El caso Sanclemente, más allá de Vicky, muestra cómo Barbosa ejerce su poder

El caso Sanclemente, más allá de Vicky, muestra cómo Barbosa ejerce su poder

Por Jineth Prieto 16 de Octubre de 2020

Más allá de la novela en twitter por la filtración de una conversación que Vicky Dávila tuvo en la sala de redacción alrededor de la presunta responsabilidad del exembajador de Uruguay Fernando Sanclemente en la instalación de un laboratorio de coca en una finca de su propiedad, las decisiones de Francisco Barbosa alrededor de este caso suman un nuevo cuestionamiento sobre cómo el Fiscal General está interviniendo en procesos de alto perfil en su entidad.

Por petición de Barbosa, ayer la Fiscalía echó para atrás el preacuerdo que había firmado Laureano Martínez, el mayordomo de la finca, para darle en su lugar un principio de oportunidad a cambio de colaboración eficaz.

En una semana, Barbosa reasignó todos los procesos relacionados con ese caso, sacó al poderoso Director de Narcotráfico, la dirección que tenía a su cargo el preacuerdo del mayordomo y otros que han sido acordados por los capturados, y envió el mensaje de que respaldaba directamente la decisión del nuevo fiscal del caso.  

Todas decisiones que entran en conflicto con la autonomía que la Constitución le garantiza a los fiscales frente a los casos que llevan.

El caso

En febrero de este año estalló el escándalo del laboratorio de procesamiento de coca en una finca en Guasca, Cundinamarca, de la que era copropietario el exembajador Fernando Sanclemente junto con la familia Spiwak, ambas dueñas del grupo de hoteles Dann.

 

El hallazgo se dio tras un operativo en conjunto entre la Fiscalía, la Dijín y agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y resultó con la destrucción de un complejo cocalero que tenía capacidad de procesar 1,8 toneladas de cocaína al mes y la captura de cinco personas. 

Ese laboratorio era parte de una red que exportaba coca a través del Dorado con ‘mulas’, y era solo uno de varios laboratorios que hacían parte de esa operación ilegal. 

Desde entonces ha habido otras siete capturas. Entre esas, la del mayordomo de la finca Laureano Martínez, que como la mayoría de aprehendidos, buscó la manera de negociar su pena a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos. 

En julio, la Fiscalía oficializó el primero de los acuerdos que correspondió al de los cinco hombres que fueron capturados en febrero cuando las autoridades descubrieron el laboratorio. 

Todos se declararon culpables de los delitos que les imputaban y cada uno fue condenado a 8 años y medio de prisión y a una multa de más de $1.600 millones.

El siguiente preacuerdo, que se hizo público el mes pasado, fue el del mayordomo Martínez, quien es clave por dos razones. 

La primera, porque, como contó El Espectador, le entregó a la Fiscalía detalles de la operación de esa red de narcotráfico, ubicaciones de más laboratorios y dijo que declararía contra 15 personas más que no están capturadas; y la segunda, porque podría aportar información para establecer si Sanclemente tenía conocimiento de las actividades ilegales en la finca, porque el mayordomo fue quien facilitó que instalaran el laboratorio de coca.

Con ese preacuerdo, ayer era la audiencia prevista para que un juez evaluara si cumplía con los requisitos y lo condenara. Pero, en su lugar, la Fiscalía sorprendió retirando el preacuerdo. 

Y no solo retirando el preacuerdo, sino reasignando el caso a otra dirección.

Hasta ese momento, el caso del mayordomo y de los otros capturados estaban en la Dirección contra el Narcotráfico, que hasta la semana pasada fue dirigida por el exfiscal Ricardo Carriazo, y a la que pertenece Yasmín Llanos, la fiscal que tenía asignado el caso.

Pero el Fiscal Barbosa decidió el 5 de octubre pasarle el expediente a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, y acumular en el fiscal Daniel Hernández, todos los casos relacionados con la finca de Sanclemente, incluyendo la del exembajador que estaba en la unidad Delegada ante la Corte Suprema.

Esa dirección del CTI, en principio, es una ‘todera’ y no tiene que ver directamente con el narcotráfico, pero Hernández es un fiscal experimentado, con cancha en procesos polémicos y a quien Barbosa parece tenerle confianza, un privilegio del que gozan pocos con el actual Fiscal General.

En la audiencia de ayer, Hernández retiró el preacuerdo con el argumento de que por ser un caso de interés nacional la Fiscalía buscaría que el mayordomo se acogiera a un principio de oportunidad por colaboración eficaz.

