EPM dobla la apuesta por Hidroituango

EPM dobla la apuesta por Hidroituango

Este fin de semana el gerente de EPM le confirmó a Portafolio que la empresa va a competir en un proceso que armó el Gobierno para asegurarse de que incluso sin Hidroituango el país no se quede corto en generar energía.

El lío es que lo hará justamente con esa hidroeléctrica y que, si le va bien en ese proceso pero mal poniendo a funcionar la planta, eso podría terminar derrotando el objetivo de la subasta y dejando al país sin la energía suficiente.

El proceso es una subasta que hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, para que empresas con proyectos de generación de energía pujen por comprometerse para estar listos a suministrar energía del 2022 hasta 2032, cuando el país la necesite.

Para eso, el Estado les pagará mensualmente el llamado “cargo por confiabilidad”, así no tengan que operar, que es el equivalente a pagarle a un taxi por estar listo para trabajar cuando haga falta.

 

El alboroto

La razón principal por la que la Creg abrió una nueva subasta de cargo por confiabilidad es la incertidumbre de si Hidroituango entrará a generar energía en 2021, como lo tenía previsto.

Así lo dejó claro la entidad en el documento técnico con el que inició el proceso en junio del año pasado, justo después de la crisis de Hidroituango, en el que dijo que un eventual fenómeno de El Niño podría retrasar aún más la entrada en operación de Hidroituango.

Según los estudios de la Creg, sin Hidroituango habría un déficit de 6.924 gigavatios-hora, y con la hidroeléctrica de EPM con toda su capacidad, sería de 1.215 gigavatios-hora.

Por eso el anuncio de EPM cayó como un balde de agua fría en el sector, en particular a las plantas de generación térmica (a gas, diésel y carbón), porque con Hidroituango, EPM tendría la capacidad de quedarse con buena parte de la subasta y porque ven esa entrada como algo que no era previsible y que no les conviene.

“Si entra Hidroituango (a pujar) no se necesita la subasta”, nos dijo Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el gremio de generadoras que agrupa mayoritariamente a empresas con plantas térmicas como Celsia y Termotasajero.

Estos procesos siempre implican una incertidumbre para las plantas que apuestan por él, un riesgo que asumen porque el cargo por confiabilidad es la fuente de ingresos más estable a la que pueden acceder.

El cargo por confiabilidad es un mecanismo codiciado por todas las plantas de generación de energía porque hoy son la única fuente de dinero que les garantiza ingresos fijos hasta por veinte años.

Las otras son los contratos para venderle a las distribuidoras, como Codensa o Electricaribe, a uno o dos años, y la bolsa de energía que maneja XM para comprar día a día, en la que el precio lo define la demanda a diario.

Como usualmente en Colombia hay más capacidad de generar que consumo (lo que permite que si hay un pico de demanda no se produzcan apagones), las plantas que tienen costos de operación más altos tienen menos chance de vender en la bolsa.

Por eso cuando se anunció la subasta las térmicas, que valen más para operar que las hidroeléctricas, vieron una oportunidad para financiar nuevas plantas o proyectos para aumentar su capacidad.

107 proyectos se presentaron a la subasta y, aunque oficialmente no se conoce la lista de las que entraron, información que es confidencial, de acuerdo con los datos de Andeg al menos 27 térmicas estaban firmes para participar.

Con EPM en juego, sienten que compiten contra alguien que lleva las de ganar porque tiene un proyecto prácticamente construido, y por eso las probabilidades de éxito de las demás bajan y sus riesgos suben.

Según conocimos de dos fuentes distintas, al menos seis térmicas están considerando no entrar a la subasta por este motivo. Mañana miércoles, cuando los interesados deben presentar una póliza de seriedad, se sabrá si se bajan del bus.

“No tiene sentido pagar una garantía a un banco para participar en una subasta que no tienes chance de ganar”, nos dijo una de las fuentes.

Independientemente de lo que pase con las térmicas, el riesgo de que Hidroituango gane en la subasta es que EPM incumpla nuevamente con la fecha de entrada en operación y tampoco la logre a finales de 2022.

En ese caso habría que hacer nuevamente una subasta para evitar el riesgo de que falte energía.

Consultamos a la Creg sobre este tema pero su director, Christian Jaramillo, nos dijo que no se podía referir a proyectos específicos.

Sin embargo, nos confirmó que el proceso que tiene en vilo el pago cargo por confiabilidad que se ganó EPM con Hidroituango en años anteriores no es un impedimento para que participe en esta subasta.

EPM sube su apuesta

La decisión de meterse en la subasta, cuando la empresa está cada vez más aporreada como contamos, es asumir un riesgo grande.

Si EPM lo hace, asumiría un tercer compromiso para vender energía que producirá Hidroituango si se salva y entra a operar, y por lo tanto la posibilidad de recuperar su inversión más rápido o de terminar perdiendo todavía más.

En concreto, de los 5.709 gigavatios por hora de capacidad de la hidroeléctrica al año, ya tiene comprometidos 4.567.

