La paz de Uribe es con más impunidad

La paz de Uribe es con más impunidad

Durante la negociación de la semana pasada que llevó a un acuerdo improbable sobre militares en la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el expresidente Álvaro Uribe hizo una propuesta que va en contravía de lo que ha defendido estos últimos años: defendió darle más impunidad a los exguerrilleros de las Farc siempre y cuando ese beneficio también cobije a los militares.

La posición anterior

El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe hizo campaña entre 2012 y este año con la impunidad que, según él, creaba el Acuerdo de La Habana para las Farc.

Cuando los diálogos entre el gobierno Santos y las Farc apenas llevaban un año, Uribe decía “nuestra oposición al proceso de paz no es a la paz sino a la impunidad”. Su argumento era que concederles total impunidad a los responsables de delitos atroces es un mal ejemplo que promueve nuevas violencias.

En la campaña del plebiscito de 2016, uno de sus eslóganes era el de "paz sin impunidad". 

Siendo consecuentes, cuando ganó el No y arrancó la renegociación del Acuerdo con el Gobierno Santos, el Centro Democrático propuso, entre otras cosas como eliminar la JEP, aumentar la sanción de quienes no reconocieran sus delitos a un rango de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad.  

A esa postura fue la que le dio la espalda la semana pasada.

El viraje

El martes pasado, en medio de la discusión a puerta cerrada entre todas las bancadas sobre el procesamiento de militares en la JEP y según le contaron por aparte a La Silla cuatro congresistas que estuvieron allí, Uribe propuso que los militares y exguerrilleros que no reconozcan su responsabilidad pudieran salir de la cárcel tras estar en ella 5 años.

 

Eso sería menos sanción que lo acordado. Hoy solo pueden salir libres luego de pagar entre 15 años y 20 años de cárcel, sin derecho a libertad condicional, un castigo mucho mayor que tener libertad condicional a los 5 años (que incluso sería menor que la de la justicia ordinaria, en la que hay derecho a pedirla al cumplir tres quintos de la pena, el equivalente a 9 años en una sanción de 15 años de cárcel).

Es decir, el expresidente propuso darle más impunidad a la exguerrilla, siempre y cuando también hubiera más para los militares.

Lo hizo con el argumento de que ese beneficio evitaría falsos testigos y auto incriminaciones falsas. Su lógica es que al tener un menor incentivo de reconocer la responsabilidad, se reducirían los casos de personas que incriminan a otras falsamente o los de personas que admiten hechos que no ocurrieron sólo para que les rebajen las penas.

La bancada pro paz se opuso porque no estaban dispuestos a más reducciones de penas generales y sin condiciones, pues los guerrilleros y militares que no reconozcan sus delitos tampoco van a contribuir a revelar la verdad ni a reparar a las víctimas.

Eso a pesar de que la JEP está montada sobre la base de que puede beneficiar a quienes cometieron delitos graves en el marco del conflicto, siempre y cuando lo hagan y reconozcan su responsabilidad.

Por eso, la propuesta de Uribe reduciría la satisfacción de los derechos de las víctimas, que podría abrir la puerta para que la Corte Penal internacional intervenga en el proceso, pues se acercaría a lo que tanto se dijo en La Habana que no iban a hacer: un intercambio de impunidades.

Eso fue tan claro que, a pesar de que los exguerrilleros saldrían beneficiados, la Farc se sumó a esa posición. El senador Carlos Antonio Lozada le contestó que no estaban dispuestos a pactar más reducciones de penas de las que se negociaron en Cuba. 

Aunque al final la idea del expresidente se hundió y no quedó incluida en el pacto que se selló en la Comisión Primera de Senado la semana pasada, queda la pregunta de por qué el viraje de Uribe.

Una posible explicación es que era la única forma de hacer viable el contentillo de menos cárcel a los militares, porque en el marco de la justicia transicional no puede haber un tratamiento más benigno para los agentes del Estado que para los exguerrilleros.

Otra es que estuviera buscando que haya menos verdad judicial, pues su propuesta desincentivaría que exguerrilleros y militares contaran lo que ocurrió.

Y una más es que, al pasar de la oposición a ser el padrino político del Presidente, pasó de ser el de mano firme que exige mayores penas, al de corazón grande que muestra clemencia (es decir, a una postura que tuvo cuando fue presidente, como recordó hace dos años Daniel Coronell).

La Silla intentó comunicarse con el expresidente por medio de su jefe de prensa, pero no contestó nuestros mensajes.  

En todo caso, como el pacto entre las bancadas dejó la puerta abierta para que cualquier congresista pueda presentar otras iniciativas sobre estos mismos temas en otras reformas, Uribe puede revivir su idea.

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    Periodista prueba

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