Golpes uribistas a la JEP por ahora no tienen efecto

Golpes uribistas a la JEP por ahora no tienen efecto

Por Juanita León 14 de Agosto de 2020

La primera gran encuesta aplicada después de la detención de Álvaro Uribe muestra que la estrategia política del uribismo para defender a su jefe ha tenido hasta el momento el efecto contrario al que esperaban. 

Esto, por lo menos por ahora, le da un respiro a la JEP contra la cual el Centro Democrático ha enfilado sus ataques. Que se mantenga esta tendencia dependerá en parte de la actitud que muestren los jefes del partido Farc. 

La encuesta “Colombia Opina”, realizada por Invamer y financiada por Caracol TV y Blu Radio, fue aplicada por teléfono a más de mil personas en municipios de todo el país, en zona rural y urbana, con un márgen promedio de error del 5 por ciento. La aplicaron entre el 30 de julio y el 4 de agosto, y una semana después, recontactaron a 471 de los encuestados para medir cómo había cambiado su opinión sobre varios aspectos relevantes después de la detención domiciliaria de Uribe por presunta manipulación de testigos.

Todos los resultados son desfavorables para la estrategia que ha emprendido el Centro Democrático -y el mismo presidente Iván Duque- de deslegitimar a la Corte y de promover una narrativa emocional creando un paralelo entre la detención de Uribe y la libertad de los ex jefes guerrilleros de las Farc que aún no han sido condenados por la JEP.

Para comenzar, el 53 por ciento de los encuestados dijo estar de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema y 41,4 por ciento en contra.  

Y a diferencia de otros casos, en donde la detención de un personaje transforma la percepción sobre él, en este caso no se generó ni una ola de solidaridad con él ni una de indignación. A juzgar por la encuesta, no cambió en nada la percepción que tenía la gente sobre el Expresidente.

Lo que si cambió fue la percepción de la Corte Suprema, y para bien: su favorabilidad subió  7 puntos al 51 por ciento, superando por primera vez en tres años su imagen desfavorable, que bajó 4 puntos a 42,6.

Esto a pesar de que el uribismo se fue lanza en ristre contra la Corte, planteando incluso una Asamblea Constituyente para acabarla, y que tanto el Presidente como los líderes gremiales cuestionaron la decisión y establecieron un paralelo con los guerrilleros que siguen sin ser juzgados por la justicia transicional.

Muchos analistas señalaron que uno de los efectos que tendría la detención de Uribe es un debilitamiento de la Jep, si no a nivel constitucional, por lo menos entre la opinión pública. Por ahora, la encuesta prueba lo contrario.

A raíz de la detención domiciliaria contra Uribe, la favorabilidad de la Jep aumentó seis puntos, a 52,3 por ciento, la mejor que ha tenido desde 2018 cuando Invamer comenzó a medir su percepción. Mientras que su imagen negativa bajó un punto a 42,2 por ciento.

Si la encuesta es confiable y las tendencias se mantienen, los intentos que haga el Centro Democrático por modificar la Jep en los próximos meses tienen poca probabilidad de éxito. Lo que, en todo caso, no garantiza que el desenlace del caso de Uribe no la termine debilitando en el futuro.

 

Las movidas del uribismo

Desde el mismo instante en que una comisión de seis juristas (tres escogidos por el gobierno Santos y tres por las Farc) diseñó el capítulo de justicia transicional del Acuerdo de Paz en la Habana, los uribistas la han presentado como una justicia hecha a la medida de las Farc porque entre su catálogo de penas no está la cárcel para aquellos que confiesen los crímenes atroces que cometieron y reparen a sus víctimas.

Modificar la Jep fue una promesa de campaña de Duque, y no lograr hacerlo porque sus objeciones se hundieron en el Congreso en mayo del 2019 fue uno de sus primeros fracasos como Presidente.

Después de su estruendosa derrota, Duque aceptó la invitación del Procurador Fernando Carrillo a un almuerzo con la presidente de la Jep, Patricia Linares, y se comprometió a colaborar con la justicia transicional.