Eso quiere decir que máximo podría subastar 1.141, un 16 por ciento de los 6.900 gigavatios hora al año que por ahora busca la Creg (puede reducir esa meta durante el proceso de subasta, si mientras tanto aparecen más generadores que hacen menos necesario tener tantos “taxis parqueados”).

EPM se comprometió en 2008 a estar disponible para entregarle al país una parte de la energía que produciría (1.085 gigavatios por hora al año) a partir del 2018 -cuando estaba programado el inicio de producción de energía- hasta el 2038.

Eso, a través de una subasta de cargo por confiabilidad que le dio la palanca para arrancar a construirse porque le daba garantía a EPM de ingresos a futuro, como contó La Silla Paisa.

En 2012, comprometió otra parte, más grande (3.482 gigavatios por hora al año), a partir del 2023.

De hecho, para poder cumplir con el compromiso que firmó en 2008 con la Nación, aceleró las obras que estaban retrasadas en 2015.

Pero con la emergencia que empezó en abril del año pasado y la decisión de inundar en mayo de la casa de máquinas, el corazón del proyecto, para salvarlo, se volvió incierto el inicio del funcionamiento de la presa e incluso su viabilidad.

Como ha dicho el mismo gerente de EPM, Jorge Londoño, del estado de la casa de máquinas que hasta ahora se está desocupando de agua depende si funcionará la central, que tantos daños tiene, si se puede reparar y cuánto tardarían en hacerlo.

Si se la gana, tendría garantizado un flujo de caja que le cae muy bien por el golpe financiero que le creó la emergencia de Hidroituango, y que sigue creciendo con cada día de demora, lo que podría mejorar la confianza del mercado en la empresa.

Además, manda la señal de que está convencida de salvar la hidroeléctrica, lo que puede ayudar a recuperar la confianza que ha perdido hasta el punto de que el presidente Iván Duque le pidió ayer, en su visita al proyecto, que “dé información clara al país de las siguientes etapas para tener una estabilización y control de la obra”.

Si Hidroituango puede producir energía, y cuándo, solo se sabrá cuando EPM pueda entrar a la casa de máquinas, la desinunde y revise cómo quedó. Eso tardaría unos dos meses, según le dijo a La Silla el ingeniero Luis Alberto Sierra, coordinador del Centro de Monitoreo Técnico de Hidroituango, en un recorrido por la obra.

La subasta será antes, el 28 de febrero y si acude a ella EPM, responsable técnica y financiera del proyecto, se juega dos cosas.

  • Garantizar un ingreso fijo por la generación de energía que, a unos 16 dólares por megavatio-hora, podrían darle una cifra en el orden de unos 2 millones de dólares mensuales (es un estimativo muy aproximado, sin saber el precio final de la energía en la subasta y asumiendo que logra subastar el 15 por ciento de la capacidad de Hidroituango), es decir, unos 6 mil millones de pesos.

    Ese ingreso fijo le caería como anillo al dedo a EPM cuando se desconocen los sobrecostos totales que tendrá la obra por las afectaciones a las comunidades, las multas de la Anla y los trabajos extraordinarios, que ya la han llevado a tomar medidas como apretar las transferencias a Medellín y vender activos y que para septiembre estimaba en 251 mil millones de pesos.

    Por eso, contar con más ingresos asegurados podría ser incluso un salvavidas para EPM aunque su monto es altamente incierto por la naturaleza variable de la subasta, por los datos que son naturalmente confidenciales y porque EPM no respondió las llamadas de La Silla Vacía para conocer más información.

  • Quedar bien parada ante el país y la banca internacional, pues la muestra de seguridad de que el proyecto sigue siendo viable, tendrá más credibilidad tanto para levantar su imagen como para que le presten plata. Por ejemplo, prestamistas de EPM como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Japan Bank for International Cooperation podrían sentir un alivio, después de que el año pasado se redujeron los ratings crediticios de los bonos de EPM, y lo que hace que tenga que pagar más intereses si busca más deuda.

    “Con los cargos por confiabilidad las empresas pueden tener más bancabilidad”, le explicó a La Silla Jaime Millán, doctor en recursos hídricos de Colorado State University y exjefe de la Sección de Economía de la División de Energía del BID. “Ganando la subasta, EPM muestra que tienen una plata fija a pesar de que haya incertidumbres”

    También enviaría a la opinión pública el mensaje de que todo el esfuerzo ha valido la pena porque están seguros de que la hidroeléctrica se salvará.

    Eso es particularmente importante cuando está tan fuerte el debate sobre su perjuicios a los ecosistemas ribereños que algunos políticos, como Gustavo Petro, proponen desmontar la obra, y cuando la Procuraduría abrió investigación formal a EPM por los efectos de secar casi totalmente el río Cauca por unos días y la Anla inició un proceso sancionatorio por no garantizar el caudal aguas abajo.

Mañana se sabrá si EPM dobla su apuesta por Hidroituango, lo que puede desencadenar un nuevo debate sobre la presa y sus efectos -ya no ambientales o sociales, sino económicos y sobre el futuro energético del país-, o si opta por una estrategia más cautelosa que evitaría esa discusión pero que no le aseguraría ingresos en plena debilidad financiera.

    Periodista prueba

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