Los medicamentos de hepatitis C ponen contra las cuerdas al Ministerio de Salud

Los medicamentos de hepatitis C ponen contra las cuerdas al Ministerio de Salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló la semana pasada que las medicamentos genéricos para tratar la hepatitis C valen 40 veces menos que los de marca. Eso pone al Gobierno colombiano en una encrucijada: o sigue comprando los de marca, que son más caros pero le ayudan a tener una buena relación con el sector farmacéutico y a evitar un lío de diplomacia comercial; o intenta quitar las restricciones de las patentes de ese medicamento, lo que metería al Gobierno en una ardua pelea política internacional pero le ayudaría a ahorrar miles de millones de pesos y podría tratar a más pacientes. 

La presión por el dato de la OPS, y el dilema, se nota en que el comité técnico que asesora en medicamentos al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, se reunió el viernes pasado, pero los funcionarios de los Ministerios de Salud y de Comercio, y del Departamento Nacional de Planeación que lo conforman no llegaron a una decisión. 

En cambio, como nos contó una fuente del Ministerio del Comercio, solicitaron más información al personal técnico.

Además, cumpliendo con el procedimiento de rigor, en los próximos días publicarán en medios nacionales la noticia de que abrirán el proceso para discutir qué hacer con los medicamentos de la hepatitis C. Así, todas las personas interesadas podrán enviar sus comentarios para que el Comité los incluya o no dentro de su estudio. 

Esto sucede porque el pasado 30 de septiembre la OPS anunció, por primera vez en el continente, que los medicamentos genéricos para hacer el tratamiento completo de un paciente y curarlo de hepatitis C cuestan 102 dólares, y no los más de 4.000 dólares que el Gobierno colombiano venía pagando para tratar a una persona con los medicamentos de marca, Epclusa y Sovaldi, de la farmacéutica gringa Gilead.

Esto pone contra las cuerdas al Ministerio de Salud, que tiene tres caminos: seguir comprando los medicamentos de marca para no pelear con las farmacéuticas a pesar de que sea 40 veces más caro que el genérico sofosbuvir; iniciar una pelea para que las versiones genéricas del Epclusa y del Sovaldi entren al mercado y bajen los costos para tratar a más pacientes; o tomar la vía intermedia de fijar el precio máximo en el que está dispuesto a comprarlo.

Este dilema va más allá de la discusión de los temas de salud, pues medirá qué tantos riesgos políticos está dispuesto a tomar el Ministerio de Salud y si se la juega por las farmacéuticas o por el ahorro y los pacientes. 

Sin embargo, no se conoce cuál será la decisión. La Silla contactó a tres funcionarios del Ministerio de Salud para cotejar esta información, pero solo nos respondieron lo relacionado con la cantidad de medicamentos comprados y de pacientes tratados. 

La pelea por abaratar los medicamentos

Aunque es el anuncio de la OPS lo que le mete presión a la decisión del Gobierno, el debate venía desde hace casi cinco años atrás. 

La fundación Ifarma, especializada en política farmacéutica, está presionando al Ministerio de Salud desde 2015 para que declare de interés público con licencia obligatoria los medicamentos para tratar la hepatitis C.

En palabras simples, Ifarma le pidió al Gobierno que considere que esos medicamentos son tan relevantes para los pacientes, que debe hacer todo lo que esté en sus manos para que laboratorios aparte de Gilead (que tiene las patentes) pueden comenzar a vender ese medicamento.

Esto abre las puertas incluso para los medicamentos genéricos, que son mucho más baratos que los de Gilead, quien en Colombia tiene ocho patentes para ese mismo medicamento, que le dan derechos hasta 2030.

Como las farmacéuticas invierten tanto tiempo y conocimiento para crear tratamientos que puedan aliviar o curar las enfermedades, cuando logran tener el medicamento patentan ese invento en cada país, lo que en Colombia les da una patente por 20 años. Con ella, en ese lapso tienen el monopolio como premio a su innovación. 

