La seguridad y la oposición muestran que Duque la tiene difícil en el Pacífico

La seguridad y la oposición muestran que Duque la tiene difícil en el Pacífico

Con un consejo de seguridad en Tumaco mañana llega Iván Duque por primera vez como Presidente al Pacífico, luego de 48 horas en las que la región mostró que será el escenario de las dos pruebas ácidas del mandato uribista en seguridad y movilización social.

 

En las madrugadas del martes y el miércoles hubo cinco atentados con explosivos, cuatro en igual número de municipios del norte del Cauca y una en Aguablanca, en Cali. En la capital del Valle, el 7 de agosto, al menos 6 mil personas entre indígenas, sindicalistas, estudiantes, comunidades afro, salieron a marchar contra el nuevo Gobierno, mientras en Bogotá Duque estaba jurando como Presidente.  

Este escenario podría ser propicio para que el nuevo Gobierno muestre avances en la seguridad que dice que se perdió durante el gobierno Santos y probar si puede desactivar la oposición empoderada en la calle, tras la victoria de Gustavo Petro en los cuatro departamentos de la región. Pero no la tendrá fácil.

La prueba con la seguridad

En su discurso de posesión Duque dio puntadas de lo que hará en materia de seguridad, un reto que llamó “el retorno de la legalidad” y mostró como una prioridad de su mandato. La idea es volver a la consolidación territorial por parte de la fuerza pública.

En esa misma línea de reforzar la seguridad habló su ministro de Defensa, Guillermo Botero, en sus primeras declaraciones ayer: “El que la hace la paga. La lucha contra grupos armados organizados, delincuenciales, será objeto de lucha permanente”, dijo.

Aunque solo mañana se sabrá qué planes concretos tiene Duque ante el incremento de la violencia en Tumaco y en general del Pacífico (donde hay 14 disidencias y un ELN creciendo en zonas como el norte del Cauca o en Chocó, donde copó espacios que manejaban las Farc y tiene secuestradas a seis personas), ya se ha probado que la estrategia de mano dura no es suficiente.

En Tumaco la operación Hércules que desplegó en enero el gobierno Santos con más de 10 mil uniformados nuevos a la región para perseguir a los grupos ilegales no cambió mucho el panorama de lucha contra ellos, más allá de que aumentaron las capturas diarias contra miembros de las estructuras del grupo de Guacho.

Además, el panorama se ha hecho más complejo con el papel cada vez más importante de los carteles mexicanos y la violencia que producen, como contó nuestro experto de la red Pacífico, Dylan Herrera, en esta columna.  

Si bien esos carteles habían entrado antes de iniciar la dejación de armas en las Farc, ahora estarían copando espacios del negocio, como parte de las rutas y de la compra de la pasta. Eso, que cambia el escenario del microtráfico y la microproducción de drogas, puede explicar el aumento de la inseguridad en las ciudades de la región, como Cali, donde el índice de homicidios supera la media nacional.

La estrategia de mano dura de Duque no solo se enfrenta a esos retos sino que se afectará por los cambios que haga en los programas de sustitución de cultivos e implementación del Acuerdo, que están pensados para quitarle parte del piso a los grupos ilegales.

Duque dijo en su posesión que lo que hasta ahora se ha conocido como política de paz y que él llama de legalidad, consistirá en corregir “fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación”. Por ejemplo, según dijo el Ministro de Defensa, la erradicación de cultivos ahora será obligatoria.

Aunque no es claro todavía a que se refiere, pues bajo el Acuerdo es obligatorio sustituir so pena de que el Estado erradique los cultivos a la fuerza, dejaría en vilo los acuerdos que no estén firmados con las comunidades.

Más allá de esa duda, Duque le apuesta a meterle el acelerador al aterrizaje de los Acuerdos, que hasta ahora ha tenido problemas, y así poder mostrar resultados como menos hectáreas de coca.

Si Duque logra eso y además golpea a las disidencias en el Pacífico, esos logros posiblemente tendrían eco en el resto del país y ayudaría al uribismo a reforzar su discurso de bajo Duque llegó “la verdadera paz”.

Eso porque, con el Catatumbo, el Pacífico es un lugar icónico de los problemas del aterrizaje de los Acuerdos y de la explosión de grupos criminales y disidencias, particularmente en Tumaco, Chocó y Buenaventura.

Pero, si no lo logra, esas sus políticas de mano dura pueden devolverse como un bumerán, porque pueden afectar a las bases de los movimientos sociales que son fuertes en toda la región y están empoderados tras la victoria de Petro en los cuatro departamentos.