Sin embargo, dos meses después, el gobierno intentó reducir en un 30 por ciento el presupuesto de la entidad. Sólo fracasó porque Linares aprovechó una reunión con todos los embajadores europeos para salir en medios y denunciar el recorte justo antes de que Duque se reuniera con Eamon Gilmore, el enviado Especial de la Unión Europea para la paz de Colombia que visitó al país justo esa semana.  

Pocos días después, Linares dijo en una entrevista con RCN que “el mismo presidente de la República  me manifestó que estuviéramos tranquilos porque él personalmente iba a estar muy atento a que el sistema y la Jurisdicción contara con los recursos que necesitamos". 

Desde entonces la JEP ha trabajado en medio de “una calma chicha”, como lo llamó una de las personas consultadas para esta historia que trabaja en la corporación.  Hasta la víspera de la detención de Uribe.

El Centro Democrático, el asesor de comunicaciones de Duque Hassan Nassar y el mismo Presidente han retomado sus críticas y ataques a la JEP para mostrar la desproporción de que mientras Uribe está preso los guerrilleros que combatió siguen en el Senado. 

Es un paralelo que no tiene sustento fáctico puesto que Uribe no fue detenido por ningún delito cometido en razón del conflicto, sino por supuestamente manipular testigos en un caso que arrancó años después de firmado el Acuerdo de Paz. Pero es fácil de hacer por la carga simbólica que tiene el hecho de que Uribe, que para muchos colombianos salvó al país de las garras de las Farc, esté preso mientras que los guerrilleros dan cátedra en el Congreso.

Estos embates son hasta el momento retóricos. Pero incluso antes de la detención de Uribe la senadora Paloma Valencia había anunciado que presentaría una reforma a la Jep en esta legislatura. Por ahora solo tiene ocho votos de los 12 que necesita para que el proyecto se apruebe en la Comisión Primera.

“Los definitivos son los liberales”, dijo a La Silla la senadora Angélica Lozano, de la Comisión Primera. 

En particular, los senadores Fabio Amín y Miguel Ángel Pinto que votaron con el gobierno la reforma antiliberal de la cadena perpetua podrían inclinar la balanza en contra de la Jep.  Pero tendrán un menor incentivo de desobedecer la línea del jefe natural del Partido César Gaviria si la opinión pública -como lo refleja la encuesta de Invamer- va en contravía de las pretensiones uribistas.  “Esa discusión es una perdedera de tiempo porque la pregunta depende de los mismos actores”, dice Lozano.  “Sí sube la presión para que la Jep de resultados”.

La presión, según pudo confirmar La Silla con dos fuentes, se siente en estéreo en la JEP. 

La JEP le mete el acelerador

Estaba previsto que para comienzos de año, hubiera las primeras acusaciones contra los jefes de la guerrilla en el caso 01 del secuestro y contra los militares en el de los falsos positivos, pero la pandemia retrasó los tiempos. No pudieron hacer las grandes audiencias masivas en territorios con cientos de víctimas y tampoco las de comparecientes. 

Eso ha forzado a la Jep a replantear su forma de trabajar, y también a acelerar la operación reforzando las salas encargadas de los casos con magistrados auxiliares y profesionales del Tribunal y nuevos funcionarios contratados con recursos de la Unión Europea. 

Con el esquema de ‘movilidad’ de funcionarios han tratado de compensar el problema de diseño que tuvo la Jep, pues la distribución de personal se hizo a la medida de la vanidad del Tribunal y no de las necesidades que tendrían las salas, donde se concentra todo el trabajo durante los primeros años mientras elaboran los casos. 

El plan de la Jep es  tener el escrito de acusaciones en los casos de secuestro y falsos positivos listos en los próximos dos meses.

Más de 300 guerrilleros declararon en el caso del secuestro y más de 2 mil miembros de la Fuerza Pública se han presentado a la JEP en el caso de los falsos positivos: 2.019 del Ejército Nacional, 34 de la Policía Nacional y 16 de la Armada Nacional.

Por eso, aunque los ataques del Centro Democrático contra la JEP giran alrededor de su falta de resultados contra los exguerrilleros, la campaña de descrédito también les sirve para reducir el impacto letal de la información que salga del macro-caso de los falsos positivos cometidos durante los gobiernos de Álvaro Uribe. 

