Frente a Minesa el gobierno pone la cara económica y esconde la ambiental

Frente a Minesa el gobierno pone la cara económica y esconde la ambiental

Por Ana León 13 de Agosto de 2020

Hoy renunció Rodrigo Suárez a la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Su renuncia, justo cuando la discusión sobre Santurbán está al rojo vivo, puede darle nuevas excusas al Gobierno para mantener el silencio cómodo por el que ha optado, en lo que tiene que ver con las implicaciones ambientales del proyecto minero en la vecindad de Santurbán mientras que las cabezas del sector minero lo respaldan.

Si bien Suárez adujo el tradicional argumento de que se va por motivos personales, el diario La República plantea que la decisión tendría que ver con el hecho de que varios procesos de licenciamiento (como el de Minesa) estaban demorados. 

La Silla Vacía consultó a Suárez al respecto y aludió a su bebé recién nacido. Más allá de cuáles sean las verdaderas razones, su salida alimenta la idea de los ambientalistas de que el Gobierno ya tomó la decisión a favor de la minera árabe Minesa y que sencillamente está creando las condiciones para que sea inevitable como uno de los motores de reactivación, sin tener que encarar de frente el rechazo ciudadano al proyecto.

Suárez, quien durante los últimos 15 años ha trabajado en el Ideam, el Ministerio de Ambiente y en la Anla, les ofrecía garantías porque es un técnico comprometido con lo ambiental; ahora les preocupa que Duque nombre a alguien más interesado en los beneficios económicos inmediatos que trae o que el que llegue diga que apenas va a empaparse del tema y dilate aún más la toma de una decisión.

El argumento de la reactivación

La discusión sobre la licencia de Minesa en Santurbán, un proyecto que lleva más de dos años buscando visto bueno, se reavivó a finales de julio, luego de que la viceministra de Minas, Carolina Rojas, sugiriera en una entrevista que ese proyecto ya estaba avalado por la Anla.  

 

“La Anla tomará todas las medidas de revisión para asegurar que este proyecto se haga con (altos) estándares”, dijo Rojas textualmente. 

La declaración sirvió como munición para que el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán desatara una fuerte movilización en redes en contra del proyecto y del Gobierno. 

Esta resistencia contra la megaminería en Santurbán lleva más de 10 años en Bucaramanga y en los últimos años se ha convertido en una bandera ambientalista nacional y en una de las que esgrimieron durante las marchas del año pasado.

La movilización digital tuvo poco efecto, pues cinco días después, consultado sobre el tema, el ministro de Minas, Diego Mesa, acogió los argumentos de Minesa y aseguró en La W que con el proyecto no se afectará el agua del páramo: “en este momento lo que muestra el proyecto es que no va a haber ningún tipo de afectación a las fuentes de agua”. 

Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente, que es el llamado a hacerle contrapeso al proyecto desde lo ambiental, se ha mantenido al margen de la discusión. 

El silencio verde

El ministro Ricardo Lozano, quien asesoró a Minesa en el pasado, se declaró impedido para hablar del tema. Así lo reiteró durante el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre Santurbán la semana pasada, en el que se mantuvo al margen.

El silencio lo prolongó el ministro de Ambiente ad hoc para este caso, Alberto Carrasquilla (titular de Hacienda), quien fue designado por Duque desde octubre. En la misma audiencia, afirmó que no tenía nada por decir, argumentando que su función aún no ha iniciado. 

“Mi rol consiste en participar del llamado Consejo Técnico Consultivo. A la fecha el Consejo Técnico Consultivo no ha empezado (...) Yo creo que lo importante es la participación de las personas que están conociendo el trámite de licencia ambiental”, dijo Carrasquilla. 

El Consejo Técnico Consultivo es una instancia que la Anla puede usar en los casos de licenciamiento que considere de especial importancia, como éste. Además, le encarga al ministro de Ambiente, emitir un concepto técnico vinculante. 

Suárez, como director de la Anla, llevó el caso de Minesa a esta instancia en octubre del año pasado.  

La explotación de oro en la vecindad de Santurbán es un tema sensible porque por un lado, podría representar una inversión de 1.200 millones de dólares y 5 mil empleos. Y por el otro, plantea un riesgo ambiental alto porque el proyecto está muy cerca al páramo de Santurbán, de donde se surten de agua 2 millones y medio de personas en los santanderes, según la Contraloría.  