A diferencia del preacuerdo, con el que el condenado recibe una rebaja de penas a cambio de su confesión pero no tiene que colaborar más con la justicia, el principio de oportunidad sí obliga al detenido a declarar en juicio y entregar pruebas contra las personas que dice que acusará, a cambio, de que ni siquiera le quede un delito en su pasado judicial.

Con ese principio de oportunidad, ahora la Fiscalía intentará recaudar más información “para conocer a fondo quiénes son responsables como autores materiales diferentes a los ya procesados o quiénes fueron los determinadores o financiadores de esa actividad delincuencial”.  

En otras palabras, le ofreció un incentivo poderoso al mayordomo para que declare en contra de Sanclemente si es que tiene información que lo perjudique, con lo cual el proceso podría dar un giro. 

Hay dos lecturas sobre el detrás de cámaras de la decisión de último minuto del Fiscal.

El detrás de cámaras

La primera versión nos la dio la defensa del mayordomo de la finca, Víctor Muñoz, y dos fuentes de la Fiscalía que conocen de cerca el caso.

Los tres coinciden en que la fiscal de la dirección de Narcotráfico que tuvo el caso hasta la semana pasada, Yazmín Llanos, no se interesó por ahondar en la información que podría entregar el investigado como testigo. 

“La Fiscal nunca ahondó en lo que podía revelar Laureano sobre el exembajador”, dijo Muñoz a La Silla. “Ella no le preguntó puntualmente por lo de Sanclemente. La percepción que teníamos es que ella quería cerrar el caso con una condena pronta y no más. No que estuviera detrás de esclarecer todo”.

Explicó que hay detalles que no había tenido en cuenta la Fiscalía y que su cliente sí había dicho cuando estaba negociando el preacuerdo, como que había otros empleados de confianza del exembajador en la finca que podían avisarle lo que estaba sucediendo porque el laboratorio no estaba escondido sino a solo 300 metros de la casa de uno de los trabajadores de la finca.

Esa sería la razón de fondo por la que el fiscal Hernández, delegado por Barbosa, pidiera que se retirara el preacuerdo y se reviviera la posibilidad de entregarle beneficios al mayordomo a cambio de su colaboración y de toda la verdad.

“Con esta decisión el proceso cambió 180 grados”, explicó Muñoz.  “Ahora tendré que hablar con mi cliente, a ver qué información aportará relacionada con el exembajador y con otras personas que él sabe que están involucradas”.  

La segunda versión es que detrás del cambio de curso en el proceso está el afán de Barbosa de encontrar una prueba que le de sustento a la declaración que hizo en abril asegurando que Sanclemente iba a ser vinculado al proceso. 

La intervención de Barbosa

En abril, Barbosa dijo a RCN en “exclusiva”: “Ese embajador va a tener que responder ante la justicia colombiana, va a ser citado y va a ser vinculado”. 

Ese mismo día, anunció en el medio que había “ascendido” el caso para que en cambio de la Dirección de Narcotráfico, un Fiscal Delegado ante la Corte asumiera su expediente junto con la Dirección Delegada de Finanzas Criminales.

“Aquí no hay privilegios ni privilegiados”, aseguró en la misma entrevista.

Esa declaración mediática, cuando aún no existía ni siquiera una imputación contra Sanclemente (hoy, seis meses después, todavía no existe una investigación formal en su contra y según supo La Silla en la delegada ante la Corte no hubo avances en la investigación directa a Sanclemente porque no tenían pruebas) y cuando una de las interceptaciones al mayordomo decía que si el dueño supiera lo que estaba pasando en la finca se armaría un problema, terminó poniéndole presión a la labor de los fiscales del caso, según confirmó La Silla con una fuente de adentro de Fiscalía.

Cuando se conoció que el preacuerdo con el mayordomo incluía la entrega de información sobre la red que traficaba la coca y era dueña del laboratorio a cambio de una condena de 11 años y medio de prisión pero que no arrojaba información sobre Sanclemente, el fiscal Barbosa hizo saber que no le gustaba.

Así se lo dijeron dos fuentes de la Fiscalía con capacidad de saberlo.

El abogado del mayordomo Muñoz también le dijo a La Silla que cuando el Fiscal Hernández lo llamó para hablar de la posibilidad de cambiar el preacuerdo por el principio de oportunidad, le dijo que el Fiscal Barbosa había enviado el mensaje de que respaldaba esa posibilidad.