Más cuando casi la mitad de los militares comparecientes estaban presos y a cambio de sus confesiones recuperaron su libertad anticipada 15 o 20 años antes de cumplir su pena. Entre los que decidieron aterrizar en la JEP, está el general Torres Escalante, quien ya comenzó a hablar y ha reconocido hasta ahora una falla de omisión.

No tienen el mismo incentivo de hablar los exguerrilleros en el caso 07 que abrió en marzo la JEP para investigar el reclutamiento de menores y abuso sexual cometidos por las Farc.  

La primera audiencia está prevista para el 18 de agosto, cuando comparecerán 15 ex comandantes a rendir su versión.

El informe que le pasó la Fiscalía a la Jep compromete a 5 mil guerrilleros e involucra a 5.242 víctimas. Hasta la fecha, solo hay 10 sentencias condenatorias. Por lo cual, la colaboración de los líderes de la Farc va a ser clave para esclarecer estos crímenes atroces. No será fácil.

De alguna manera, matar, secuestrar o extorsionar son crímenes que los guerrilleros justifican como parte de su proceder ‘revolucionario’. Como le dijo una fuente a La Silla “están habilitados en esa conciencia”. Otra cosa es aceptar que violaron mujeres y reclutaron niños a la fuerza; eso los derrumba como guerreros ante su misma tropa y ante las familias que hasta ahora los empieza a reconocer. Ni hablar del costo político que tendrían estas revelaciones para ellos que cambiaron las armas por las urnas.

De ahí que hayan empleado todo tipo de recursos para embolatar el llamado a versión libre que el magistrado a cargo del caso, Iván González, tenía previsto para diciembre. La Farc ha metido 29 recursos en contra; incluyendo la recusación al magistrado y la apelación. 

“No estamos rehuyendo a la verdad”, dijo a La Silla el senador y ex jefe negociador de las Farc Pablo Catatumbo. “Nosotros estamos firmes en el compromiso que hicimos de no volver a la guerra y cumplir lo que nos corresponde. Pero queremos hablar de esos temas controversiales en contexto, una guerra de 50 años no se puede tratar en blanco y negro.”

El argumento de Catatumbo, y de las Farc, es que si bien hubo niños en sus filas nunca los reclutaron a la fuerza, algo que ha sido refutado por decenas de testimonios de papás y de guerrilleros que desertaron.

“El Ejército también tiene que reconocer que usó niños para hacernos daño, nosotros no infiltramos niños para matar soldados como sí lo hicieron ellos”, dice Catatumbo, y cuenta el caso de una niña infiltrada del Ejército que mató a varios guerrilleros y que Jacobo Arenas entregó a una comisión del gobierno de Belisario Betancour durante los fallidos diálogos de paz en los ochenta.

“Hay 9 casos comprobados de violación de mujeres por parte de la guerrilla en la Fiscalía, 123 del Ejército”, dice. “Hay que despojar el debate de moralismo, ponerlo en contexto. No se puede en blanco y negro”.

Catatumbo dice que le preocupa la avalancha de ataques contra la Jep pero que no tienen por qué explicarle al país que el proceso de Uribe es muy diferente al de ellos. “Es que nosotros paramos una guerra y él se puso a delinquir”, dice. “El país no ha cambiado, pero está cambiando.”

Este tipo de argumentos probablemente alimenten el discurso uribista contra la JEP y la polarización que inevitablemente el caso de Uribe genera. Sobre todo, si es condenado.

Porque así la JEP se mueva rápido y le imponga la sanción máxima a los ex jefes de la guerrilla, las sanciones propias de la justicia transicional son reparativas y por lo tanto, Uribe seguirá privado de la libertad mientras los otros construyen una escuela o hacen desminado.  

“El poder de los jueces reside en la credibilidad de sus decisiones, que la gente crea que son justas, en este caso que las Farc pagó”, dijo a La Silla una persona que participó en la negociación del Acuerdo de Paz. “En el largo plazo, así la JEP profiera cosas si no logra credibilidad va a seguir dejando una sed de justicia. Se requiere grandeza de las Farc frente a una circunstancia así.”

 

    Periodista prueba

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