Un fiscal para hacer trizas el acuerdo

Un fiscal para hacer trizas el acuerdo

El Presidente Duque no ha podido cumplir con el propósito de su partido de modificar elementos esenciales del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de la guerrilla de las Farc, porque lo encontró más sólido jurídica y políticamente de lo que pensaba y ahora existe el riesgo de que lo intente hacer, por la puerta de atrás, promoviendo la elección de un Fiscal General abiertamente contrario al componente de justicia del acuerdo.

Duque ha dicho que ya tiene escogidos los nombres que postulará, pero que espera que la Corte Suprema de Justicia llene las vacantes que tiene para facilitar el proceso de votación. Esa condición debería cumplirse en las próximas dos o tres semanas y ahí entonces revelaría la terna que presentará.

Las secciones de confidenciales políticos de los medios de comunicación coinciden en que el Presidente postulará a tres de sus subalternos, lo que ya es un poco desafiante pero ha ocurrido en el pasado. El proceso de selección no va a permitir siquiera que se postule alguien que, sin ser funcionario del gobierno, le diga a Duque que quisiera ser Fiscal. Juan Manuel Santos expidió un decreto para darle algo de transparencia a la escogencia, pero al final quedó claro que era una parodia que solo pretendía dar apariencia a la postulación de Néstor Humberto Martínez.

La candidatura de Martínez no fue, sin embargo, pacífica porque estuvo precedida de renuncias al interior del gobierno de personas que no lo consideraban apto para el ejercicio del cargo. Muchas personas además alertaron sobre los posibles conflictos de interés en el ejercicio del cargo que después se confirmaron.

Una vez en el cargo el Fiscal se dedicó a entorpecer las labores de la Jurisdicción Especial para  la Paz hasta el punto que negó las pruebas que se requerían para evaluar la conducta de Jesús Santrich y su posible reincidencia en delitos de narcotráfico. Su renuncia, en la que pretextó precisamente que las condiciones del acuerdo le parecían una claudicación de la que él no participaría, trajo un poco de calma en las relaciones Fiscalía – Jep que podría terminar con la escogencia un fiscal abiertamente opositor a los términos del acuerdo.

El riesgo central está en que el nuevo funcionario tenga como prioridad probar lo que el uribismo ha pregonado desde hace ya varios años: que los exFarc no renunciaron completamente al delito, que mantienen armas escondidas, que no entregaron todos los bienes, que continúan en el narcotráfico y que la disidencia es una especie de retaguardia, por lo que prácticamente todos, pero especialmente, quienes constituían la cúpula de la organización, deben perder los beneficios que el acuerdo contempla, salir de la jurisdicción especial y debe activarse para ellos la competencia de la justicia ordinaria, en este caso de la Fiscalía para perseguirlos y pedir su captura.

Un Fiscal puede construir una teoría para, por ejemplo, adelantar procesos contra quienes hoy representan al partido de la Farc en el Congreso, para intentar cumplir la promesa de impedir que quienes hayan cometido delitos graves puedan ocupar esas curules.

La sola idea de que el listado de bienes que entregaron fue incompleto y que era responsabilidad precisamente de los miembros de la cúpula proveer esa información, le permitiría al nuevo Fiscal construir un caso de reincidencia por cualquier delito: lavado, receptación, concierto para delinquir, que lo autorizaría para reclamar competencia sobre los exjefes de la guerrilla y perseguirlos penalmente.

No se trata, claro, de garantizar una especie de inmunidad a los exFarc, todo lo contrario, si reinciden que la ley se aplique con todo rigor. Se trata de prender las alarmas sobre los riesgos de incertidumbre jurídica que se abren si a la Fiscalía llega un enemigo acérrimo del proceso.

Ya este gobierno había intentado construir la tesis de que él, sin acudir a la justicia, podía revocar la suspensión de las órdenes de captura que se habían dictado durante la negociación y revivir esas solicitudes cuando tuviera sospechas de que algunos de los exFarc habían vuelto al delito. Basta imaginar el impacto que una tesis de esa naturaleza, en cabeza de un Fiscal General de la Nación, puede tener sobre quienes están en proceso de reintegración para entender la capacidad de destrucción del proceso que tendría ese funcionario sobre lo avanzado.

En su oposición al proceso, a Martínez lo movían varias cosas: su antipatía contra funcionarios del gobierno anterior, su vanidad, su afán de protagonismo, su deseo de aparentarle al uribismo para buscar su apoyo a futuras aspiraciones electorales, pero genuinamente no podía irse contra lo acordado porque él había formado parte del gobierno durante toda la etapa de negociación, el nuevo Fiscal, en cambio, podría ser una persona que desde siempre haya estado en contra de la negociación misma y eso generaría una inestabilidad gravemente perturbadora.

En mi opinión, ésta es la lupa que debe poner la Corte Suprema sobre los nombres que le entregue el Presidente porque elegir a alguien así no solamente sería revivir discusiones que pareciera empiezan a cerrarse sino que sacrificaría a toda la ciudadanía por tener a un Fiscal pendiente de los reflectores para probar los males del acuerdo en vez de concentrarse en la lucha contra la criminalidad que es la primera preocupación de los colombianos.

El Presidente Duque podría usar esta oportunidad para enviar una señal en aras de la unidad que tanto predica y hacer una terna de buenos juristas, uribistas o con inclinaciones políticas de centro derecha, pero que no hayan sido enemigos del proceso para dar un poco de tranquilidad que no vamos a atizar esta hoguera que nos divide.

 

    Periodista prueba

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