Terremoto sin consecuencias

Terremoto sin consecuencias

Por Héctor Riveros 08 de Agosto de 2020

Como era de esperarse, se ha producido una gran algarabía con ocasión de la medida de aseguramiento dictada contra el expresidente Álvaro Uribe. El símil más usado es el de que se trata de un “terremoto político”, a lo que habría que agregarle, que por fortuna prácticamente no deja estragos. Esa es la mejor señal de fortaleza institucional.

Claro que es una noticia muy importante, que genera enorme interés en casi todas las audiencias, pero que por diversas razones no es previsible que produzca efectos económicos, políticos o institucionales.

Cuando ocurre un “terremoto político” los primeros que se afectan son los mercados y eso no ocurrió, ni parece que vaya a ocurrir por la detención de Uribe. No hubo una acción que hubiera subido o bajado por eso. ¿Despiste de los inversionistas colombianos? No, los extranjeros tampoco se inmutaron. No hay ningún signo de que esta situación vaya a derivar en inestabilidad política o en cambio en las reglas del juego al menos en el corto y mediano plazo.

Si el hecho produce consecuencias políticas, es decir, si tiene capacidad de generar un cambio en la correlación de fuerzas o en las relaciones entre los poderes, está por verse, pero pareciera que los efectos serán menores y probablemente pasajeros y no necesariamente en el sentido que a algunos les parece obvio que es que el partido de gobierno se fortalezca.

No ha habido una encuesta seria todavía que mida el efecto político que genera la medida. Unos especulan que esto servirá a Uribe para mejorar su imagen favorable, que se había deteriorado en los últimos años, otros especulan lo contrario. Si de especular se tratara yo me iría por el camino del medio: seguramente afectará negativa o positivamente pero será poco.

La posición en relación con Uribe y el uribismo parece definida y esto la refuerza: un 25 por ciento de los ciudadanos están con él en forma más o menos incondicional, un 25 por ciento considera que ha cometido delitos sin nombre, otro 25 por ciento no es incondicional pero siempre subraya que hay que agradecerle los logros en materia de seguridad en su gobierno y otro 25 por ciento no toma partido en relación con los delitos que le endilgan pero creen que su estilo de liderazgo debilita la democracia.

Los primeros están indignados pero, por tratarse de una minoría, tanto en la opinión pública como en los cuerpos colegiados, no tienen capacidad de desafiar a la Corte o producir rupturas que impidan el cumplimiento de la sentencia. La propuesta de la Asamblea Constituyente, que es la más desafiante de las que se hayan hecho hasta ahora, no tiene viabilidad política alguna y podría incluso convertirse en un boomerang para sus promotores porque en una elección de delegatarios el uribismo estaría lejos de ser una mayoría absoluta.

Esas propuestas u otras más extremas como no cumplir la decisión de la Corte no las comparte aparentemente ni Uribe y definitivamente no lo hacen los uribistas institucionalistas, como los empresarios que la desecharon desde el primer momento, ni los simpatizantes de los resultados de su gobierno, pero que no estaban tampoco con su segunda reelección que fue otro intento de ruptura institucional con el que amenazaron haciendo uso de una supuesta mayoría con la que no cuentan para esas aventuras.

De las múltiples opiniones de todos los calibres que ha habido en estos días, no he oído una que diga que ha cambiado de opinión respecto de Uribe. No he oído a nadie que diga: “yo lo apoyaba, pero con esto que ha hecho me desilusioné” o al que diga lo contrario, “francamente no me gustaba pero con esta injusticia sí creo que tenemos que apoyarlo”. Pareciera que cada uno se quedó donde estaba, indignado o satisfecho, movilizado o no, pero donde estaba.

La pandemia impide las manifestaciones públicas, pero las que han sido posibles muestran minorías ruidosas, pero minorías.

Si las predicciones económicas no se cambian por este hecho es porque no se prevén consecuencias institucionales, entre otras cosas y especialmente porque la correlación de fuerzas no hace viable ninguna propuesta dirigida a desconocer la decisión de la Corte, ésta o la que se produzca después de juicio.

Y es que los efectos sobre el imperfecto sistema institucional que tenemos, como lo imaginan los analistas de riesgo de las inversiones, es casi nulo. A nadie se le ocurre que sea posible, por ejemplo, que cierren la Corte, o que un proceso por prevaricato que les abran a los magistrados en el Congreso pueda tener éxito, primero porque quienes estarían dispuestos a hacerlo no tienen la mayoría para hacerlo y segundo, porque hay un sistema de controles lo suficientemente sólido
como para impedírselo.

Es en momentos como estos en los que se valora bien que, por ejemplo, tengamos un congreso bicamaral del tamaño que tiene y no una sola cámara de 100 miembros como propone el uribismo para poder controlarla más fácilmente. Ahora es que se relieva la importancia de que haya un proceso legislativo que parece complicado, con varios debates, tiempos de reflexión y etc., o que la posibilidad de convocar una asamblea constituyente exija que intervengan, no solo los tres poderes tradicionales, sino los ciudadanos en dos ocasiones.

Hacía poco Uribe había dicho que insistirían en la idea de una corte única y en acabar con la JEP, pero reconoció que lo hacían simbólicamente porque no tenía la mayoría para eso y esa correlación de fuerzas no cambia por su detención.

Pero es que, incluso, ahora la idea de la Corte única muestra sus inconvenientes, porque seguramente la defensa del expresidente Uribe habrá pensado incluir a la jurisdicción constitucional por medio de una tutela para que controle la decisión de la Corte, que ya tiene controles y doble instancia el juzgamiento.

Claro que el Presidente Duque ha hecho declaraciones que no debería hacer en contra de las decisiones judiciales y muchos lo hemos criticado por poner en riesgo la independencia judicial, pero para decir verdad esas afirmaciones resultan más o menos inocuas y los que se atrevieron a insinuar que la Ministra de justicia, por haber sido magistrada de la Corte, y algunos otros funcionarios podrían incidir para que la Corte no dictara la medida, se encontraron con una pared.

La independencia judicial es el mayor patrimonio institucional que tiene Colombia y, por ahora, no parece estar en riesgo.

Seguramente, cuando el expresidente Uribe pueda, le reclamará a Duque por compararlo permanentemente con un criminal como Santrich y pedir el mismo tratamiento para los dos, símil con el que además el Presidente y los que lo hacen demuestran que no le han entendido a Uribe que una de las razones para oponerse a la JEP es precisamente porque no acepta que lo metan en el mismo saco.

De todo el ruido parece que lo único que se puede concretar es el cambio de la política criminal del gobierno que ya no va a estar basada exclusivamente en el castigo, la cadena perpetua, “el que la hace la paga”, sino en la presunción de inocencia y los derechos de los procesados. Han ganado adeptos las teorías garantistas. Bienvenidos.

    Periodista prueba

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