Los cinco poderes que el Congreso está a punto de entregarle al Contralor

Los cinco poderes que el Congreso está a punto de entregarle al Contralor

La semana entrante, la reforma constitucional que presentó el contralor Felipe Córdoba a comienzo de año, y que reforzará su poder enormemente, podrá arrancar el séptimo de ocho debates en el Congreso. Aunque la ha vendido como una medida anticorrupción, no combate la politización sino que le da insumos para reforzar su ya estrecha relación con los congresistas a los que les ha dado representación burocrática. 

El proyecto va como un tren sin frenos en el Congreso, tiene el tiempo suficiente para salir adelante antes del 16 de diciembre, solo lo critican unos pocos legisladores y tiene la gasolina de la excelente relación de Córdoba con el Congreso, tan clara que un alto funcionario del Gobierno nos dijo, off the record, “Lo que me da es envidia de ver lo bien que Córdoba maneja el Congreso”. 

Ya hoy el Contralor puede asumir los casos de las contralorías regionales, incluir a privados en sus procesos por uso de recursos públicos y embargar cuentas, además de la burocracia.

A ese poder considerable se sumarían estos cinco nuevos poderes, que tienen el riesgo de la politización de esa entidad, si sale adelante su reforma antes del 16 de diciembre:

1

Podrá revisar en vivo y en directo las decisiones de todos los funcionarios del Estado

Hoy la Contraloría solo puede revisar las decisiones de los funcionarios cuando terminan sus contrataciones, algo que tiene el problema de que puede llegar tarde a un caso de corrupción pero que evita que termine coadministrando, como pasó hasta la Constitución de 1991.

En ese entonces, entidades como los ministerios tenían una oficina de la contraloría con auditores que aceptaban o no cada gasto de la contratación, lo que les daba un poder de veto que en ocasiones lo llevó a sobornar a los contratistas. “El auditor le decía: bueno le acepto el contrato, pero deme el 10 por ciento”, resume una fuente que conoció esos procesos de primera mano. Agregó que ese peaje les daba incluso para presionar la selección de contratistas, en una suerte de coadministración de la corrupción.  

Por eso, la Constituyente explícitamente le quitó el llamado control previo a la Contraloría y creó las oficinas de control interno para que las entidades se autocontrolen. Aunque dejó el ‘control de advertencia’, como alerta de riesgos de detrimento patrimonial, según tres exfuncionarios de diferentes entidades, se empezó a usar políticamente.  

“Cuando llegaba una de esas cartas de advertencia de la Contraloría se paraba todo el proceso y sabíamos que detrás de eso estaba algún político”, es como lo explica un antiguo alto funcionario del Gobierno. 

Su boom se produjo con Sandra Morelli, quien como Contralora entre 2010 y 2014 envió más de 1000 funciones de advertencia que en muchos casos pararon la contratación, como contamos en 2012. Su sucesor, Edgardo Maya, no tuvo esa herramienta porque la Corte Constitucional la tumbó .

Aunque el proyecto de Córdoba asegura que el Contralor no va a coadministrar porque no puede vincularse a ellos, sí busca revivir ‘los controles de advertencia’.

Según otra ex funcionaria pública si eso se vuelve a revivir acabaría con la  innovación social, pues se podría correr el riesgo de que las cosas empiecen a depender de los conceptos de la Contraloría y se frenen muchos procesos. 

Y que vuelva esa politización, porque la Constitución dejó la elección de los contralores en manos de políticos: los municipales en los concejos, los departamentales en las asambleas y el nacional en el Congreso.  Por eso y solo por dar un ejemplo, concejales de Bogotá recibieron cuotas en la Contraloría Distrital con Juan Carlos Granados, cercano al partido Cambio Radical. 

De hecho, en la Cámara se hundió una propuesta de la representante verde Juanita Gobertus para que los contralores territoriales sean escogidos a través de un concurso de méritos, lo que limitaría su politización. 

En cambio, concejos y asambleas seguirán eligiendo libremente de una terna de quienes tengan los mayores puntajes en una convocatoria pública, lo que deja más margen a acuerdos políticos - aunque la reforma propone que no se elijan al inicio sino a la mitad del periodo de alcaldes y gobernadores, para que no sean todo su período una apéndice de los concejos y asambleas, si es que su composición cambia sustancialmente.