El nuevo diálogo social en tierra opositora

La marcha del 7 de agosto fue particularmente masiva en Cali. Llegaron más de 6 mil personas entre indígenas, sindicalistas y otros sectores sociales afines al petrismo y opositoras a Duque.

Con eso enviaron un mensaje al nuevo Gobierno que, en palabras de la líder caucana Francia Márquez, era que exigen “avanzar en el proceso de paz para que nosotros vivamos tranquilos en nuestros territorios”.

Ese mismo día, en su discurso de posesión, Duque dijo que gobernaría desde la calle y que construiría un “diálogo social” para identificar “soluciones viables” y ser “más efectivos y constructivos”. Todo eso, de funcionar, podría quitarle oxígeno a la movilización social que Petro prometió mantener desde el discurso que dio aceptando su derrota en segunda vuelta.

Sin embargo, no parece fácil que el nuevo Presidente le quite fuerza a esa movilización, por lo menos en el Pacífico.

Primero porque, como nos dijeron un líder indígena indígena y otro afro en esta historia, las protestas en la región continuarán sin importar el mandatario de turno, debido a que el Estado mantiene, a su juicio, deudas históricas con poblaciones afro, indígenas y campesinos, especialmente por titulación de tierras.

Efectivamente, su movilización no ha cesado a pesar de los cambios de gobierno, especialmente las indígenas que se movilizaron en los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En menos de 20 años se han movilizado al menos 17 veces solo en Cauca.

En su mirada de largo plazo, la lucha es por una tierras que les arrebataron los españoles hace cinco siglos y que legitima el Estado. Por eso, la pelea se mantiene sin importar quién sea el Presidente.

Segundo porque luego de que en los paros cívicos de Chocó y Buenaventura la comunidad logró hablar con funcionarios de primer nivel y tener compromisos a largo plazo del Estado, dicen que no se conformarán con menos.

“Vamos a salir a lo que él (Duque) propuso ayer de los diálogos sociales, es importante, pero no queremos caer en la retórica. Hablamos con agendas construidas y una metodología que no caiga en los consejos comunitarios donde la palabra la tiene el Gobierno y uno escucha”, nos dijo el senador indígena Feliciano Valencia, en relación con los talleres ‘construyendo país’ que Duque arrancará el sábado en Girardot.

“Es un tú a tú entre gobiernos, porque él mismo lo dijo”, finalizó.

Tercero, porque esa movilización social es parte de la apuesta del petrismo de hacer oposición desde la calle, lo que le da aliados políticos más visibles que antes. Eso también significa que para Petro es importante que la movilización se mantenga y sea intensa, pues le da visibilidad -como mostró en su discurso del 7 de agosto en Bogotá, en la marcha de la Plaza de la Hoja-, mantiene sus bases activas y así ayuda a mantener vivo su capital político para las elecciones locales de 2019 e incluso nacionales de 2022.

“Si hay un gran pacto para que disminuya la desigualdad, para tener un capital productivo progresista, (Duque) tiene que sentarse con nosotros, ese pacto social tiene que incluirnos”, nos dijo Ferney Lozano, líder de los petristas en Valle y organizador, con los indígenas, de las marchas del 7 de agosto en el Pacífico.

Cuarto, por la reticencia que pueden producir en las comunidades varias propuestas del Gobierno que los tocan directamente y que son pruebas ácidas de qué tan cercano es el nuevo Presidente a los gremios.

Asuntos como una reglamentación de la consulta previa, la definición del futuro de los baldíos y la restricción a la protesta social pueden disparar nuevas movilizaciones.

En los tres casos hay expectativa, pues Duque ha hablado de reglamentar la consulta, a lo que consejos comunitarios afro se niegan en su mayoría; las declaraciones del ministro Botero sobre la protesta levantaron alarmas -aunque él luego haya dicho que habló como dirigente gremial y no como ministro entrante, y que el tema lo manejará el Ministerio de Interior-; y poco se sabe de cómo se moverá en el tema de las tierras, en el que hay preocupación por declaraciones pasadas de uribistas.

Al final la era Duque en el Pacífico no solo arranca por sus promesas concretas como reactivar la doble calzada a Buenaventura, sino por sus decisiones en materia de seguridad y de manejo de la movilización social.

Posiblemente la impronta de los primeros 100 días dicte un camino de cómo será su relación con el Pacífico.

    Periodista prueba

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