Muchas expectativas de víctimas en la JEP no se van a cumplir y el coronavirus lo empeora

Muchas expectativas de víctimas en la JEP no se van a cumplir y el coronavirus lo empeora

Por Laura Soto 02 de Julio de 2020

La semana pasada casi mil víctimas terminaron de hacer sus observaciones a las versiones que dieron los exguerrilleros de las Farc a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP sobre los secuestros que cometieron durante dos décadas hasta 2012. Su insatisfacción con los relatos, unida al desafío que será encontrar unas sanciones suficientemente significativas para reparar en algo su sufrimiento, da una idea de lo difícil que será para la JEP satisfacer las expectativas de las víctimas. Y el covid lo empeora.

Más verdad

El año pasado, la JEP les envió a las 2.120 víctimas de secuestro acreditadas ante esa jurisdicción las versiones que rindieron 350 guerrilleros ante la Sala de Reconocimiento, que lleva el macro caso del secuestro, el que va más adelantado hasta ahora en la justicia transicional. 

De ellas, 891 devolvieron a la justicia sus observaciones y quejas frente a las versiones. 

Algunas de ellas dijeron que quieren conocer el destino de sus familiares desaparecidos; que los guerrilleros reconozcan las crueles condiciones de cautiverio en las que los tuvieron; que expliquen las motivaciones que hubo detrás de los secuestros; que identifiquen quiénes ordenaron los hechos; quiénes los traicionaron y los entregaron a los secuestradores; cómo fue la inteligencia previa para perpetrarlos; que revelen quiénes custodiaban a los secuestrados; que aporten información sobre el paradero de comandantes y ex combatientes responsables; y que les devuelvan sus objetos personales (diarios, notas, cuadernos).

Según la magistrada a cargo del caso 01, Julieta Lemaitre, esas observaciones de las víctimas serán contrastadas con los exguerrilleros y con los informes que tiene la JEP. También pedirán pruebas adicionales, e investigarán más para tratar de llegar a la verdad. 

Estas solicitudes tienen un trasfondo humanitario, están motivadas por el duelo que necesitan hacer las familias o quieren saber qué pasó con un desaparecido, qué pasó en el tiempo del secuestro, que les permite completar la vida del ser querido que en sus recuerdos representa un vacío”, dice Lemaitre. 

La magistrada explica que algunas de las peticiones de los familiares como, por ejemplo, que los exguerrilleros reconozcan lo que hicieron, las condiciones de cautiverio, algunas de las motivaciones que obedecen a esa política de las Farc como retener personas por dinero o para presionar un intercambio con guerrilleros presos sí se lograrán aclarar cuando finalice el proceso en la Sala de Reconocimiento.

Dice que hay suficiente información al respecto, son cosas que de alguna manera son fáciles de probar; si los exfarc no aceptan responsabilidades por hechos probados pueden terminar pagando cárcel durante 20 años.

“Muchas observaciones de las víctimas son que los comparecientes reconozcan temas que las víctimas saben que son ciertos, lo que quieren es que las reconozcan; por ejemplo, las víctimas saben que las trataron mal”, dice Lemaitre.

Sin embargo, hay otros detalles que no saben y que no son fáciles de averiguar. 

Por ejemplo, la solicitud sobre sus pertenencias; o dar con el carcelero; o encontrar un cuerpo desaparecido hace más de 20 años porque lo tiraron al río; o las motivaciones ocultas detrás, como la participación de terceros en los secuestros.  

La magistrada Lemaitre dice que con el paso del tiempo la memoria de la gente falla o se pierde, los sitios y las personas cambian, la evidencia física desaparece, y que por eso habrá muchos casos que no se podrán resolver. 

También hay un alto porcentaje de exguerrilleros con información clave que murieron en combate, que están desaparecidos, o, en menor medida, que se fueron a las disidencias. 

De una estructura guerrillera de 16 personas involucrada en un secuestro, puede que haya seis o siete muertos y uno que se fue, dice la magistrada a manera de ejemplo. Además, hay otros que desertaron o se desmovilizaron.

 

Esto puede dejar huecos grandes en algunos casos. El secuestro del edificio Miraflores y de los congresistas liberales en Huila, para citar un caso, fue perpetrado por la columna móvil Teófilo Forero en cabeza de alias El Paisa, que hoy integra la disidencia del excabecilla y exnegociador de las Farc, Iván Márquez. 

