El ministro Trujillo frente a los escándalos, delega el problema

El ministro Trujillo frente a los escándalos, delega el problema

Por Tatiana Duque | Juanita León 21 de Octubre de 2020

Durante el mandato de Iván Duque, varios escándalos de abusos de las Fuerzas Militares han cimbroneado al gobierno. Aunque no es un problema exclusivo del mandato de Duque, el manejo que su ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo le ha dado a los mismos ha sido polémico, y sobre todo ineficaz, y es una de las quejas que la oposición llevará ante el Senado mañana en el segundo debate de moción de censura.

Esto porque la estrategia ha sido, más allá de la salida de los directamente involucrados, delegar la solución del problema, ya sea en comisiones que aún no arrojan resultados o en las mismas fuerzas bajo presión de la Procuraduría, como en el caso del escándalo de las ‘Carpetas Secretas’.

Pero el problema de fondo de desorden interno y falta de liderazgo civil sobre las fuerzas, que es la razón estructural para los múltiples escándalos que han ocurrido este año (ver historia), sigue intacto.

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La comisión de excelencia sigue en veremos

Seis días después de que el New York Times contara en mayo de 2019, que el Ejército pretendía volver a priorizar el conteo de bajas en combate -el famoso body count- que hace 15 años fue el germen de los falsos positivos, el gobierno retiró la polémica circular y conformó una Comisión vía decreto del presidente Iván Duque y su entonces mindefensa, Guillermo Botero.

Inicialmente, hicieron parte tres juristas con vasos comunicantes con Duque y el uribismo: los exmagistrados Mauricio González Cuervo -exsecretario jurídico de Álvaro Uribe-; Hernando Yepes Arcila -en su momento defensor de la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador-; y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, amigo personal de la mamá del Presidente.

Como contamos en su momento, para julio, 13 meses después de su encargo, la Comisión sólo había entregado un informe preliminar, que fue criticado por organizaciones como Human Rights Watch, por solo enfocarse en dos manuales operativos. La ONG de derechos humanos criticó que no evaluara denuncias de soldados, circulares internas y otros documentos.

En ese momento, llevaba ocho meses de retraso en entregar el documento final porque Gómez Méndez renunció, y Palacio no lo reemplazó; y porque los dos juristas restantes consideraron que hechos como las violaciones sexuales y la brutalidad policial debían entrar en el documento.

Según confirmó La Silla con la comisión, el documento final será entregado en noviembre 23 de este año, un año después del plazo que tenían para entregar inicialmente el informe a Duque.

Entre las propuestas que están discutiendo los comisionados está la de sugerir indicadores diferentes para medir los resultados operacionales de la Fuerza Pública, más allá de las bajas y el número de combates, incluyendo indicadores de percepción ciudadana en el territorio donde operan los militares. Por ejemplo, qué tan segura se siente la gente.

Esta es una idea que defendió la ahora vicepresidente Marta Lucía Ramírez cuando era ministra de Defensa y que generó una resistencia frontal de la entonces cúpula militar, pero está alineada con las propuestas de defensores de derechos humanos.

Dentro de la Comisión, según constató La Silla, no hay claridad sobre qué pasará con el documento una vez entreguen las recomendaciones; pero nos dijeron que son consultados regularmente por la secretaria Jurídica, Clara María González, quien recibirá el informe.

Con Trujillo, la Comisión se reunió una vez, poco después de su posesión, a inicios de diciembre de 2019. Este año las reuniones han sido con los comandantes de fuerza.

En todo caso, el carácter de las recomendaciones no es vinculante y solamente sirve de asesoría al Presidente.

“Si no se abordan (los resultados) de forma profunda quedaría solo en una respuesta de coyuntura (...) si no tienen fuerza se pueden quedar en aportes muy débiles sin posibilidad de transformación profunda”, nos dijo al respecto el general (r) de la Policía, Jairo Delgado Mora, miembro de nuestra Red de Paz de la Silla Llena y que ha hecho seguimiento al trabajo de estas comisiones.

 
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La comisión para evitar abusos sexuales de militares tampoco tiene documento

La comisión fue creada el 24 de julio de este año, exactamente un mes después de la denuncia y captura de siete militares, involucrados en la violación sexual de una niña indígena embera en Risaralda, que escandalizó a mucha gente. 

Los siete uniformados están en juicio en la justicia ordinaria y fueron expulsados del Ejército. También salió el sargento viceprimero Juan Carlos Díaz, quien estaba a cargo de este grupo de otros 22 soldados en el Batallón San Mateo en Risaralda.

El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, dijo que en el caso del sargento usó su “facultad discrecional” para sacarlo porque “generó un vacío de liderazgo para que esos hombres cometieran delitos”.

El escándalo, sin embargo, desnudó un problema más profundo de abuso sexual en el Ejército. Según cifras del Comando, desde 2016, 119 miembros del Ejército han sido investigados por abuso sexual, 45 han salido de la institución y el resto están en indagación disciplinaria.

El ministro Trujillo y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez -encargada de los temas de género en el Gobierno-, anunciaron que la comisión la integraría la Consejería Presidencial para la Mujer, delegados de las cuatro fuerzas armadas, el Bienestar Familiar y expertos invitados, para -de nuevo- entregar recomendaciones para evitar que ocurran más casos.

