'Pactemos con los ilegales para que no maten líderes'

En la historia del conflicto, son varios los ejemplos de acuerdos ciudadanos con los actores ilegales que controlan los territorios. Análisis del investigador Luis Trejos de nuestra red de expertos.

Al momento de escribir este texto, la cuenta de líderes sociales asesinados en el Caribe en lo que va de 2019 está en cinco: dos en Bolívar, dos en Magdalena y uno en Córdoba. Si se tiene en cuenta que en todo el año pasado ese triste saldo fue de 17 en la región, el panorama se ve desesperanzador, más teniendo en cuenta las elecciones locales octubre, momento en que ciertos liderazgos sociales incomodan a algunos actores ilegales.

Este domingo que pasó, aquí en La Silla Vacía publicaron una historia sobre la paz “mafiosa” que se vive en Tumaco: la reducción de los homicidios en ese puerto, tras un pacto que promovieron algunos líderes sociales y fue mediado por la iglesia.

Se trata de una opción realista para salvar la vida de los líderes, que no es la primera vez que se lleva a cabo en la historia del conflicto.

Han sido muchas las opiniones e indagaciones sobre por qué, dónde y quiénes asesinan a los líderes. Es tal la presión social sobre el tema que la Fiscalía General de la Nación reconoció la sistematicidad de los asesinatos, en contravía del Gobierno que se niega a reconocer dicha situación.

Precisamente en la negación del Gobierno radica una parte del problema, ya que eso evita el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (ente que necesita urgentemente más recursos humanos y financieros) y la celeridad de sus procesos internos, así como la formulación de una política pública efectiva.

En este contexto, se hace necesario partir de diagnósticos reales (no ideales) para poder formular medidas que sirvan y puedan aplicarse.

Lo primero que hay que señalar es que Colombia tiene más territorio que Estado, es decir, nuestra institucionalidad es limitada espacialmente y tiende a funcionar (con distintos grados de efectividad) en espacios urbanos, mientras las áreas rurales de los márgenes o periferias del país no cuentan con oferta institucional plena, por lo menos no en lo que a seguridad, aplicación de justicia, infraestructura vial y recaudo de tributos se refiere.

A riesgo de parecer irracional, se debe entender que todo indica que los líderes sociales que habitan los territorios sin presencia estatal no recibirán ningún tipo de protección oficial, al menos no una que sea suficiente.

Por ello, se deben generar acuerdos o pactos locales con los actores armados ilegales o los poderes de facto que controlan dichos territorios.

Estos pactos pueden ser facilitados y acompañados por la iglesia católica, las iglesias cristianas, la cooperación internacional y la Defensoría del Pueblo, y en ellos deben establecerse unos límites claros sobre qué temas pueden gestionarse o denunciarse y crear mecanismos de resolución de los conflictos que surjan en el marco de la aplicación e interpretación de los pactos.     

En el pasado, estos acuerdos se hicieron con distintos grados de aplicación.

Por ejemplo  en el año 2001 el frente de guerra central del ELN logró concretar un Acuerdo Humanitario con 23 alcaldes del oriente del departamento de Antioquia, en el cual esa guerrilla se comprometía a no atacar durante un año estos municipios, para que los mandatarios de los mismos trasladaran las estaciones y comandos de Policía fuera de la cabecera municipal con el fin de evitar daños a la población civil y sus bienes en caso de incursiones.

“Los 23 alcaldes del oriente de Antioquia ratificaron personalmente al ministro del Interior, Armando Estrada, que continuarán con el ‘proceso de acercamiento estrictamente humanitario’ que iniciaron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar ataques a sus poblaciones. Así lo manifestaron al término de un encuentro con el Ministro, en la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, los mandatarios enfatizaron que acatan las directrices del Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con las negociaciones y diálogos con la insurgencia. El alcalde del Carmen de Viboral, Humberto Restrepo, dijo que los burgomaestres están en disposición de hablar con todos los grupos armados porque de lo contrario podrían convertirse en blanco de esas mismas organizaciones. Restrepo insistió en que continuarán con este proceso en forma respetuosa y disciplinada porque es una necesidad para sus municipios. El ministro Estrada no entregó declaraciones a la prensa[1].

El Acuerdo fue avalado por la Organización de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. Días después de celebrado, los grupos paramilitares retuvieron por la fuerza a varios de los alcaldes firmantes del mismo, para advertirles que serían declarados objetivos militares si sacaban a la Fuerza Pública de sus municipios. Por lo cual éste fue suspendido.

En el Caribe, un ejemplo destacado de este tipo de pactos lo constituye la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado (proceso soberano por la vida, la justicia y la paz), que sigue vivo y cumple ya 13 años.

Micoahumado es un caserío del municipio de Morales, sur de Bolívar. En el año 2005, sus pobladores apoyados en la Cooperación Internacional buscaron un acercamiento con la comandancia del ELN en la región y lograron que éste último disminuyera los enfrentamientos armados con el Ejército en su territorio y además desminara la cancha de fútbol, la bocatoma del acueducto y 15 kilómetros de vías.

De manera simultánea, miembros de organizaciones sociales y del Ejército de la zona llegaron a un acuerdo para facilitar el trabajo y evitar la confrontación armada. De esta forma, la comunidad de Micoahumado y la vereda La Caoba recuperaron cerca de 17 kilómetros.

Este año conmemoraron 13 años de fundación de esta importante experiencia comunitaria que ha mantenido vigencia a través de los años bajo el lema: Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado.

 


[1] Villarraga, Álvaro (compilador). Exigencias humanitarias de la población civil. Hacia el logro de compromisos y acuerdos humanitarios. Bogotá, Colombia: FUCUDE, 2005, p. 106.

      Periodista prueba

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