Las objeciones de Duque no hacen trizas la JEP, pero abren la compuerta

Las objeciones de Duque no hacen trizas la JEP, pero abren la compuerta

Las seis objeciones que presentó el presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz son pequeñas o medianas frente a todo el texto. Sin embargo, también son la llave para abrir la puerta y volver a poner sobre la mesa toda esa justicia transicional, como ha pedido el uribismo.

Eso por su anunciada reforma constitucional para incluir otras tres críticas del uribismo, que reabre el debate de las reglas constitucionales de la JEP y que en el Congreso puede incluir más puntos, como la propuesta uribista de una sala especial para los militares.

También, como explicamos esta mañana, porque el trámite de las objeciones podría terminar hundiendo toda la estatutaria, lo que obligaría al Gobierno Duque a presentar uno nuevo en el que seguramente vendrían más cambios.

Mientras se define si eso ocurre, estas son las seis objeciones puntuales , que en cuatro casos van contra la sentencia de la Corte sobre la estatutaria, en dos reflejan las críticas del Fiscal al proyecto, y en cuatro las de Álvaro Uribe:

 

Esto significa cada una, en detalle:

Esta objeción dice que la ley estatutaria debe decir expresamente que los exguerrilleros tienen esa obligación, que ya está explícita en otras normas como el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, un punto del Acuerdo Final (5.1.3.7), el artículo 4 del decreto ley sobre el inventario de bienes de las Farc (903 de 2017) y la sentencia en la Corte (C-071 de 2018).

Duque argumenta para eso que sin eso "se corre el riesgo de que la sociedad y las personas que sufrieron graves violaciones a sus derechos, no evidencien las actuaciones concretas que corresponden a sus actos de perdón".

También, que la Corte ha pedido normas de reparación claras y precisas en justicia transicional y que no hacerlo "pone en riesgo la interpretación sistemática de la reparación de las víctimas".

Pero como otras normas ya lo dicen, incluyendo la Constitución por el Acto Legislativo, esta objeción es más una cuestión de técnica legislativa que un cambio con efectos prácticos.

 

En este punto, el escrito de objeciones va directamente contra la sentencia de la Corte, hasta el punto de que inicia su argumentación así: "El parágrafo 2 del artículo 19 del proyecto de Ley, en concordancia con la condicionalidad de la honorable Corte Constitucional, es inconveniente".

Es decir, lo que Duque objeta es la condicionalidad que le puso la Corte.

Esencialmente argumenta que si bien es correcto que el Estado pueda no perseguir a los autores que no sean máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, solo lo debe permitir cuando el Estado demuestre que investigó diligentemente y que necesita hacerlo para centrar los esfuerzos en los máximos responsables.

Este es probablemente el cambio más sustancial que buscan las objeciones, pues si bien no obligaría a la JEP a perseguir a todos los responsables, lo que iría contra el Acuerdo, sí lleva a que esa justicia tenga una carga mucho más grande para definir a quién sí y a quién no, lo que hace más difícil su trabajo, y abre la puerta a que en algunos casos las víctimas u otros abran un debate jurídico sobre en qué casos sí debe llegar a todos los responsables. Es decir, debilita el principio acordado de seleccionar y priorizar qué se investiga y qué no.

 

Esta objeción busca tumbar una decisión explícita de la Corte: que es inconstitucional que la Sala de Amnistía no pueda incluir en los listados las personas a quienes el Alto Comisionado decidió no acreditar, porque en la decisión del Comisionado no pudieron participar (debido proceso) y porque la decisión debe ser judicial, en el caso de la JEP (autonomía e independencia judicial).

El Presidente dice que eso deja en duda cuáles son sus funciones para manejar la política de paz, porque no podría definir quiénes son los beneficiarios de un Acuerdo.

Este cambio es mediano porque esa posibilidad se creó para evitar que la JEP esté sujeta a errores del Alto Comisionado, y a que sea un juez que defina quién puede acceder a los beneficios de la justicia transicional, y la idea sería eliminar esa posibilidad o limitarla sustancialmente.

 

De nuevo, la objeción es a la sentencia de la Corte. "El inciso tercero del literal j) del artículo 29 del Proyecto de Ley Estatutaria, de conformidad con su condicionalidad, es inconveniente", dice Duque en su escrito de objeciones.

Esencialmente, Duque critica que la Corte no haya dicho cuáles son las diligencias judiciales que la Fiscalía u otro órgano de investigación (como la Corte Suprema respecto a congresistas) no puede adelantar frente a personas de competencia de la JEP. Eso, a su juicio, produce que se limite indiscriminadamente esa investigación.

Sin embargo, no busca que la Fiscalía pueda seguirlas haciendo ni cambia la prohibición de sentenciar o capturar, y por eso sería un cambio relativamente menor.

 

Una vez más, la objeción busca modificar la sentencia de la Corte: "El artículo 150 del Proyecto de Ley Estatutaria, en lo referente a la potestad probatoria de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz en materia de extradición, de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional, es inconveniente", dice Duque,

La objeción busca que el Congreso defina cuáles son las pruebas "necesarias" que puede pedir la sección de revisión de la JEP en las solicitudes de extradición como la de Jesús Santrich. Eso viene de la sentencia de la Corte que dice que la sección puede decretar "pruebas que considere necesarias para su decisión".

El argumento es que, de no limitarlo, la JEP puede terminar interfiriendo en las funciones de otras autoridades como la Corte Suprema y en la autonomía del país que requiere en extradición, no deja claro hasta dónde puede llegar la Sección (lo que puede llevar a nulidades) y va en contravía de la ley de procedimiento de la JEP (aunque una ley estatutaria tiene mayor rango que una ordinaria como la de procedimiento).

Este cambio es mediano porque afecta la garantía de no extradición aunque no lo acaba, y ni siquiera propone que la JEP no pueda pedir pruebas sino que éstas se limiten claramente.

 

Esta objeción busca aclarar cómo manejar las solicitudes de extradición de personas que se hayan comprometido a decir la verdad y lo están haciendo, para que quede claro si en tal caso se debe negar o suspender la solicitud.

Como cualquiera de esas dos soluciones no riñen con la lógica de la JEP, es más una aclaración para evitar futuros problemas que un cambio de fondo.

Sin embargo, también abre la puerta a que la estatutaria diga cuándo se entiende que hay compromiso real de contar la verdad, algo que no está regulado y para lo que la objeción no hace una propuesta.

Eso, de tener una exigencia excesivamente alta (como que solo hay garantías cuando la persona ya dio versiones libre y reconoció su responsabilidad, por ejemplo), podría terminar haciendo casi inaplicable esa protección, que está creada para dar prevalencia al derecho de las víctimas de conocer la verdad y evitar que se corte, como pasó con los jefes paramilitares extraditados por el Gobierno Uribe por narcotráfico cuando iniciaba Justicia y Paz.

    Periodista prueba

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