La declaración del coronel aceleró todo

La declaración del coronel aceleró todo

El expresidente Álvaro Uribe anunció formalmente su intención de promover una modificación constitucional que revoque los poderes actuales -cortes y legislativo- y que cambie el componente de justicia (JEP) acordado para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto. Lo primero porque el Centro Democrático no tiene el control y lo segundo porque teme que ese mecanismo no sea imparcial frente a los agentes del estado y terceros responsables de crímenes.

La amenaza de “subvertir” el orden es un método usado por el uribismo cada vez que un poder constituido toma una decisión contraria a sus intereses. Se ha vuelto tan repetido que incluso a periodistas y actores políticos les empieza a parecer natural y obvio: si un juez decide en contra de la opinión de ese sector político la “salida” es una asamblea constituyente, como si el camino natural no fuera acatar la decisión.

Con el Centro Democrático en el gobierno se ha activado en forma muy visible el sistema de controles. Las cortes -todas- han tenido más trabajo que el habitual por el intento de ese Partido de adoptar decisiones en contra del orden establecido: quieren modificar el acuerdo que desarmó a las Farc a pesar de que ha recibido el respaldo institucional de todos los poderes públicos; quieren hacer fracking a pesar de que los jueces han ordenado suspenderlo; quieren influir en las decisiones judiciales a pesar de la garantía de independencia.

En el congreso no han conseguido las mayorías para aprobar reformas constitucionales cuyo objeto es aumentar el poder del ejecutivo y subordinar a los otros poderes.

Las propuestas de reducir el tamaño del congreso y de unificar las cortes, solo tiene dos propósitos: modificar la actual composición de esos cuerpos (revocar sus elecciones) y facilitar que el ejecutivo pueda controlarlos.

Esas ideas las tienen ahí siempre, inspirados en el chavismo que cooptó y subordinó el poder judicial primero y cuando perdió las mayorías en el legislativo le quitó las funciones, ya sin jueces independientes para impedirlo.

Claro cambiar el “equilibrio” de los poderes es un propósito permanente de los partidos de gobierno que prefieren controlarlo todo. Los filósofos liberales clásicos identificaron el riesgo desde el primer minuto y por eso diseñaron un sistema de pesos y contrapesos que lo evitara. El nuestro está a prueba, el de Venezuela cuando lo sometieron a pruebas similares no resistió.

Cuando los poderes se resisten, la propuesta es obvia: saltárselos. Por eso Uribe invoca el estado de opinión y promueve un referendo en el que cree que tendría la mayoría. De la constituyente han desistido por ahora porque las cuentas no les dan para controlarla, según lo reveló hace poco Rafael Nieto, uno de los principales autores de estas jugadas.

En las democracias liberales la tensión es permanente: los partidos de gobierno tratando de abusar y quedarse indefinidamente y el sistema tratando de impedirlo. Donde consiguen someter al poder judicial abusan y se quedan.

En este caso, en realidad, hay un ingrediente adicional que es el que lo hace un caso especial. Colombia es un país en transición que debe resolver cómo trata los delitos que se cometieron en el marco de un conflicto armado y por tanto la batalla final se traslada de lo militar a lo judicial. Por eso para las Farc era tan importante convenir un esquema que, a su juicio, les garantizara imparcialidad y así se diseñó la JEP. Era lo único que les interesaba realmente en las negociaciones de La Habana.

Uribe, a quien muchas personas lo sindican, sin suficientes pruebas todavía, de haber cometido, promovido o facilitado abusos en el marco del conflicto le preocupa lo mismo. Él dice que la preocupación no es personal sino en favor de militares acusados y de terceros no combatientes y por eso unos días propone acabar con la JEP, otros  ampliar el número de magistrados que la integran para tratar de incidir en la selección de los nuevos y otros convertirla en una sala de la Corte Suprema, previo controlar la Corte mediante la revocatoria de los actuales magistrados, para lo que se requiere proponer modificar su integración, que es la unificación con las otras cortes. Todas las propuestas van dirigidas a lo mismo y todas necesitan deslegitimar el poder judicial en forma sistemática.

Lo paradójico es que los militares sindicados o condenados de haber cometido delitos en el marco del conflicto parecen, en cambio, sentirse cómodos con la fórmula de la Jurisdicción Especial de Paz, pero Uribe no, a pesar de que el acuerdo trató de tranquilizarlo excluyendo a los expresidentes de la jurisdicción de la JEP.

Bastó que Noticias Caracol, Bluradio y Noticias Uno revelaran los detalles de la declaración de un coronel en el que sindica directamente y con algún nivel de detalle al comandante de las fuerzas armadas en épocas de Uribe para que el expresidente activara el “estado de opinión” y anunciara su decisión y la de su partido, que es el partido de gobierno, de “patiar el tablero” con el propósito principal de acabar la JEP.

Cambiar la composición del Congreso es solo para intentar controlarlo para poder cambiar la integración de las Cortes para controlarlas y poder controlar el cuerpo judicial que deba juzgar los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.

Si todo eso fue con la declaración de un solo coronel, ¿qué nos esperará?

 

    Periodista prueba

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