Con baldíos a empresas, Duque golpea el Acuerdo y favorece a grandes empresarios

Con baldíos a empresas, Duque golpea el Acuerdo y favorece a grandes empresarios

Por LaSillaVacia.com 24 de Septiembre de 2020

Un polvorín se armó en las últimas semanas cuando se supo que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está armando un proyecto que permitiría que los baldíos de la Nación puedan quedar en manos de los empresarios que los soliciten; algo que va en contra del espíritu del Acuerdo de Paz que le apunta a una repartición más democrática de la tierra.

Lo que no se ha dicho es que quien está presionando para sacarlo adelante es el propio presidente Iván Duque y que políticamente esa agencia tiene vasos comunicantes con la poderosa pareja de esposos María del Rosario ‘Charo’ Guerra, senadora del Centro Democrático, y Jens Mesa, director de Fedepalma, la asociación de palmicultores que se podría favorecer con la medida.

Tampoco se ha contado que no es solamente un proyecto el que está armando la ANT, sino que son dos, que se complementan y abren la puerta para la acumulación de baldíos de la Nación por parte empresarios.

Esta movida es un golpe al corazón del Acuerdo y su implementación —que, como contamos, está cada vez más desfinanciada —, pues atenta contra la Reforma Rural Integral que, en esencia, aspira a que campesinos y víctimas (priorizando a las mujeres) puedan acceder a tierras, debido a que reconoce que la falta y la concentración de la tierra es una de las causas estructurales del conflicto

El proyecto del escándalo

El proyecto del alto Gobierno para darles baldíos a los empresarios que está estructurando la ANT—entidad creada en 2015 que se encarga de administrar la tierra de la Nación y que reemplazó a los antiguos Incoder e Incora— no crea una nueva figura. Lo que hace es reglamentar una que ya existe desde la ley de la Reforma Agraria de 1994: las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE).

Como su nombre lo dice, las ZDE son zonas de baldíos que el Estado puede entregarles a empresas del sector agropecuario para que las exploten y, con los años, puedan quedarse con ellas.

A pesar de existir en teoría hace 26 años —se crearon al tiempo que las Zonas de Reserva Campesina—, nunca se han puesto en marcha por lo polémico que es que, en un país con tantos conflictos de tierra, el Estado les dé más a los empresarios.

Así, por ejemplo, en el 2010, el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos intentó reglamentarlas en unos artículos de su Plan Nacional de Desarrollo, pero la Corte Constitucional, al revisarlos, los tumbó asegurando que era inconstitucional que el Estado entregara parte de sus tierras habiendo “un número dramático de población campesina desplazada por la violencia”.

El borrador, que puede ver todo el mundo, fue publicado el pasado dos de septiembre para recibir comentarios del público.

Según lo que está en ese borrador y lo que pudimos conocer a partir de tres personas que lo están estructurando, funcionaría así: la ANT haría un contrato de explotación y uso de los baldíos por 15 años con empresarios que inviertan capital allí por medio de proyectos productivos. Una vez vencido ese plazo y cumplidas las condiciones —como, por ejemplo, haber explotado, al menos, las dos terceras partes entregadas—, las empresas podrán pedir a la ANT una extensión de tierra igual a la contratada inicialmente, para trabajarla por dos años más. Es decir, doblar la extensión de baldíos. 

Pasados los 15 años podrán comprarlos. 

Además, de acuerdo a lo que nos contaron dos personas que están trabajando en armar las ZDE, uno de los posibles cambios que discutieron la semana pasada es que se puedan coger baldíos que ya están en el Fondo de Tierras (el mecanismo que se creó en el Acuerdo para entregarles tres millones de hectáreas nuevas a los campesinos) para que puedan pasar a manos de empresarios; lo que confirmaría los temores que han manifestado los defensores de la paz.

Esto, porque el Presidente cree que el sector agropecuario es un factor clave en la reactivación económica. Sin embargo, Myriam Martínez, la directora de la ANT, le dijo a La Silla Vacía que no van a sacar baldíos del Fondo, porque tienen un compromiso para cumplir con el Acuerdo de Paz.