El Paisa guarda varios secretos que los congresistas del Huila quisieran develar. El más grande es qué politicos pudieron instigar su secuestro y si hubo una intención de sacarlos del escenario político, como contamos en esta historia.  

Una pregunta similar por los terceros involucrados tienen los secuestrados del edificio Miraflores: ellos quieren saber si hubo complicidad de civiles en ese crimen.

El reto en estos casos para la JEP será encontrar a los otros responsables que puedan aportar esas verdades. 

Por ejemplo, el constructor Aníbal Rodríguez, que fue secuestrado en la toma del edificio de Miraflores y duró tres años y tres meses en poder de las Farc, junto a su hija, le dijo a La Silla que espera que ante la ausencia de El Paisa, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, que también participaron en su secuestro y no se han ido a ninguna disidencia, les den respuestas. 

La JEP, deberá, según la magistrada, ponderar si el compareciente dice o no la verdad, si es razonable que no sepa determinada cosa. En todo caso, el juez tendrá la última palabra. 

Lo que la magistrada espera lograr en esos casos, es que, según le han manifestado las mismas víctimas, el proceso de búsqueda de esa verdad y la investigación pueda contribuir a cerrar ese ciclo de dolor, pese a no encontrar lo que se quiere con exactitud. 

“Vamos a hacer lo que más podamos, la cuestión es hacer lo posible y tomarse a las víctimas en serio”, dice la magistrada. 

Este asunto de la verdad es clave porque del grado de satisfacción de las víctimas dependerá también el grado de aceptación de ellas a las sanciones propias, que son las medidas que la JEP aplicará a los comparecientes que reconozcan responsabilidad y aporten verdad. 

Lo que piden las víctimas

Hablamos con cinco víctimas de los casos de secuestro y dos de falsos positivos, que es el otro caso avanzado en la JEP, y para todas lo primordial es tener respuestas, llegar a la verdad, como máxima medida reparadora, algo que aún dicen no tener. 

Así lo dice el excongresista liberal secuestrado por las Farc durante seis años, Luis Eladio Pérez, “Ni siquiera en la verdad, que es la parte esencial en la reparación, ni siquiera la verdad se conoció o se ha conocido, y la JEP no se ha encargado de adentrarse en ese tipo de verdad que es la que quiere las víctimas y el país entero para sanar las heridas”. 

Él quiere saber por qué lo secuestraron, quién los incitó, porque, según dice él, “no le cabe duda que en su secuestro hubo mano de mis enemigos políticos de Nariño”. 

Sin eso, no le interesa mucho el tema de las sanciones propias. “No sé qué se invente la JEP y cuál será el tipo de sanciones, sembrar yuca, papa, no le tengo interés a eso, poco interés le tengo a la JEP y lo que de ella pueda derivarse, no me da la suficiente confianza por las declaraciones cínicas de las Farc, casi que burlándose, manifestando que nosotros casi que estuvimos fue en un hotel de cinco estrellas durante la época de la retención como la llaman ellos”. 

Algo similar opina el exdiputado del Valle, secuestrado por las Farc durante siete años, Sigifredo López. “Las Farc han pretendido decir que en el secuestro nos tenían bien, que éramos huéspedes de honor, en su versión mentirosa en este aspecto, mentir en eso equivale a excluirlos de la JEP y pasarlos a justicia ordinaria y la JEP no lo ha hecho. A mí que no me vengan a hablar de sanciones propias y benévolas, cuando las víctimas aceptamos el Acuerdo de Paz para que no hubiera más víctimas y hubiera verdad”.

El mismo sentimiento tiene Ana Páez, madre de Eduardo Garzon Paez, víctima de los falsos positivos perpetrados por militares en Soacha, quien no ve con buenos ojos las sanciones propias, aún cuando haya verdad.

Para ella no hay reparación que alcance para el daño, y también insiste en que los ocho militares que ya fueron condenados por la justicia ordinaria a 25 años de cárcel por su caso, pero hoy están en libertad condicional por haberse sometido a la JEP, digan por qué los mataron y quién dio la orden. 

Ana quiere saber la responsabilidad de los altos mandos y que ellos paguen cárcel. 