Si bien Trujillo, como lo hizo con el escándalo de los abusos policiales, usó el discurso de ‘manzanas podridas’ en defensa de la institución militar, su mismo despacho reportó al Congreso el mes pasado que en los últimos seis años se han abierto más de 280 procesos contra uniformados solo por abuso sexual de menores. Las fuerzas militares tienen más de 400 mil uniformados en sus filas.

El plazo para presentar las recomendaciones era mediados de agosto, pero como contamos en su momento la Comisión pospuso la entrega del informe para septiembre. Sin embargo, se cumplió el plazo y aún no lo han presentado.

Según un funcionario directamente involucrado con ese informe, ya adelantaron algunas decisiones, como que pedirán a cada fuerza la creación de secretarías para la mujer que reciban casos, de observatorios de género y crear canales anónimos de denuncia.

Pero a hoy, según nos dijo Isabel Cuadros Ferré, directora de la fundación Afecto y una de las dos asesoras externas, no hay noticias de ese documento. “Desde hace un mes recibí la última de las llamadas de la Consejería”, nos dijo.

Consultamos tanto a la Vicepresidencia como a la Consejería encargadas de la redacción y entrega del documento, pero hasta la publicación de esta historia no nos habían respondido en qué quedó el informe.

De acuerdo con Cuadros Ferré, quien trabajó ad honorem en la comisión y ha trabajado el tema con la Policía desde su organización, las entidades encargadas de hacer los informes no tienen el poder de ordenar los cambios.

“Desde la Consejería no puedes poner normas a la Policía, allá hacen lo que se puede. Les toca llegar a hablar a nombre de la Presidencia, pero los que sancionan y ordenan son otros”.

 
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Las Carpetas Secretas, al ritmo de la Procuraduría

En enero de este año, cuando la revista Semana reveló que desde los batallones de ciberinteligencia estaban haciendo perfilamientos y seguimientos ilegales a periodistas, funcionarios y políticos de oposición, el ministro Trujillo, recién posesionado, ordenó pesquisas a los batallones pero los militares, como lo contó La Silla, le embolataron la respuesta.

El general Eduardo Zapateiro, que reemplazó a Nicasio Martínez, intentó sacar a algunos de los involucrados pero el comandante de las Fuerzas Militares prefirió simplemente reubicarlos mientras se enfriaba el escándalo. Este, sin embargo, lejos de enfriarse explotó en mayo.

Semana sacó una segunda denuncia, contando que desde las sedes de los batallones de ciberinteligencia de inteligencia militar 1 y 4 estaban utilizando equipos técnicos donados por el gobierno de Estados Unidos para hacer perfilamientos e interceptaciones ilegales a periodistas y funcionarios del Estado así como seguimientos y envío de sufragios a comunicadores de la revista.

Un día antes de que saliera la publicación, y ya al tanto de ella, el ministro Trujillo anunció que 11 oficiales y un Brigadier General saldrían del ejercicio activo por investigaciones relacionadas con las chuzadas ilegales denunciadas en enero y anunció “una rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años."

Diez meses después de que estallara el primer escándalo, aún no se sabe nada de esa investigación ni el país conoce quién ordenó los perfilamientos de los periodistas y funcionarios, ni para qué. Ni siquiera está claro quiénes fueron perfilados.

Mientras que la Procuraduría se ha referido a más de 60 perfilados, la Fundación para la Libertad de Prensa ha documentado 50 casos, y la Fiscalía, que anunció en ese momento la apertura de indagaciones, tiene la hipótesis de que las víctimas son menos de 20.

Lo que se ha hecho hasta el momento, como le dijo a La Silla un funcionario de la Procuraduría, todo ha sido “puros anuncios y textos de normas y reglamentos”. Y, en respuesta a las medidas cautelares del organismo de control, no en respuesta a una iniciativa del Ministro de ir al “fondo del asunto” como prometió el presidente Duque.

La Procuraduría, como parte del proceso de investigación sobre el escándalo, solicitó unas medidas cautelares al ministro de Defensa Trujillo, quien trasladó la solicitud a los organismos de inteligencia, haciendo explícito que ese no era un tema que le correspondiera directamente: “Son precisamente estos jefes y/o directores de los organismos de inteligencia y contrainteligencia que integran la comunidad de inteligencia a quienes les corresponde adoptar, expedir, revisar y actualizar periódicamente los manuales de inteligencia, contrainteligencia y demás documentos para el ejercicio legítimo de dicha actividad. Ahora bien, es responsabilidad del director de cada organismo, velar por el cumplimento de los preceptos legales …”.

Cuando La Silla pidió al Ministerio la semana pasada qué acciones había tomado frente a este escándalo, la respuesta del Comando de las Fuerzas Militares evidencia que las medidas que ha tomado son las que les exigió la Procuraduría en su medida cautelar.

El Comando explicó a La Silla que han creado las inspecciones delegadas para la Inteligencia y Contrainteligencia en cada una de las Fuerzas y fortalecido los procesos de seguimiento y evaluación de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. También dijo que actualizaron los procedimientos para elaborar documentos de inteligencia y contrainteligencia militar.

Van a lanzar próximamente una línea de denuncias sobre irregularidades internas y un plan de capacitación.

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