 "En ninguna parte del proyecto, que se puso a consideración del público, se menciona que se va a adjudicar tierras del fondo a personas que ostenten calidades diferentes a las contempladas en la ley, para ser beneficiarios de las tierras ingresadas en el mismo. Es importante leer con detenimiento el proyecto y sin sesgo ideológico, allí no se ha dicho algo diferente a lo que la ley 160 de 1994 plantea, y de ninguna manera se ha establecido algo diferente a lo consagrado en el punto 1 de los Acuerdos de Paz ni a lo señalado en el Decreto Ley 902 de 2017", agregó en su respuesta por escrito. 

Aunque el proyecto dice que las ZDE no pueden ser solicitadas por personas que ya tengan extensiones de tierra superiores a una Unidad Agricola Familiar (UAF), que es la medida con que se estima que una familia puede subsistir, el Gobierno sí abre la puerta para que empresas empiecen a acumular tierra por medio de baldíos.

Sin embargo, no lo hace en este proyecto, sino en otro que también está publicado para comentarios, pero ha pasado de agache.

Se trata de un proyecto de la ANT que establece excepciones a la entrega de baldíos.

El otro proyecto (que permite acumular baldíos a empresas)

La movida es la siguiente.

Según la Ley 160 de 1994, los baldíos sólo pueden entregarse en Unidades Agrícolas Familiares que es la manera como en el sector miden un área de tierra. Dado que la fertilidad varía según la zona del país, lo necesario para que una familia subsista en cada región es diferente. 

Por eso, las UAF tienen diferentes extensiones. Por ejemplo, mientras en los municipios antioqueños de Mutatá, Chigorodó y Murindó una UAF mide entre 6 y 46 hectáreas, en los municipios del Casanare Trinidad, San Luis de Palenque y Paz de Ariporo mide entre 321 y 435 hectáreas.

La ley no permite, entonces, que los baldíos que entregue el Estado puedan sobrepasar una UAF.

Sin embargo, el proyecto que ha pasado de agache propone que una excepción a esta regla sean las Zonas de Desarrollo Empresarial; es decir, que si una compañía solicita esta figura le podrían dar más tierra que la que dice la ley, sin un límite claro de extensión.

Habrá, entonces, una excepción para entregar baldíos en UAF, como se lee en el proyecto con unos datos que parecen complejos pero que al final lo dejan claro: “Cuando se trate de Zonas de Reserva Campesina en los términos del numeral 8 del artículo 9 y el numeral 3 del artículo 12 del Acuerdo 24 de 1996 o la norma que lo modifique o sustituya, o cuando se trate de Zonas de Desarrollo Empresarial de que tratan los artículos 80, 82 y 83 de la Ley 160 de 1994”.

Y esto es lo que termina de darle el golpe al corazón del Acuerdo de Paz porque va en contravía de la desconcentración de la tierra. Especialmente, afecta al Fondo de Tierras que crea el Punto Uno y que se vería afectado porque, aunque tiene múltiples fuentes de tierra, la principal viene de los baldíos de la Nación. 

Además, porque la meta aún está lejos de cumplirse: el Fondo sólo ha adjudicado 28 mil hectáreas a campesinos sin tierra, el tres por ciento de las tres millones que se deben entregar antes del 2028. Y, si se le da una destinación distinta a los baldíos, eso va afectar las metas.  

“Puede haber una reducción de la tierra disponible para que los campesinos y campesinas puedan acceder a la tierra y que se cumpla el Punto Uno del Acuerdo de Paz”, le confirmó a La Silla la investigadora de DeJusticia, Ana Jimena Bautista, con respecto al proyecto de las Zonas de Desarrollo Empresarial. Un riesgo que existe porque, dice Bautista, hoy en día el Estado no sabe cuántos hay, dónde están, ni quién ocupa los baldíos. 

Según el procurador delegado para temas ambientales y agrarios, Diego Trujillo, los proyectos de las ZDE y de la UAF están reformando normas constitucionales y leyes que son de mayor jerarquía; lo que no se puede hacer, según le dijo a La Silla. 

También dice que es preocupante la abstracción y generalidad sobre dónde esperan aplicar las ZDE. 

