La universidad pública le mide el pulso a Duque

La universidad pública le mide el pulso a Duque

El martes de esta semana, las universidades públicas de Cali, Medellín, Bogotá, Manizales, Pasto y Bucaramanga lideraron movilizaciones llamadas “Día D” (Día de la Dignidad Universitaria por el derecho a la Educación Superior Pública) para quejarse de la desfinanciación del sector y la “vulneración a la dignidad del trabajo profesoral”, como reza el comunicado en el que invitaban a las marchas.

La protesta, convocada por profesores, obedece a una movilización mayor que se viene cocinando en las universidades públicas desde que, a fines de agosto, varias instituciones comenzaron a declararse en asambleas permanentes (un llamado que hace que se paren algunas clases, mientras la comunidad universitaria adelanta sus debates).

Sin participar en las marchas ni en las asambleas permanentes, los rectores de las 32 universidades públicas del país, reunidos en el Sistema Universitario Estatal (SUE), también están pidiendo al Gobierno acciones concretas frente al desfinanciamiento, pero desde una posición más conciliadora y de diálogo directo.

Las razones de todas estas movidas justo ahora tienen que ver con la inminencia de la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2019, en el que el sector aspira a salir mejor librado en términos de recursos; el rediseño del programa Ser Pilo Paga y el anuncio de una nueva reforma tributaria, pues profesores y rectores consideran que salieron muy desfavorecidos con la que hizo el pasado Gobierno en 2016, como contamos.

Consultamos 19 fuentes a nivel nacional (siete rectores y vicerrectores de universidades públicas, ocho representantes de profesores y cuatro líderes estudiantiles) para conocer los detalles que quieren poner sobre la mesa para comprometer al recién nacido gobierno de Iván Duque.

Aunque rectores, profesores y estudiantes tienden a coincidir en la atención que piden, cada una de esas tres líneas se empieza a mover a su manera.

1

Los rectores, los más conciliadores

Los rectores no acompañan las marchas ni las asambleas permanentes. Se mueven, en cambio, en otros escenarios como el Congreso y frente al Ministerio de Educación.

Una de las principales razones de los rectores para moverse frente al Gobierno Duque es que, según ellos, la reforma tributaria de Santos de 2016 los dejó sin la plata suficiente para los proyectos de bienestar universitario, infraestructura, formación docente e investigación, porque los fondos terminaron invirtiéndose en el Icetex y Ser Pilo Paga. Por ejemplo, esa reforma reglamentaba que el 0,5 por ciento de los ingresos del IVA irían a financiar la educación y de ese total el 40 por ciento se destinaría para la educación superior pública. Pero un informe del SUE de septiembre de este año dice que, de los 500 mil millones de pesos que esperaban las Instituciones de Educación Superior, sólo llegaron 186 mil millones de pesos, mientras que a los programas y becas que administró el Icetex llegaron 279 mil millones a agosto de este año.

Según los rectores, el hueco se siente tanto que la Universidad Nacional, la pública más grande del país, está en apuros porque le faltan 60 mil millones de pesos para cubrir gastos de fin de año. El funcionamiento de La Pedagógica podría estar en riesgo en dos años si el déficit sigue aumentando, según su rector Leonardo Martínez, y universidades regionales como la del Pacífico, la del Chocó y la Popular del Cesar están en peligro por lo mismo, según el presidente del SUE Jairo Torres.

Pero el tema de fondo que más les preocupa es el de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que determinan el aumento de las transferencias de la Nación al ritmo del alza anual del IPC; según ellos, esta es la verdadera razón del desfinanciamiento. Así, mientras el IPC aumenta en promedio cerca del 4 por ciento cada año, en las 32 universidades públicas el costo de los docentes crece un 10 por ciento, y los gastos de funcionamiento e inversión un 9 por ciento, según un informe del SUE. Lo anterior hace que lo que les entra sea mucho menos a lo que se tienen que gastar. “En promedio las universidades estamos financiándonos 50 por ciento el Estado y 50 por ciento nosotras mismas”, nos dijo el vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Fernando Noreña.

