Innovadora medida de la ANT a favor de los campesinos

Análisis sobre el Acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras de 16 de abril que reconoce derechos de uso a campesinos que ocupan baldíos inadjudicables como las zonas de reserva forestal, los 2,5 kilómetros alrededor de la minería, playones y sabanas comunales

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Recientemente el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras aprobó un Acuerdo (aún no publicado oficialmente) en el que crea un mecanismo innovador para asignar derechos de usos a campesinos que ocupan y explotan terrenos baldíos que por prescripciones legales vienen siendo considerados inadjudicables. Según comunicado de la ANT () , “más de 5 millones de hectáreas podrían ser legalizadas, con derechos de uso, a campesinos en baldíos inadjudicables de la nación”.

Tras muchas reformas e intentos de reformas que son regresivas frente a la garantía de los derechos de acceso a tierras y territorios de población campesinas en nuestro país, como la ley Zidres y el proyecto de ley de tierras que en la actualidad es objeto de consulta previa y piensa ser tramitado por el Congreso con llamado de urgencia por parte del gobierno nacional, este Acuerdo resulta ser muy interesante en términos de protección al campesinado, razón por la cual quise compartir algunos análisis:  

 

Lo bonito, lo regular, lo malo, lo feo

Lo bonito. En términos generales es una medida que busca resolver varias de las barreras de acceso a tierras que afectaban la población campesina, como lo son tierras en zonas de playones, sabanas comunales, inclusive reservas forestales de ley 2° de 1959 y zonas contiguas a la explotación de recursos naturales (minería, petróleo) mediante el derecho de uso y no adjudicación de propiedad de tierras. Esto como medida es positiva, ya que permite a una gran parte de la población en estas zonas tener una mediana protección de los territorios que usan y habitan históricamente. Es una solución innovadora que en principio creo acorde con el Acuerdo agrario de paz, en especial en lo relativo a la armonización entre el desarrollo agrario y un ambiente sano.

 

Lo regular. Desde 2007 hay una norma similar que regula parte del problema – la relativa a playones y sabanas comunales-  que nunca se aplicó con efectividad; por lo anterior, más allá de la aprobación de este Acuerdo, debe hacerse un esfuerzo de política pública agraria y ambiental que implique realmente un desarrollo socio ambiental sostenible donde los campesinos sean protagonistas y donde el Estado haga inversión pública para ello.

 

Lo feo. El lío es que esta norma recoge aspectos problemáticos que hemos criticado anteriormente:

1. Beneficiarios.: No sólo incluye a los campesinos y pescadores pobres de escasos recursos como eran contemplados inicialmente en la legislación agraria, ahora incluye a los nuevos sujetos a título gratuito (patrimonio de hasta 250 smlmv cuando antes eran de 30 smlv) y a título parcialmente gratuito (hasta 700 smlmv); aunque hace la salvaguarda que los sujetos no deben tener propiedades rurales ni haber sido previamente adjudicatarios – falta por verificar que haya quedado así en el Acuerdo aprobado-.

2. UAF. Aquí no se restringe a la UAF como límite, sino puede asignarse tierras en extensiones que la superen; aunque hace la salvedad que en lo que excedan la UAF pagan un canon mayor.

3. Proceso organizativo campesino. A diferencia de la regulación anterior, no empodera las organizaciones campesinas como actores claves en el desarrollo y ordenamiento rural territorial, sino desvanece el proceso organizativo, dando prioridad a procesos individuales.

4. Soberanía alimentaria. Otro cambio con la regulación anterior es el juego a la producción alimentaria y economía campesina familiar, que aquí también pierde atención.

5. Sanciones. El acuerdo tampoco prevé medidas claras ante personas que den malos usos a estas tierras, ni sanciones ni mecanismos para facilitar al Estado su recuperación material.

6. Ocupantes indebidos. Un tema feo del Acuerdo es que les legaliza a los ocupantes indebidos de esas tierras su ocupación, tirando por el suelo todos los procesos de deslinde, clarificación y recuperación de tierras previos. Un ejemplo sería el caso de la ciénaga de “Amansa guapo” en San Marcos Sucre en donde previamente se habían deslindado unas grandes extensiones de tierras baldías (más de 900 hectáreas destinadas a ganadería avaluadas en 46 mil millones de pesos) que habían sido apropiadas y ocupadas ilegalmente por Adalberto José Bula Bula, caso que incluso dio para investigación penal de ex funcionarios del INCODER (ver: y ), el cual a la luz del Acuerdo y sin previsiones serias de la ANT podría eventualmente entrar a hacer parte de las tierras con nuevos derechos de uso.

 

Conclusión

Más allá de lo regular y feo, este Acuerdo de la ANT sin duda constituye un importante mecanismo para que los campesinos puedan tener una protección y garantía sobre sus tierras y territorios rurales, el cual debe implementarse prontamente y del cual ojalá los campesinos y sus organizaciones hagan una gran demanda y uso… un vaso de agua de esperanza en medio del desierto en lo que se ha constituido la perspectiva de reforma agraria para la población campesina en Colombia.

 

      Periodista prueba

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