“Se debería, en el mejor de los casos, establecer un acuerdo para pilotos o ensayos de las ZDE, con amplia participación e información, para borrar la idea que ya empieza a sonar entre organizaciones campesinas sobre un "raponazo" a los baldíos que por Constitución son para los campesinos sin tierra, argumento que en estos momentos encendería movilizaciones para incendiar más la ruralidad”, agregó el Procurador Delegado. 

Esto lo han criticado en las reuniones internas—según lo que nos contaron tres fuentes del Ministerio de Agricultura off the record— incluso funcionarios de esa entidad que es la que dirige la política pública del sector agropecuario y agrupa a las demás agencias, incluyendo la ANT. 

“El proyecto dice que pueden aspirar asociaciones de excombatientes, que máximo se puede entregar una UAF, etc… Pero eso es maquillaje. En el fondo, es la entrega de baldíos a empresarios”, nos dijo un funcionario del Ministerio que conoce de primera mano la estructuración del proyecto.

Con todo y su polémica, la iniciativa la están moviendo desde el alto Gobierno.

Cinco de las fuentes conocedoras con las que hablamos para esta historia, nos aseguraron que la orden de sacar adelante el proyecto viene desde Palacio.

En esa vía, tres de ellas coincidieron en contarnos un episodio según el cual, en una de las reuniones en las que discutían el proyecto, un funcionario expresó sus dudas y la respuesta del viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, fue decirle que, si eso pensaba, “se fuera a filosofar y a escribir un artículo. Acá estamos para trabajar”. 

Le preguntamos al viceministro Restrepo si eso era cierto y no nos dio al respecto ninguna respuesta oficial en la que lo pudiéramos citar.

Lo que sí nos dijo es que el documento está en construcción, que están recibiendo comentarios y que darán el debate cuándo el documento final esté listo que será en octubre. También dijo que el proyecto de las ZDE sí es prioritario para el Ministerio de Agricultura porque “es un tema que estamos consagrando como una necesidad para reactivar la economía del país, pues la ruralidad tiene que ser un motor fundamental de desarrollo”.

Lo mismo le dijo la Directora de la ANT a La Silla, quien aseguró que, en estos proyectos, habría una asociación entre empresarios y campesinos, y que esa asociatividad es una prioridad para el Presidente.

Las fuentes dateadas también nos aseguraron que las iniciativas complementarias que apuntan a consolidar las ZDE son una instrucción directa de Iván Duque.

De acuerdo a lo que nos contaron por aparte las mismas tres personas que conocen el proyecto y que trabajan en dos de las entidades involucradas, todas las semanas los funcionarios que están estructurándolo tienen que darle un reporte a Presidencia.

“En el Ministerio (de Agricultura) han sido muy claros que es una instrucción que viene directamente del Presidente”, nos dijo uno de esos funcionarios.

Le preguntamos a Hassan Nasar, consejero de comunicaciones de Iván Duque, sobre cuál era el interés del Presidente en este proyecto y, hasta el momento en que publicamos esta historia no había respondido a nuestros mensajes.

Aunque el proyecto viene discutiéndose desde el año pasado, fue sólo hasta agosto que comenzó a estructurarse y que los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la ANT se volcaron en él.

De salir adelante, entre los favorecidos podrían estar los grandes agricultores; entre ellos, los palmeros que han sido aliados de Duque desde la campaña presidencial y tienen influencia en la ANT.

Los tentáculos de los poderosos Mesa-Guerra en la ANT

El segundo viaje presidencial de Iván Duque, una vez posesionado, fue al Catatumbo a inaugurar la planta de extracción de aceite de palma, también llamada ‘Catatumbo’, de la compañía Oleoflores del megaempresario palmero Carlos Murgas.

Fue así como el Presidente le demostró a este gremio, que lo apoyó en campaña, lo importante que sería en su Gobierno.

“Quiero saludar al doctor Murgas, a su familia, saludar al doctor Jens Mesa, amigo con el que hemos compartido muchas ideas sobre el sector agropecuario”, dijo en ese entonces el mandatario.