En concreto, estuvieron el pasado 6 de septiembre en las comisiones tercera y cuarta del Congreso exponiendo el problema y los congresistas se mostraron dispuestos a darles una adición de medio billón de pesos en el Presupuesto General de la Nación del 2019 que se definirá en octubre.

También anunciaron que van a llevar al legislativo un borrador para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, noticia que fue bien recibida entre los congresistas, según dos rectores que asistieron.

Además, este mes se han reunido en tres ocasiones con el Ministerio de Educación. La reunión más importante fue la del 4 de septiembre, porque la ministra de Educación, María Victoria Angulo, les aseguró allí inyectarle a las universidades públicas 84 mil millones de pesos antes de que termine el año, y también mostró respaldo a la reforma de la Ley 30, según las versión que nos dieron dos rectores y un vicerrector.

Los rectores dicen que aplauden la noticia de rediseñar Ser Pilo Paga, pero esperan que eso favorezca directamente a sus universidades y no a las privadas. Además, plantean la propuesta de que las alcaldías y gobernaciones le tributen más a las universidades; en el caso de Antioquia, la gobernación solo da el 3 por ciento del presupuesto.

Jairo Torres, de la Universidad de Córdoba, dice que se necesitan acciones concretas más que buenas intenciones; y cree que la Ministra está haciendo una buena lectura del panorama nacional, porque si no responde a estas necesidades, los reclamos se desatarán en las calles. Como ya empezó a suceder.

 
2

Los profesores presionan más

Si bien los rectores están presionando por su lado, los profesores tienen el poder de paralizar las clases en las universidades y poner a toda la comunidad a debatir frente al tema al declarar las asambleas permanentes. Y ya lo están haciendo.

Así ha sucedido en las universidades de Antioquia, Caldas y la Pedagógica, en las que se declararon asambleas permanentes a finales de agosto; y esta semana se unió la Universidad de Nariño. Otras ocho están debatiendo el tema por medio de asambleas informativas (en las que se debate, pero no se paran las clases).

Los profesores comparten las razones de los rectores, pero tienen otras adicionales.

El catalizador de esta movilización, según siete de los ocho profesores que consultamos, es que la reforma tributaria de 2016 les quitó las exenciones que tenían y ahora deben tributar la totalidad del sueldo sin distinguir los gastos de representatividad, como sí pasaba antes. Aunque la reforma fue hace dos años, fue en la declaración de renta de este año que sintieron el golpe.

El 96 por ciento de los docentes de universidades públicas en el país ganan entre cuatro y siete millones de pesos y con la declaración de renta están perdiendo entre 1,5 y 2 salarios anuales, según los consultados. Con esto, no se van a interesar en subir de escalafón o van a preferir el sector privado. “Los profesores pierden el incentivo para hacer tareas extras, se ven sin ganas de jalarle a cargos administrativos”, nos dijo Jota Bayona, profesor de la Universidad del Valle y ex representante profesoral por 10 años ante el Consejo Académico de esa institución.

Pero sus razones no se alejan de las de los rectores. A los profesores también les preocupa la desfinanciación de la universidad y la reforma de la Ley 30 está en sus agendas como una prioridad. En parte porque el déficit ha generado que pocos tengan el beneficio de estar vinculados. Solo el 20 por ciento de los profesores de la Universidad de Antioquia son de planta, por ejemplo, y en la Universidad Tecnológica de Pereira, el 31 por ciento.

Otra razón de movilización es que el pasado Gobierno amenazó con modificar el Decreto 1279, que es el que establece sus salarios. Pero los rectores de la SUE le dijeron a La Silla que la Ministra se comprometió a no modificarlo sin antes discutirlo con ellos. Para Fernando Orozco, representante profesoral en el Consejo de la Universidad Nacional sede Medellín, otra razón es “la frustración de estar educando con las uñas”, porque según él cada vez hay menos posibilidad de investigar, de tener espacios actualizados y de acceder a becas de doctorado.