En la práctica, esto implica que el Gobierno tiene que comprar el medicamento del titular de la patente, así sea más caro que la versión genérica; si no lo hace, puede asustar a la industria farmacéutica con su propiedad intelectual y esta puede decidir no vender en el país. 

Sin embargo, existe un acuerdo internacional de la Organización Mundial del Comercio que permite a los Gobiernos levantar ese monopolio para que haya competencia y haya un precio más bajo, para poder atender a más pacientes.

Para eso se declara que un medicamento es de interés público. 

En Colombia, esa decisión de si hacer o no la declaración pasa inicialmente por un comité técnico conformado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio, y el Departamento Nacional de Planeación. 

Ese comité le recomienda al Ministro de Salud si hay o no razones de “interés público” para hacer que una farmaceútica deba permitir que otras comercialicen el medicamento. 

Si el Ministerio de Salud hace la declaración, esta decisión pasa finalmente por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Hasta ahora, solo un medicamento se ha declarado de interés público en el país (el Glivec para el cáncer). Pero la declaración fue para reducir los precios y no para permitir que se vendan genéricos durante la existencia de las patentes. 

 

La razón que impulsó a Ifarma a hacer esta solicitud es que cuando los medicamentos para tratar la hepatitis C salieron al mercado, en 2013, eran tan caros que ni siquiera los países con más ingresos de Europa podían comprarlos masivamente. 

En ese entonces, cada pastilla de las 84 que se requieren para todo el tratamiento valía 1.000 dólares.   

Esto era, en gran parte, porque curaba la enfermedad en los tres meses de tratamiento, algo tan inusual en la medicina actual que la FDA de Estados Unidos lo consideró como un ‘breakthrough’, el nombre que da a las innovaciones que dan un salto importante en el tratamiento de una enfermedad. 

Pese a su importancia, los precios seguían siendo exorbitantes para la capacidad de gasto de Colombia y por eso, Ifarma presionaba al Ministerio para que comenzara el proceso para quitarle el monopolio a Gilead, lo que no era tan sencillo porque esa farmacéutica, como las demás, ven con malos ojos ese tipo de declaraciones, que han empezado a hacer carrera en países en vías de desarrollo como Brasil e India, y que golpean sus utilidades.

Justamente, el Ministerio estaba dando una pelea distinta para que se comercializaran otras versiones del Glivec, un medicamento para el cáncer, y tener la palea en dos frentes era más difícil.

 

Ante la falta de respuesta, en 2016 Ifarma acudió a la Corte Constitucional pidiéndole que, dentro del seguimiento de una sentencia de 2008 sobre salud, revisara el caso de tres medicamentos que a su juicio debían declararse de interés público, y la Corte le ordenó al Ministerio de Salud resolver la solicitud del medicamento para la hepatitis C. 

La salida que encontró el Ministerio fue hacer que el Estado comprara todos los tratamientos, y no cada EPS por su parte, para negociar con Gilead un precio menor por comprar al por mayor. 

Fue así como, en junio de 2017, el Gobierno colombiano adquirió a través del Fondo Estratégico de la OPS el primer paquete grande de medicamentos de marca contra la hepatitis C, para tratar a 250 pacientes con un tipo de medicamento y a 725 con otro tratamiento. 

El Gobierno logró comprar los medicamentos a menos de una décima parte de lo que pagaba antes, pues se gastó alrededor de 20 millones de pesos por tratamiento, 7 mil dólares en vez de los 85.000 que se hubiera gastado sin esa compra centralizada.

Como la estrategia funcionó, los Gobiernos Santos y Duque repitieron la compra con la OPS en agosto de 2018 y en mayo de 2019, en las que se gastó casi 5.500 millones de pesos y 14.000 millones de pesos, respectivamente, para curar a 1.300 pacientes con hepatitis C. En total, hasta el pasado 31 de julio, habían comprado 2.560 tratamientos por 43.230 millones de pesos, un ahorro esrtimado de 410.000 mil millones; hasta abril, se habían tratado 1.049 pacientes.

