

Fiscal, en veremos

Desde la renuncia de Néstor Humberto Martínez, cuando aprovechó la decisión de la JEP de no permitir la extradición justamente de Santrich como un papayazo para salir del cargo, la Fiscalía General está en cabeza de un encargado, Fabio Espitia.

 

Seguirá así hasta que Duque arme su terna para reemplazarlo, de la que elegirá luego la Corte Suprema.

Sobre la terna hay rumores variados, pero no humo blanco más allá de la decisión de Duque de derogar el decreto por el que Juan Manuel Santos creó una convocatoria pública que era un saludo a la bandera, que reveló este fin de semana la Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco.

Su decisión será de alta política pues hay presiones para que el Fiscal sea uribista, ya que ese cargo es probablemente el segundo más poderoso de todo el Estado, tiene autonomía, presupuesto, capacidad de nombrar gente y sobre todo la de definir la política criminal, que puede convertirse en una manera de impulsar algunas investigaciones y bajarle la presión a otras.

De hecho, el Fiscal que llegue debe definir si mantiene como eje la estrategia “bolsillos de cristal” de Martínez o prioriza otros delitos, si sigue con las relaciones tensas con la JEP -incluyendo investigarla- o no, o cuál será la estrategia para luchar contra delitos electorales en octubre.

Eso, claro, si Duque terna antes de ese entonces y la Corte Suprema elige, algo que tampoco será necesariamente muy rápido.

Eso debido a por lo menos dos cosas, relacionadas entre sí.

Una es que necesita una mayoría de 16 de sus 23 magistrados de las salas Civil, Penal y Laboral (no las nuevas de Instrucción y de Primera Instancia), y en este momento solo hay 18. Las otras cinco están vacantes, incluyendo la de la hoy ministra Cabello en la Sala Civil.

Aunque ha venido avanzando para llenar dos de ellas, y hace un mes eligió a Jaime Moreno Acero para la Penal y a Misael Rodríguez para la de instrucción, una buena señal de su capacidad de elegir, a las que siguen pendientes se sumarán la de Luis Guillermo Salazar, de la Sala Penal, en octubre, y la de Rigoberto Echeverri, de la Laboral, en noviembre.

Por eso, a medida que se acerquen el fin de año y esas salidas, la presión probablemente aumentará. 

Más cuando se sume a la elección del Auditor General, para la que ya hay 34 candidatos de los que debe armar una terna para que elija el Consejo de Estado antes del fin del período de Carlos Hernán Rodríguez a fines de septiembre; la del Registrador Nacional, que definen los presidentes de esas dos cortes y de la Constitucional y debe hacerse antes de diciembre; y a la del Fiscal.

Con tantas decisiones electorales en manos de la Corte, más la molestia de muchos magistrados con el uribismo por sus propuestas de revocarlos o de modificar la estructuras de la Rama, y la propuesta de Reforma a la Justicia que está armando la ministra Cabello tras el fracaso de la de su antecesora, no es claro que la elección de Fiscal sea sencilla y rápida.

Y eso no es una buena noticia para el país, ni ayuda a avanzar en la captura de Santrich.

Aunque como institución sigue andando y no es la primera vez que ocurre, el antecedente de los 16 meses de interinidad con Guillermo Mendoza Diago, a fines del Gobierno Uribe y cuando la Corte Suprema le bloqueó su terna para Fiscal, muestra que esa entidad sin un fiscal en propiedad puede funcionar a media marcha.

Aunque en ese entonces Mendoza dijo que no afectaba, desde Álvaro Uribe hasta Dejusticia opinaban lo contrario, y cuando finalmente llegó Viviane Morales a reemplazarlo, eran varios los ajustes pendientes, especialmente por la falta de liderazgo estratégico que es usual cuando la cabeza se puede ir cualquier día por estar encargado.

Para el caso de Santrich, es clave que haya justamente una cabeza que defina cuál es la prioridad de dedicar esfuerzos a capturarlo o por lo menos a ubicarlo.