Como contamos en esta historia, el mismo estudio de impacto ambiental plantea afectaciones hídricas, y según conceptos de la Alcaldía de Bucaramanga y su acueducto, el riesgo de desabastecimiento y contaminación es alto. 

Además, la movilización alrededor de la defensa de Santurbán ha crecido tanto, que  incluso en las presidenciales fue el debate central en Santander. 

De ahí que la Anla haya optado por escalar la discusión de otorgar o no la licencia al nivel de responsabilidad más alto en materia ambiental, que es justamente el ministro de Ambiente.  Ese era el espíritu de la figura del Consejo Técnico Consultivo, según nos explicó el exviceministro Luis  Gilberto Murillo, quien la creó. 

La Anla es la encargada de citar ese Consejo, pero como no ha terminado de evaluar la licencia, no la ha convocado.

El silencio de los encargados ambientales del tema lo hizo evidente durante el debate el procurador delegado para asuntos ambientales, Diego Trujillo. Planteó que “la normatividad que habla del Consejo Técnico Consultivo, nos habla de un Ministerio de Ambiente muy fuerte en su presencia. Pero tenemos el problema de un impedimento y de una persona que se encarga y que no ha empezado a cumplir las funciones legales”. 

Y es que si bien es cierto que ese Consejo no ha arrancado, no impide que nadie en el Ministerio de Ambiente conozca del caso.

En la Anla le dijeron a La Silla que actualmente sí hay “coordinación e interlocución” con el Ministerio, específicamente con el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental, a cargo de María Claudia García Dávila, al que le han informado del trámite de licenciamiento. 

Una fuente que trabajó en el Ministerio de Ambiente y conoce el caso de Minesa pero prefirió no ser citado para ahorrarse problemas, nos dijo que lo que demuestra el silencio del Ministerio es que no quiere ser parte del proceso sino del resultado y que eso puede ser peligroso. 

La posición oficial es que la vocería frente al caso es solo de la Anla. Esa fue la justificación del mismo Carrasquilla en el debate para no referirse al tema: “mal haría yo entrar a discutir temas eminentemente técnicos que está estudiando la Anla”.

El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán cree que el Ministerio de Ambiente se está lavando las manos con respecto al proceso de Minesa. Considera que el Gobierno deja rodar el proyecto como estratégico para la economía, pero no habla de eventuales impactos ambientales. 

“No tienen en cuenta las valoraciones económicas de los pasivos ambientales a perpetuidad que tendría el proyecto pero sí hablan de beneficios por regalías e impuesto a la renta que serían ínfimos”, dijo Hernán Morantes del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán.  

Pero, incluso, desde el sector minero la lectura de ese silencio tampoco es positiva. 

El exviceministro de Minas, Carlos Cante, nos dijo que uno de los problemas de la política minera en el país es que los gobiernos no envían un mensaje unificado a la hora de impulsar los proyectos, justamente por temor a la presión de sectores ambientalistas. 

“¿Si hay razones técnicas, por qué no defenderlas?”, nos dijo. 

Además, una fuente que trabaja en el sector de Minas y que nos pidió no ser citada por no estar autorizada, nos dijo que una de las cosas que complejiza la labor de esa cartera es el hecho de que los procesos de licenciamiento no tienen unos tiempos claros. 

“Listo, si la tienen que aprobar que lo hagan o si la tienen que negar que la nieguen. Pero que nos digan cuándo van a decidir”, dijo. 

Duque ni ni

En medio de esas dos posiciones al interior del Gobierno, entre defenderlo desde lo económico y guardar silencio desde lo ambiental, el presidente Iván Duque ha mantenido una posición de ambigüedad.

En una entrevista en Caracol Radio hace una semana, Duque se salió por la tangente cuando le preguntaron si Minesa llegaría a explotar oro en el páramo de Santurbán diciendo que la concesión minera no había sido entregada en su Gobierno. 

“...No es que Minesa vaya a llegar. Si usted revisa, revise quiénes fueron los que otorgaron esa concesión y en qué momento se hizo”. 

En efecto, el contrato de concesión minera de Minesa no fue otorgado en este Gobierno sino en el segundo periodo de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la decisión de darle visto bueno o no para explotar, le corresponde a Duque, quien hasta ahora resulta ausente en el debate.

    Periodista prueba

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