 
2

Podrá suspender a los funcionarios

Hoy la Contraloría no puede suspender a los funcionarios, como sí puede hacer la Procuraduría como parte de un proceso disciplinario que implica el derecho a la defensa. El proyecto propone cambiarlo y permitir que el Contralor exija la suspensión (todo indica que sería una solicitud a la procuraduría a la que ésta no se podría negar) de funcionarios a los que esté investigando, lo que iguala su poder al del Procurador.

Ese poder tiene la ventaja potencial de quitarle la posibilidad de decidir a un funcionario de quien la Contraloría encuentre que potencialmente está siendo corrupto o llevando al Estado a perder dinero, pero también trae riesgos.

Por ejemplo, un exfuncionario de la Contraloría que pidió no ser citado no ve claro que la Contraloría tenga el sustento jurídico para que un reporte, que puede reflejar favores políticos, tumbe a un funcionario. Más cuando en ocasiones hay simples diferencias de criterio entre Contraloría y funcionario.

En ese panorama, un Contralor podría suspender alcaldes o gobernadores lo que podría paralizar decisiones en la que no es claro si habrá detrimento fiscal o no (como comprar o vender acciones de una sociedad de economía mixta), pues habría una sanción temporal pero inminente de suspensión. Decisiones como la de la actual junta directiva de EPM de vender sus acciones en ISA o la de la administración de Gustavo Petro en Bogotá de recomprar las de ETB, podrían terminar con alcaldes suspendidos y crisis políticas como la que vivió Bogotá justamente por una suspensión a Petro, pero de la Procuraduría.

 
3

Será un Fiscal para sus temas

Una proposición del representante Germán Navas Talero, del Polo, que aceptó la Cámara, le dio un poder enorme y extra al Contralor: cuando encuentre un posible problema penal en sus auditorías (lo que técnicamente se llama un hallazgo penal), se lo envíe a la Fiscalía y al cabo de seis meses ésta no actúe, podrá actuar directamente como Fiscalía e iniciar investigaciones penales, potencialmente incluso llevando a las personas ante un juez.

Ese poder enorme le daría a la Contraloría la capacidad de evitar que sus hallazgos terminen engavetados por la Fiscalía, pero también concentraría en ella una capacidad que va más allá de su experticia y rompería con la precaución que hoy existe de que otra mirada, de otra entidad, sea la que defina si el hallazgo efectivamente da para una investigación penal o no.

Para otra exfuncionaria pública con la que hablamos, el riesgo es muy grande en la medida en que muchos de quienes hacen esas investigaciones son cuotas políticas, y por eso sería una herramienta poderosa en manos de intereses políticos. “Curiosamente quienes más hallazgos tienen son quienes tienen menos amigos en la política”, explicó.

 
4

Tendrá más plata y más puestos

Para ejecutar las nuevas funciones, la reforma propone más plata y más funcionarios. 

En lo primero, mete en la Constitución que en los tres años siguientes el presupuesto de la Contraloría General aumentará 250 mil millones un año, otro tanto el segundo, y 136 mil millones el tercero. Como su presupuesto este año es de 580 mil millones de pesos, terminaría el Gobierno Duque con por lo menos el doble de la plata, sin importar las otras necesidades del presupuesto.

Además, necesitará cerca de 1.670 cargos nuevos, según lo que proyectó el Plan de Desarrollo sobre los cargos de la Contraloría, que podrían ser nuevas cuotas burocráticas - aunque falta que un decreto lo regule, por lo que la cifra podría variar o su creación ser más demorada.

 
5

Tendrá acceso a la información privilegiada

Finalmente, para poder vigilar en tiempo real, la Contraloría podrá tener “acceso sin restricciones a los sistemas de Información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas.”

Aunque el Plan de Desarrollo de Duque ya le dio ese poder, con la reforma constitucional se ampliaría a los procesos actuales, pues hoy solo podría usarlo para los que ya pasaron por su función de control posterior y no previo (el Plan dice que ese poder “se entenderá extendida exclusivamente para su uso en el marco de sus funciones constitucionales y legales.”

Eso le permitiría hacer uso de herramientas tecnológicas para encontrar irregularidades potenciales en contratación, pero no es claro cómo manejaría esos datos.

De hecho el Consejo Gremial, envió una carta pública a Córdoba cuando la reforma culminó su primera vuelta en el Congreso, sugiriendo regular ese manejo, pues en muchos casos hay datos personales que vienen del sector privado.

 
    Periodista prueba

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