El factor internacional y la derecha

Si la Fiscalía lo ubica en Venezuela, como han señalado ya reportes no confirmados de inteligencia militar que dicen que también está allá alias Iván Márquez, la papa caliente de Duque se pondría hirviendo.

Eso porque probablemente tensaría más las relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, porque las probabilidades de que Maduro le ayude al gobierno colombiano a capturarlo y extraditarlo son prácticamente nulas.

Más después de que hace dos semanas la Corte Suprema frenó dos extradiciones a Venezuela por pedido de Juan Guaidó y en septiembre del año pasado Duque se negó a extraditar a Julio Borges, diputado opositor de ese país, acusado de un atentado contra Maduro. 

Probablemente por eso Duque habló indirectamente del tema anoche en su intervención, cuando hizo un llamado “a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y entrega a las autoridades colombianas”. 

Si el Gobierno llega a confirmar que Santrich en efecto está allá y que Maduro lo está protegiendo, Duque quedaría ante una disyuntiva. 

De un lado, revelarlo puede darle más fuerza a su discurso contra el régimen de Maduro, cuando su cerco diplomático y el apoyo a Juan Guaidó han perdido intensidad y relevancia. 

De otro, hacerlo puede reavivar las críticas de los sectores más duros del uribismo, que han mostrado distancia de él al pedir una intervención más directa, e incluso militar, en Venezuela, más después de que hace dos semanas Álvaro Uribe dijo que era necesaria una “salida de fuerza”.

Justamente en línea con esa disyuntiva de endurecimiento de Duque, incluso sin el factor Venezuela la orden de captura ya está dando carne a la posibilidad de que el Gobierno intente de nuevo reformar la JEP, como intentó fallidamente con sus objeciones a la ley estatutaria. 

Por lo menos eso dejó entrever anoche la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el programa de televisión La Noche de RCN. 

Gutiérrez dijo que “deben revisarse esos vacíos que quedaron en el diseño de la justicia transicional. Algo quedó mal cuando precisamente se presenta la posibilidad de que una persona, estando detenida, sale libre, vuelve a ser capturada, nuevamente entra a competencia de otra autoridad, se le da la libertad, y tiene la desfachatez de volarse”. 

Es decir, la ministra de la política de Duque opina que la orden de captura demuestra que hay que reformar la JEP.

Aunque puede parecer una versión aislada, hay por lo menos un colega de gabinete, y uno de los más políticos, que parece estar en la misma línea.

Hace poco más de una semana, el canciller Carlos Holmes Trujillo dio una entrevista para El País de España y dejó en el aire la idea de un referendo o una constituyente para modificarla. 

Ante la pregunta de si el Gobierno plantearía reformar la JEP por otro camino respondió que el episodio estaba cerrado, pero dijo al final que “según la Constitución el pueblo es el titular de la soberanía”, que en la práctica podría ser convocando un referendo. 

Esa idea no es nueva en el uribismo. 

De hecho, como contamos en esta historia, el referendo fue el plan A del Centro Democrático y por eso desde septiembre de 2017 comenzaron a buscar firmas para convocar un referendo para tumbar la JEP, la incorporación del Acuerdo en la Constitución y la participación política de las Farc. 

Aunque se les venció el término sin que alcanzaran a conseguir las firmas suficientes y el camino para lograrlo lo hace casi imposible, el referendo que está impulsando el periodista Herbin Hoyos va en el mismo sentido.

De hecho, anoche Hoyos dijo que la Corte llegaba tarde con su decisión y que ya no servía de nada ordenar la captura de Santrich. Es decir, más munición para recoger sus firmas. 

Por eso, al final del día la orden de captura contra Santrich no solo le pone presión al hoy fugitivo congresista, sino que se la aumenta a Duque y a la justicia transicional. Y muestra que él probablemente seguirá siendo uno de los protagonistas de la agenda mediática y política, mientras la implementación del Acuerdo para miles de desmovilizados más, que es clave para el futuro del país, sigue pasando de agache. 

    Periodista prueba

      Historias relacionadas

      Continúa Leyendo


    Powered by