¿Qué dicen los candidatos a propósito del “tierrero” levantado por la Corte Constitucional?

Ante el riesgo inminente de que se declare inexequible el Decreto Ley 902, se propone pasar el tablero a los candidatos presidenciables.

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La semana pasada se conoció el proyecto de fallo de la Corte Constitucional que podría tumbar el Decreto Ley 902 de 2017, expedido con las facultades extraordinarias del presidente Santos, en el que se desarrollaron puntos centrales del Acuerdo con las Farc sobre acceso y formalización de tierras rurales. Algunas de las consideraciones de la magistrada Gloria Ortiz, dadas a conocer por El Espectador, son contundentes y rescatan con buen criterio el “espíritu” del acuerdo, al priorizar como beneficiarios de las políticas de tierras a los trabajadores campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

Ante el riesgo inminente de que se declare inexequible el Decreto Ley 902, se propone pasar el tablero a los candidatos presidenciables para que, más allá de las posiciones sobre si apoyan o harán trizas (ya ninguno se atreve a usar este término) el acuerdo con las Farc, respondan las siguientes preguntas que están en el centro de la denominada reforma agraria integral y que hacen referencia a la problemática histórica de las tierras en el país.

1. ¿Pondrá usted en marcha el catastro multipropósito para formalizar la tenencia de las propiedades rurales?

La informalidad o falta de seguridad jurídica y física en la tenencia de la tierra es uno de los principales problemas y conflictos agrarios del país.

Sus impactos superan el ámbito puramente jurídico ya que disminuyen drásticamente las oportunidades de los campesinos de acceder al crédito y a los incentivos de la política que se canalizan a través del sistema financiero, al tiempo que facilitan el despojo y el desplazamiento violento.

Según las cifras del catastro nacional, y las encuestas de calidad de vida del DANE, más del 40 por ciento de los predios rurales colombianos no tienen títulos registrados que respalden con certeza la propiedad. El acuerdo de paz incluye una meta de 7 millones de hectáreas para formalizar pequeña y mediana propiedad rural.

 

2. ¿Qué medidas impulsará para promover el uso adecuado y eficiente del suelo rural?

Además de tener una de las distribuciones de la tierra rural más desigual del mundo, en Colombia se subutilizan amplias extensiones de tierras en relación con su potencial productivo y, además, están en manos de pocos propietarios.  

Las unidades productivas agropecuarias, UPA, mayores a 10.000 ha conformadas por suelos con vocación agrícola, representan 13.232.678 ha (22% del total de área censada), de las cuales solamente 531.720 ha registran efectivamente uso agrícola (4%), según el  Censo Nacional Agropecuario de 2014 los anteriores trabajos realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Según dicha fuente, el 96 por ciento del área de las UPA más grandes del país están subutilizadas desde el punto de vista de la vocación de sus suelos.

 

3. ¿Qué estrategias o instrumentos específicos apoyará para constituir el Fondo de Tierras?

En el otro extremo de la distribución de tierras se encuentra el problema del minifundio antieconómico. Como una aproximación, el CNA (2014) señala que las Unidades de Producción Agropecuaria con extensión menor a una hectárea, representan el 39 por ciento del total de UPAs del país, acceden al 0.3 por ciento del área total agropecuaria y son el refugio precario del 35,6 por ciento de la población rural dispersa, equivalente a más de 1 millón de personas.

El 90 por ciento de estas unidades se ubican en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Nariño, Cauca y Huila y la edad promedio de los jefes de hogar es 52.5 años.

De ellos, solamente el 9.2 por ciento accede a asistencia técnica y el 7.7 por ciento a créditos productivos. En estos cordones de minifundistas se concentra gran parte de los pobres del campo. Es un detonante económico, social y ético.

Con el Fondo de Tierras se dispondría de mínimo 3 millones de hectáreas en los próximos 12 años para ser distribuidas de manera gratuita entre los trabajadores campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y que cumplan los requisitos vigentes de la Ley 160 de 1994.

 

4. ¿Qué hará usted para recuperar a nombre de la Nación los baldíos disponibles y los ilegalmente apropiados por particulares?

Alejandro Reyes Posada, en su columna de El Espectador, ha sacado a la luz pública muchos de estos casos, que suelen ser también  crímenes ambientales, de los cuales está plagada la geografía nacional.

Se trata de playones y tierras desocupados por las ciénagas, humedales, rondas de ríos que son apropiados por particulares y, adjudicados ilegalmente por jueces civiles sin ninguna atribución sobre baldíos de la Nación.

 

5. ¿Pondrá usted en marcha la jurisdicción agraria?

El desconocimiento de los marcos legales agrarios y, en no pocas ocasiones, su excesiva complejidad, así como la congestión de los juzgados civiles en la mayor parte de los municipios rurales del país, hacen prácticamente inviable una intervención pacífica y oportuna de la justicia frente a los derechos, hoy muy precarios, de los campesinos más vulnerables del país.

      Periodista prueba

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