La justicia en manos del gobierno

La justicia en manos del gobierno

Una actuación, de naturaleza jurisdiccional, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una agencia estatal que depende orgánicamente de la Presidencia de la República, terminó con la declaración de la empresa Uber de que dejaba de operar su sistema de contactos entre conductores y usuarios en Colombia.

La situación es paradójica porque le pega en el ala a la que es casi la única bandera gubernamental: la llamada economía naranja, cuya principal expectativa es el crecimiento de los negocios que se desarrollan con base en nuevas tecnologías de la comunicación, la “economía digital”.

Uber y en general las denominadas plataformas de contacto conforman el que es quizás el sector más dinámico de la economía, aunque no esté medido formalmente. En los últimos cinco años se calcula que en Bogotá al menos 25.000 personas tienen como única fuente de ingresos su trabajo a través de Uber. ¿Qué empresa ha generado esa cantidad de puestos de trabajo en los últimos cinco años?

A través de Rappi y las otras empresas de domicilio o servicios de mensajería trabajan al menos otras 25.000 personas en Bogotá. Los comercios que venden sus productos a través de las mismas plataformas y la industria automotriz han crecido muy por encima de lo esperado por la dinámica que genera el uso de esas tecnologías para crear negocios.

Desde el punto de vista jurídico la decisión del funcionario gubernamental es muy preocupante, porque en la práctica se trata de una medida casi confiscatoria cuya única posibilidad de cumplimiento es el cierre de la empresa porque se ordenó la inhabilitación de la plataforma que es el equivalente a que en negocios no digitales se ordene la destrucción de las máquinas y la demolición del edificio donde funciona una empresa que ejerce prácticas de competencia desleal.

Esa orden, además de desproporcionada, viola el principio de neutralidad en la red, pero lo más llamativo es que, aunque de naturaleza jurisdiccional, fue tomada por un funcionario gubernamental, lo que pone en duda un pilar fundamental de la administración de justicia que es precisamente la independencia de quien toma la decisión que en este caso es un funcionario de libre nombramiento y remoción del Superintendente de Industria y Comercio, quien de hecho, aunque ha cometido la imprecisión de decir que la orden la dio un juez y no un subalterno suyo, se convirtió en el espadachín de defensa de la medida.

No deja de ser llamativo y fuente de suspicacias que el beneficiado con la decisión sea un gremio que se ha alineado con el partido de gobierno y cuyos voceros, según ellos han dicho, se reunieron permanentemente con el presidente de ese partido y con el propio Presidente de la República, mientras se desarrollaba la actuación y que el tema principal de esas conversaciones haya sido precisamente la materia objeto del litigio que un funcionario gubernamental resolvió unos días después de que ese gremio apoyara al gobierno durante la convocatoria del llamado paro nacional.

Uribe y Duque de lo que hablaban con los voceros de los propietarios de taxis era de la eventual competencia desleal que les generaba Uber y las plataformas similares. El apoyo que les ofrecían era protegerlos ante esa “competencia desleal” y de hecho sobre eso es sobre lo que se ha pronunciado públicamente el ex presidente en varias oportunidades.

Uribe dice que a pesar de su apoyo no se ha convertido en un lobista de los propietarios de taxis y que no intercedió para que la decisión de la superintendencia se diera en uno u otro sentido. No hay ninguna prueba de que Duque o Uribe hayan influido en la decisión, pero razones para dudar de la independencia de quien la tomo las hay todas. ¿Le consultó la decisión a su jefe el Superintendente? ¿El Doctor Barreto puede realmente sostener que se enteró de la medida por los medios de comunicación?

El contexto político en el que se expidió la decisión hace crecer las dudas. Se dio en el momento de mayor debilidad del gobierno y en el marco de una convocatoria de protesta en la que el propio gobierno mostró como un gran éxito que los transportadores no se sumaban a ella. Los gobiernos suelen hacer concesiones en esos momentos de crisis.

El ex presidente Ernesto Samper, por ejemplo, cuando se dudaba de su permanencia en el cargo por la revelación de que a su campaña habían entrado dineros provenientes del narcotráfico, hizo múltiples concesiones a gremios económicos que lo apoyaban y le concedió al sindicato de profesores la administración de un sistema de salud que aún padecen los maestros de Colombia.

Algunos han confundido esta decisión de la superintendencia con otras que ha tomado por ejemplo por cartelización de precios. Son completamente distintas, la una es de naturaleza administrativa y por tanto sometida a controles judiciales y la otra es jurisdiccional y por tanto de inmediato y obligatorio cumplimiento. Es la justicia en manos del gobierno, que, si bien está sustentada en una norma constitucional, el artículo 116, está sometida a estrictas reglas definidas por la Corte Constitucional cuyo cumplimiento en este caso es discutible.

El de Uber, que tiene una cantidad de interesantes debates jurídicos sobre la naturaleza del negocio jurídico que celebra con sus usuarios y si presta o no el servicio de transporte, es a mi juicio una alarma sobre las funciones jurisdiccionales que se le han otorgado a la Superintendencia, que no son precisas, excepcionales, restrictivas pero sobre todo no respetan los principios de autonomía e independencia judicial; la imparcialidad del juzgador; y un sistema de acceso a los cargos que prevea un nivel determinado de estabilidad para los funcionarios judiciales.

Las discusiones jurídicas hay que darlas y son muy especializadas en cada caso, pero la posibilidad de que el gobierno esté usando funciones jurisdiccionales para granjearse el favor de determinados sectores nos pone en las puertas del temido castro chavismo.

    Periodista prueba

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