“Desde mi corazón pido la pena máxima para esa gente, pero que la paguen”, dice. 

En todo caso, sí hay otras víctimas que aceptan esas sanciones propias, aunque al igual que las anteriores, previa satisfacción de su verdad. 

Ese es el caso de Laura Charry, hija del diputado del Valle Carlos Alberto Charry, secuestrado y asesinado por las Farc, quien quiere saber todos los detalles de cómo sucedió el secuestro y el asesinato desde la versión de Farc. 

“Si reconocen la verdad sí estoy de acuerdo en las obras de reconciliación”, le dijo a La Silla. “Como sociedad hay mucho dolor que hay que resarcir a partir de procesos que generen participación de víctimas, sociedad, pero también generar espacios de diálogo, reconstrucción de infraestructura que va de la mano de la reconstrucción de esas memorias de los hechos”. 

La realización de obras, trabajos y actividades con contenido reparador (Toar), que pueden ir desde construir una escuela, ejecutar programas de reparación a desplazados, de protección al medio ambiente, de sustitución de cultivos hasta alfabetizar, son una de las patas de las sanciones. La otra es la restricción efectiva de libertades, que implica no moverse de un sitio determinado como un pueblo, vereda, ciudad, pero no cárcel. 

El reto de esas obras es presupuestal. 

Algunos familiares de diputados del Valle han dicho que quisieran como sanción que los ex secuestradores de sus seres queridos construyeran un colegio en Pradera o Florida, Valle.

Construir y dotar un colegio como el que ellos quieren para honrar la memoria de sus papás exige una inversión millonaria y toda una gestión gubernamental.  

Según tres funcionarios de la JEP con los que hablamos, el Estado debe financiar estas sanciones. Quizá por medio de políticas públicas o programas que ya estén en ejecución y tengan financiación como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

Sin embargo, en el Gobierno no lo ven tan así. El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo a La Silla que la JEP tiene autonomía para definir, aplicar y financiar esas sanciones, aunque “obviamente habrá que incluirlo en el presupuesto del año entrante” de esa entidad, según explicó.

Sin embargo, la JEP y el Gobierno todavía están definiendo si va haber otro tipo de colaboración entre ambos para la financiación de esas sanciones. 

“Dependiendo de cuáles sean los niveles de colaboración habrá algunas responsabilidades que, cuando se definan, porque no se han definido esos niveles de colaboración, le pueden corresponder a entidades del gobierno”, explicó el Consejero.  

El mismo hecho de que aún no haya consenso sobre este tema, refleja lo difícil que será llevarlas a la práctica. 

La mala jugada del covid

La pandemia, y la crisis económica que trae, reducirá el margen presupuestal para esas inversiones. Encima, el covid agudizará la impaciencia de las víctimas, porque la JEP se demorará más en fallar.

Sin la pandemia, se esperaba que la Sala de Reconocimiento tuviera lista la resolución de conclusión en el caso de los secuestros entre julio y septiembre de este año. Es decir, el fallo en el que se señala quiénes son los máximos responsables de los secuestros cometidos, de qué se los acusa, qué hechos violentos son los más representativos y el proyecto de las sanciones propias para los excombatientes que acepten responsabilidad y aporten verdad. 

Luego, esa resolución debe pasar a la Sección de Reconocimiento o Tribunal de Paz para imponer las sanciones en primera instancia. Es decir, se esperaba tener los primeros condenados este año.

Por el covid, la Sala de Reconocimiento está intentando hacer algunas entrevistas virtualmente, pero no todas se pueden hacer así porque hay víctimas y comparecientes que la Sala quisiera volver a escuchar que viven en zona rural, que no tienen internet y que no se han podido reunir con sus abogados. Y los magistrados tampoco pueden ir a terreno porque no están contemplados dentro de las excepciones, y porque expondrían a las comunidades a un contagio. 

Eso ha retrasado el proceso y, para retomarlo, deben esperar que la pandemia de tregua, o al menos que se rehabiliten los vuelos y el transporte terrestre. 

Mientras tanto, la paciencia de las víctimas se agota. “Tenemos muchas esperanzas en la JEP, pero sinceramente ya empezamos a perderlas”, sentencia el exdiputado del Valle López. 

    Periodista prueba

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