El lío es que pueden ser muchos más enfermos.

La disyuntiva del Gobierno

La hepatitis C es una enfermedad silenciosa que se diagnostica casi siempre solo en las etapas finales, cuando es más difícil de tratar, y por eso es importante para la salud lograr más plata para ayudar a detectar tempranamente la enfermedad, o al menos poder tratar a más pacientes. 

Para eso serviría gastar menos en los tratamientos y más en prevención.

Sin embargo, hasta septiembre de este año el Gobierno no tenía otro remedio que comprar Epclusa y Sovaldi a casi 4.000 dólares por tratamiento, que es lo que puede cambiar radicalmente con el anuncio de la OPS de que con genéricos vale 102 dólares.

Este dato, simple a primera vista, le quita al Gobierno las razones económicas que argumentaba para comprar el tratamiento de marca. 

Hasta ahora, la actitud del Ministerio dejaba ver que no daría la pelea para declarar el Epclusa y el Sovaldi de interés público porque ya tenía la gran rebaja por la compra centralizada, tan significativa que no valía la pena intentar otros medios más engorrosos y políticamente sensibles.

Pero ahora que se conoce que incluso con la rebaja podría pagar 40 veces menos por tratamiento, si mantiene su negativa a declararlo de interés público, la decisión se vería más como un respaldo del Gobierno a las farmacéuticas que una razón sustentada en datos económicos, especialmente porque sería contrario a la política de austeridad que promulga el Ejecutivo y contraproducente en estas épocas de estrechez fiscal. 

Además, lo sometería a las presiones de los pacientes de hepatitis C que hoy no están siendo tratados por el costo de los medicamentos. 

Si, por el contrario, el Gobierno prefiere comprar el genérico, deberá librar una batalla para eliminar la patente de Gilead, un proceso largo y tedioso en el que el se somete a las presiones de las industrias internacionales y de Estados Unidos, de donde es originaria esa farmaceútica.

Esas presiones son tan fuertes que jugaron un papel decisivo para que Colombia ingresara a la Ocde. 

Luego de que el Ministerio de Salud, liderado por Alejandro Gaviria, declaró de interés público el medicamento para el cáncer Glivec, Estados Unidos puso entre sus tres condiciones para apoyar su entrada a la Ocde que Colombia hiciera una “campaña de escucha” con la industria farmacéutica para tener en cuenta sus preocupaciones.

Antes de eso, Afidro, que es el gremio de los laboratorios extranjeros de medicamentos, se reunió en 2016 con altos funcionarios de la Presidencia del Gobierno Santos para quejarse de la declaración de interés público del Glivec, y en 2017 enviaron una carta en la que aseguraron que esa declaración era un “enorme daño” a la propiedad intelectual, por lo que pidieron al Gobierno que hiciera una “corrección”.

Como las empresas farmacéuticas han demostrado que tienen poder de presión en el Gobierno de Estados Unidos, las relaciones con ese país podrían enfrentarse a una dificultad si el Ministerio de Salud emprende un camino para declarar de interés público los medicamentos de la hepatitis C. 

Es por eso que, una decisión de esa envergadura, requiere una voluntad política férrea del Gobierno que ayudaría a salvaguardar el derecho a la salud de los pacientes que no tienen el tratamiento por el alto precio del Epclusa y del Sovaldi; lo contrario, si bien protege los intereses de las farmaceúticas y evita esa puja comercial y diplomática, sería un retroceso en una de las políticas más exitosas del exministro Gaviria en materia de salud. 

La pelota está en el campo del Gobierno. 

Nota del editor: actualizamos esta historia el miércoles 9 de octubre a las 3 de la tarde, una vez recibiemos la respuesta del Ministerio.

    Periodista prueba

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