La peor defensa es la defensa

La peor defensa es la defensa

Por Héctor Riveros 12 de Septiembre de 2020

Al amanecer del miércoles pasado, circulaba profusamente por las redes sociales un video que probaba exceso de fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional en contra de un ciudadano que unos minutos después falleció. Nadie discutía la autenticidad del documento, ni negaba la ocurrencia de los hechos. La reacción oficial fue defender al cuerpo policial y dudar de lo que nadie dudaba: “esperamos la investigación” dijeron, mientras crecía la indignación ciudadana.

El Presidente Duque, como lo hace en casos similares, se puso en actitud defensiva, con lo cual termina respondiendo por una conducta por la que no tendría que responder, sino exigir que se deriven responsabilidades. Otra vez, se puso del lado contrario al de la víctima y resaltó la actitud "gallarda" del Ministro de Defensa que había anunciado una investigación.

La reacción presidencial produjo dos efectos perversos: por una parte, sirvió de combustible para provocar la movilización de miles de personas a protestar por un hecho que parecía tomaría el camino de la impunidad y la condescendencia de cuerpo y, por otra parte, transmitió el mensaje a los miembros de la Policía que el uso desproporcionado de la fuerza no era una conducta que mereciera el rechazo de sus superiores.

Han pasado varios días ya. Los hechos han costado un número enorme de muertos, que se calcula en 13 pero aún no es preciso y decenas de heridos con armas de fuego. Hay relatos estremecedores de familiares y amigos de las víctimas que cuentan como se trataba de personas jóvenes, que intentaban construir su vida, varios de los cuales incluso no participaban en las manifestaciones de protesta y, sin embargo, la actitud del Presidente no cambia.

El Ministro y el Comandante de la Policía, no el Presidente, han pedido perdón por el homicidio de Javier Ordóñez, en una intención de corregir la equivocada reacción inicial. Duque, según relata la alcaldesa Claudia López, se niega a hacerlo, como si fuera una derrota para él, o para el gobierno o, para lo que pomposamente llaman “la institucionalidad”. Cuando es todo lo contrario, si algo ha recibido reconocimiento unánime ha sido la actitud del Ministro y el Comandante, que si bien fue tardía se acerca al sentimiento mayoritario de la ciudadanía.

Seguramente movido por sus asesores, Duque, finalmente mencionó el nombre de Ordóñez y ayer mencionó algunos de los nombres conocidos de las víctimas de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ocurridos en la noche del miércoles y expresó solidaridad con sus familias. De esos hechos se sabe poco, pero hay serios indicios de que varios de ellos pudieron ocurrir como consecuencia del uso injustificado de armas letales en condiciones que no cumplían los requisitos de excepcionalidad, necesidad y racionalidad que exigen los estándares internacionales para este tipo de actuaciones.

Hay varias resoluciones del sistema de las Naciones Unidas, así como decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Tribunales Europeos y del Consejo de Estado de Colombia que imponen las reglas en el marco de las cuales resulta legítimo el uso de la fuerza y las condiciones en las cuales se pueden usar armas de fuego por parte de los agentes del estado e imponen deberes que incluyen un control posterior para verificar, de oficio, en casos de sospecha de una muerte arbitraria que militares y policías actuaron de acuerdo a las normas.

En Colombia, como consecuencia del largo conflicto armado con guerrillas de todas las pelambres y del combate a las organizaciones del narcotráfico, la Policía, que es un cuerpo civil, según lo define la Constitución, ha adoptado prácticas militares, que la tienen en la paradoja de ser una de las policías mejor preparadas del mundo para ese tipo de operaciones, pero torpe para contener una manifestación estudiantil o para tratar de imponer las normas de convivencia ciudadana a  ciudadanos que ocupan ilegalmente el espacio público, o que consumen licor o drogas, o jóvenes que dibujan un grafiti en algún lugar prohibido.

Es casi obvio que hay que adoptar reformas al interior de la Policía para crear cuerpos especializados en asuntos de convivencia, es claro que los procesos de selección y formación del personal están teniendo fallas, es evidente que los controles no están resultando eficaces. En fin, no debe haber mucho debate sobre la necesidad de hacer una reforma seria a la Policía, que incluso era una consecuencia normal del acuerdo que permitió la desmovilización de la guerrilla de las Farc, sin embargo, Duque, por defender “la institucionalidad”, se niega, según relata la alcaldesa de Bogotá, que se la propuso.

Lo que ocurrió en Bogotá en la noche del miércoles es una tragedia para el Estado en materia de protección de derechos humanos. Todas las explicaciones defensivas solo agravan la posición oficial.

Que había vándalos organizados, parece también obvio, fue la misma explicación que dieron hace casi un año cuando ocurrieron hechos similares en el marco de un  paro nacional. Que debe haber organizaciones ilegales, que tienen pequeños grupos listos a reaccionar en situaciones de tensión social parece claro, pero las autoridades están para evitarlo, no para explicarlo. ¿Cuál es el resultado de las investigaciones de los hechos de noviembre del año pasado?, ¿cuántos responsables han sido condenados?, ¿qué organizaciones se han desactivado?

Repetir las mismas explicaciones no es sino confesar la ineficacia estatal.

Que hubo excesos policiales que pudieron causar la muerte de algunas personas, parece también claro y el Presidente, en vez de rechazarlo con claridad, se enconcha en la defensa.

Lo más fuerte es que lo de esa noche no fue ni inédito, ni excepcional, en Cartagena preguntan por estos días por qué unos policías pudieron asesinar un joven futbolista de 17 años y en Medellín reclaman por la muerte de otro joven en un CAI de la comuna 13 ocurrido en estos días. Todos los años ocurren decenas de homicidios en personas que están bajo custodia policial como estaba Javier Ordóñez y Duque cree que no hay que hacer nada.

    Periodista prueba

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