En esta ocasión están liderando el movimiento -lo que no se veía desde la movilización de la Mane en 2011-, y se han unido tanto los profesores vinculados como los de cátedra y los ocasionales.

Están representados a través de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), que tiene sedes en las 32 universidades públicas; también vía la Asamblea Nacional de Representantes de Profesores ante Consejos Superiores y Académicos de Universidades Públicas (Arpup) y los representantes de profesores ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), que es el comité asesor adscrito al Ministerio de Educación.

Además de las marchas en las calles y los debates en las universidades, los profesores también se están moviendo en el Congreso.

Un día después de la marcha de este martes, Orlando Aguirre, profesor de la Universidad Industrial de Santander y representante de los profesores en el Cesu, se reunió con el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, también santandereano.

Chacón los está apoyando para la creación de una Comisión Accidental de Cámara para el tema de educación, y los va a asesorar en el tema tributario. “Queremos presentar un borrador con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y basándonos en la ley de sostenimiento fiscal” nos dijo Aguirre.

Además del Presidente de la Cámara, congresistas del Polo, Decentes, Mais, Mira y Centro Democrático se pronunciaron mostrando su apoyo a los profesores.

Sin embargo, las asociaciones de profesores no están tan optimistas como los rectores, por eso están presionando para que se conforme una mesa con el Gobierno Duque y el Ministerio de Educación, en la que queden compromisos por escrito en favor de la educación pública y la situación laboral de los profesores.

Tanto a rectores como a profesores, los apoyan en la calle sus estudiantes.

 
3

Los estudiantes, la cara de la movilización

Esta vez los estudiantes no tienen argumentos propios tan aterrizados como los profesores y los rectores, pero son la cara de la movilización que se cocina y quienes llenan las marchas. Así quedó demostrado el pasado martes, cuando calles de Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Manizales y Pasto se llenaron de jóvenes con la consigna más conocida: “¿Quién es usted? ¡Soy estudiante!”.

En el movimiento estudiantil es donde más se siente la desconfianza hacia el nuevo Presidente. Los cuatro estudiantes que consultamos critican que en campaña Duque haya propuesto asociar a las universidades públicas con el sector privado.

Aunque no han pensado declararse en paro, la del martes no será la única movilización del semestre y están planeando otra gran marcha nacional para el 10 de octubre, aseguraron fuentes de dos universidades.

También, hoy viernes habrá una reunión en Caquetá con 32 delegaciones (una por cada universidad pública) de estudiantes, incluyendo del Sena, colegios y universidades privadas, para plantear demandas claras para el Gobierno Duque.

 

Y Duque...

Para conocer la respuesta del Gobierno a lo que está pasando, intentamos buscar a la Ministra de Educación, pero no fue posible.

Por lo que nos dijeron los rectores que se reunieron con ella, la única promesa concreta hasta ahora que favorece directamente a las universidades públicas es la de los 84 mil millones de pesos que llegarán este año, dinero que ya estaba destinado desde el Gobierno Santos.

La Ministra aún no aclara en qué va a consistir el rediseño de Ser Pilo Paga, espera presentar un borrador en octubre. Duque dijo al respecto que buscará “incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad y decirles a las universidades privadas que también pongan".

Tampoco aterrizan aún las propuestas que hizo en campaña el Presidente sobre el “vehículo financiero” de las universidades públicas y el “asocio con el sector privado”. Ni el papel que va a tener el Icetex.

Una fuente del Ministerio de Hacienda nos contó que hasta ahora el presupuesto que dejó radicado el Gobierno pasado le aumenta 3,4 por ciento a la educación y le destina 3,9 billones a las universidades públicas.

Ya se irán conociendo en detalle las respuestas del nuevo Gobierno en un pulso que apenas empieza y se podría calentar.

    Periodista prueba

      Continúa Leyendo


    Powered by