“Lo que me dice es que el señor Fiscal General está de acuerdo en otorgar el principio de oportunidad  a Laureano a cambio de que diga toda la verdad y caiga quien tenga que caer”, relató el abogado Muñoz a La Silla. Algo casi idéntico le dijo a El Espectador ayer.

 La Silla buscó infructuosamente a Barbosa para confirmar la información.

Pero más allá de cuál de las motivaciones detrás de la decisión sea la real, hay otros hechos que muestran que el Fiscal General usó su poder para tener injerencia directa en el caso, pese a que en principio los fiscales tienen autonomía para decidir sobre los procesos que conocen.

La injerencia de Barbosa

La semana pasada, ad portas de que el preacuerdo fuera presentado ante un juez, el Fiscal General tomó dos decisiones que terminaron teniendo impacto en el proceso.

La primera fue reunificar todos los procesos relacionados con el caso y reasignarlos al fiscal Daniel Hernández en la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación.

Hasta ahora, la investigación de Sanclemente estaba en cabeza de una Delegada ante la Corte, y el resto en la fiscal Yasmín Llanos, adscrita a la Dirección de Narcotráfico. 

La segunda decisión de Barbosa fue declarar insubsistente al fiscal Rodrigo Carriazo, quien había estado al frente de la dirección de Narcotráfico desde 2017 y quien era el jefe directo de la fiscal que tenía el caso de la finca Sanclemente.

Carriazo no era cualquier fiscal. Era el hombre de la Embajada de Estados Unidos en la Fiscalía, que ha dado millones de dólares para fortalecer esa dirección, y uno de los enlaces claves de la DEA. 

Una fuente a la que le constó personalmente, le dijo a La Silla que cuando Carriazo llegaba a Estados Unidos, los de la DEA “le sacaban el tapete rojo”. 

Durante su paso por la Fiscalía, dio muchos resultados en narcotráfico pero a la vez tenía un rol polémico pues era percibido por muchos por trabajar más para los gringos que para la entidad colombiana.  De hecho, cuando Barbosa asumió el cargo lo sacó junto al resto de la cúpula misional pero tuvo que ratificarlo a los pocos días debido a que la Embajada se opuso.

Que ahora lo sacara, de un día para otro, y justo coincidiera con el preacuerdo, no pasó inadvertido en la Fiscalía. Y se convirtió para algunas de las fuentes con las que habló La Silla en otra muestra de que el Fiscal Barbosa estaría interviniendo en la autonomía de los fiscales.

"Ese tipo de cambios de última hora son una muestra del poder del Fiscal General  por encima de la autonomía de los fiscales", dijo a La Silla  el penalista Rodrigo Parada.

Álvaro Pérez, otro abogado penalista, coincide en la apreciación: “En nuestro sistema, por el protagonismo exacerbado de los funcionarios que asumen la dirección de la fiscalía, se ha desdibujado  este principio por el afán de protagonismo de los fiscales de turno”.

Cita la “directriz” enviada por el Fiscal Barbosa a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema para que le presentaran un informe de cada caso antes de tomar cualquier decisión.  

“Otro ejemplo de esta desnaturalización es el de los preacuerdos, en donde el Fiscal no escatima esfuerzo en demostrar su efímero poder al derrumbar meses de trabajo adelantado entre fiscales y abogados de defensa con un caprichoso cambio de fiscal y con eso dilapidar los peldaños avanzados en los preacuerdos”, agrega Pérez.

La semana pasada, ya Barbosa había enfrentado un escándalo porque le puso freno a un proceso que llevaba el fiscal Daniel Cardona contra Esteban Ramos, hijo de José Alfredo Ramos, otro político uribista como Sanclemente, por presuntamente ofrecerle dádivas al fiscal que investigaba a su papá por presunta parapolítica. 

En este caso, el Fiscal Barbosa no echó al fiscal como lo hizo con Carriazo pero le notificó que sería trasladado a Tumaco, una movida que suele interpretarse en la Fiscalía como un castigo. Cardona terminó renunciando. 

Como para asegurar un principio de oportunidad por colaboración eficaz en el caso Sanclemente tendrá que surtirse un proceso largo, falta tiempo para saber si la decisión de ofrecerle un principio de oportunidad al mayordomo, reasignar el caso a otro fiscal y sacar al director antinarcóticos protegido por la Embajada, permite hacer justicia en este caso.  Además, si esos resultados ameritan, como dijo hace seis meses Barbosa, la vinculación al proceso del Exembajador.

Lo que sí queda claro desde ya es que la autonomía de los fiscales no es un principio sagrado para el Fiscal General.

    Periodista prueba

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