Jens Mesa Dishington es, desde hace más de 30 años, el director de Fedepalma, la asociación que agrupa a los palmicultores del país. También es el esposo de la senadora uribista María del Rosario ‘Charo’ Guerra, una de las principales congresistas uribistas, miembro de una poderosa familia en Sucre.

La influencia de los esposos Mesa y Guerra en el Gobierno se sintió cuando Duque nombró a Andrés Castro y Myriam Martínez, ambos cercanos a Jens por haber trabajado en Fedepalma. El primero, como director de la Unidad de Restitución de Tierras, y, la segunda, como directora de la Agencia Nacional de Tierras.

Martínez venía de trabajar cinco años con Mesa y, además, tenía la particularidad de ser compañera de clases del Presidente en la Universidad Sergio Arboleda, que tiene a varios exalumnos en puestos clave en el alto Gobierno.

“Ella llegó a la Agencia por el Presidente, que venía de ser su compañero, pero más por Jens y Charo. Ellos presionaron para meterla”, nos dijo una persona que conoce por dentro el alto Gobierno y tiene como saberlo. "Ellos pusieron la hoja de vida y Jens fue al ministerio de Agricultura a mover el tema".

La Silla le preguntó a la senadora Charo Guerra sobre su influencia en el nombramiento de Martínez y nos dijo que “es una falta de respeto (decir que Guerra la puso ahí), porque se les olvida que ella fue compañera de universidad del presidente Iván Duque, su gran amiga cómo él lo ha reconocido”. Dijo que ella sí trabajó con su esposo en Fedepalma, pero “de ahí en adelante, todo lo demás es especulación y montaje”. 

Cuando la hoy directora de la ANT llegó al cargo en octubre del 2018 se llevó a Myriam Conto, que venía de ser la secretaria Jurídica de Fedepalma por 14 años, a la entidad. En su reemplazo, Jens Mesa nombró como secretaria Jurídica en la Federación a Betty Martínez Cárdenas, hermana de Myriam Martínez. Ya ninguna de las dos conservan su cargo.

“Myriam es la pupila de Jens”, resumió una persona que conoce el sector. Martínez le dijo a La Silla que, si bien ella tiene una excelente relación con su exjefe ni llegó al cargo por él, ni él se ha involucrado en los asuntos de su entidad. "En los dos años que llevo aquí ha venido una vez".

Sin embargo, la hoy directora —quien el año pasado recibió órdenes públicas del entonces senador Álvaro Uribe de que recibiera a unos congresistas para resolver un conflicto de tierras (ella le dijo a La Silla que recibe solicitudes parecidas de varios congresistas, incluyendo la senadora de la UP Aída Avella), y quien fue ternada por Duque a la Defensoría— no es la única de la agencia con vínculos con el sector palmero.

Son varios los nombramientos que ha hecho Myriam Martínez que evidencian los vasos comunicantes de Fedepalma con la ANT.

Estos son los que pudimos encontrar:

  • Gunnar Mesa Dishington, hermano de Jens Mesa, fue contratado a dedo por la Agencia “para brindar acompañamiento en materia jurídica en los procesos y proyectos de Sistemas de Información” por poco más de dos meses y, este año, también a dedo, fue contratado por once meses para “para acompañar y asesorar los temas referentes a la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación”. Ambos suman 207 millones de pesos.

  • Felipe Espinosa Camacho, nombrado por Martínez a comienzos del 2019 como director de Gestión de Ordenamiento, es hermano del encargado de la Gestión Ambiental de Fedepalma, Juan Carlos Espinosa Camacho. 

  • Willy Arroyo Correa, asesor de la Dirección General de la ANT, trabajó durante poco más de tres años en la Federación y es amigo de la familia Mesa Guerra. 

  • Andrés Horacio Carvajal, también asesor de la Dirección de Martínez, antes de la ANT trabajó tres años como Delegado Gremial de Fedepalma.

  • Juan Camilo Cabezas, director de Asuntos Étnicos de la ANT, trabajó durante año y medio en la Federación también como Delegado Gremial Regional. 

Martínez le dijo a La Silla que ella trajo a su equipo gente con la que ya había trabajado, porque conocía su trayectoria y su compromiso con el campo. Sobre la contratación de Gunnar Mesa, el hermano del director de Fedepalma nos dijo que lo hizo porque "no todos los abogados que conocen de contratos manejan temas relacionados con tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y este requisito, sumado a su amplia experiencia en el sector público y privado, lo convierten en un profesional idóneo que ha aportado con toda su experiencia a la gestión que hemos venido adelantando en la Agencia".

También le preguntamos si le parece que hay un conflicto de interés por el hecho de haber tantos exempleados de Fedepalma en la Agencia y nos dijo que ese motivo no está dentro de las causales para conflicto de interés. "El haber trabajado en un gremio agropecuario no aparece como causal.  Por el contrario, trabajar en estos permite tener claridad de las situaciones que se presentan en nuestra Colombia profunda y las mejores formas para apoyar a nuestros campesinos". Pero que como un "acto de respeto y transparencia con la ciudadanía he tomado distancia voluntariamente de los procesos que se han presentado y vinculan a este sector agrícola". 

Además de personas con vínculos con Fedepalma, encontramos a un funcionario, que también trabaja en la Dirección General que maneja Martínez, que está ahí con el respaldo de Charo Guerra.

Se trata de Jesús Sanabria Vergara, un abogado que fue procurador provincial en Sucre, oriundo del municipio de Corozal (Sucre) y que, según nos aseguró un militante del Centro Democrático en ese departamento, llegó al cargo con su apoyo.

Frente a este nombramiento la senadora Guerra nos dijo que el abogado llegó al cargo por recomendación del directorio departamental del Centro Democrático, que ella dirige, en Sucre, porque “apoyó y colaboró en la campaña del presidente Duque en Sucre”.  

Es así como, sin contar a la directora General, hay dos de las cuatro direcciones de la ANT en cabeza de personas que vienen de Fedepalma; direcciones que son clave para la estructuración de proyectos como el que está andando para la reglamentación de las ZDE; un proyecto que puede favorecer los intereses de los palmeros. 

Los empresarios de la palma —que es, después del café, el segundo producto agroindustrial con más hectáreas cultivadas en el país— se podrían ver favorecidos porque, al poder acceder a baldíos, podrían poner a producir más tierra y, así, aumentar sus ganancias.

Les preguntamos a Charo Guerra y a Jens Mesa por su influencia en la ANT y en este proyecto. 

Frente a si ha impulsado las ZDE  Guerra dijo que no. “No tengo ni idea de lo que están haciendo con las ZDE, ni donde están y no tengo injerencia en sus decisiones (de la directora de la ANT), en su manejo profesional” y que “poco hablo con ella, solo cuando en el Congreso se debate una ley”.

Su esposo Mesa nos respondió que "las preguntas que usted formula las considero una falta de respeto para mí y las demás personas de que trata esto. ¿Pretenden ustedes decir que esto es periodismo? No pueden seguir difamando la honra y el buen nombre de quienes obran correctamente y sirven al país". 

Para ser una realidad, los proyectos que reglamentan las ZDE deben ser aprobados por el Consejo Directivo de la ANT, que está compuesto por siete miembros del Gobierno; delegados de las comunidades negras, campesinas e indígenas; y un delegado de los gremios agropecuarios. Por eso, si el Gobierno mantiene su apuesta, es muy probable que se apruebe. 

Por ahora, las Zonas de Desarrollo Empresarial siguen en discusión y, según lo que nos contaron las personas con las que hablamos que conocen el proyecto, lo más seguro es que, si nada extraordinario ocurre, se aprueben en el próximo mes. 

Con ello, el presidente Duque le dará otro golpe al Acuerdo de Paz y una muy posible ayudita a los grandes empresarios del campo, incluyendo a los del gremio que lo apoyó desde el principio de su campaña presidencial.

 

Nota de la editora: Al día siguiente de publicada esta historia, la senadora María del Rosario Guerra nos envió una carta con unas aclaraciones que ustedes pueden leer acá. Nuestra respuesta la pueden leer acá.

    Periodista prueba

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