¿Qué pasa con la restricción de armas de fuego?

De acuerdo con cifras Medicina Legal, pareciera que la restricción al porte de armas no ha tenido una incidencia importante en la reducción de los homicidios y las lesiones personales.

En materia de prevención y represión del delito suele suceder que se exijan medidas extraordinarias o extremas. Sin embargo, éstas se dejan de lado al poco tiempo o no se aplican como se debiera.

Es el caso del secuestro que durante los noventa tuvo una pena máxima de 60 años de cárcel. Estas penas bajaron en el 2002 a 28 años y, de haber agravantes, hasta 40. A pesar de que el país llegó a tener más de 3'500 casos, muy pocos delincuentes fueron condenados de manera ejemplar con las mayores penas.

Otro ejemplo es el porte ilegal de armas de fuego que hoy no es excarcelable. Sin embargo, algunos jueces están dejando en libertad a quienes son detenidos con este tipo de armas.Hay que anotar que las declaraciones oficiales de esta medida dan cuenta de buenos resultados, sin presentar cifras que lo sustenten ni análisis detallados de su aplicación.

 

¿Qué dicen las cifras?

De acuerdo con las cifras del Instituto de Medicina Legal, pareciera que la restricción al porte de armas con salvoconducto, aplicada en el país desde comienzos del 2016, no ha tenido una incidencia importante en la reducción de los homicidios y las lesiones personales.

De acuerdo con las cifras del siguiente cuadro:

- Las muertes con armas de fuego, que en 2012 registraban el 76.67 por ciento del total de los casos, disminuyeron hasta el 71.76 por ciento en 2015, años en los cuales no hubo restricción. Es decir, durante esos años se registró una disminución de cinco puntos porcentuales.  Pero del 2016 al 2015, años en que sí existía la restricción, se pasó de 71.76 por ciento al 70.34 . Es decir una reducción de 1.42 puntos, un poco menos del promedio anual anterior.

- Es innegable que en estos cuatro años los homicidios con armas de fuego han disminuido. Pasaron de representar el 76,67 por ciento en 2012 al 70.34 por ciento en 2016, sin ser este último año el que más aportó.

- Contrario a esto, han aumentado las muertes con armas cortopunzantes. Estas pasaron del 14.49 por ciento del total de las muertes en 2012 al 20.74 por ciento en 2016.

- En el caso de las lesiones personales con armas de fuego, aunque en el periodo han disminuido, aumentó levemente durante el año 2016. Éstas pasaron de representar el 1.57 por ciento del total de los casos en 2015 a 1.87 por ciento en 2016.

- De estas cifras llama la atención el aumento considerable de las lesiones por riñas, que pasaron de representar el 55.99 por ciento en 2012 a 83.40 en 2016.

Hay que reconocer que estos resultados preliminares no demeritan la importancia de la restricción al porte de armas de fuego en manos de los particulares y seguramente se deben a que, como se planteó al comienzo de este escrito, se hacen los mayores esfuerzos para promulgar la medida, se aplica adecuadamente al comienzo, pero a los pocos meses se abandona el control, no se le hace seguimiento como corresponde y nadie responde por los resultados.

De acuerdo con lo expuesto, es necesario insistir en la importancia de esta medida en materia de seguridad y convivencia ciudadana y plantear una serie de recomendaciones para hacerla más afectiva en la reducción de los delitos en general.

 

La importancia que los ciudadanos no porten armas

La restricción y control de las armas de fuego legales e ilegales son importantes para reducir los índices de violencia y delincuencia.

Sin embargo, existen ciertos sectores institucionales y ciudadanos que defienden el porte y uso de este tipo de armas en manos de los particulares, por que consideran que como el Estado no puede garantizar una seguridad plena les asiste a los “ciudadanos de bien” el derecho a defenderse por sus propios medios frente al accionar de los delincuentes.

Frente a esta posición, hay que anotar que el armamentismo ciudadano perjudica, en primera instancia, al propio Estado que facilita la entrega de armas a los ciudadanos, como es el caso del Estado colombiano. Con esta práctica, primero, el Estado reconoce que no es capaz de garantizarle la vida, bienes y honra de los ciudadanos.

Segundo, está delegando en manos de los particulares el uso de la fuerza y, sin proponérselo, está legalizando la pena de muerte, en la medida en que un ciudadano con un arma de fuego legal o ilegal en sus manos cumple las funciones de cualquier organismo de seguridad y justicia, con la diferencia de que aplica la pena de muerte sin ningún juicio.

En segunda instancia, como lo sostiene la Corte Constitucional en su Sentencia 038 de 1993, el armamentismo ciudadano viola el derecho a la igualdad. "Los ciudadanos deben abstenerse de circular con armas de fuego, porque ello viola el derecho a ser iguales y genera un mayor riesgo para la comunidad de que esa arma sea usada para resolver un conflicto y no para procurarse una eficiente protección individual".

Frente a esta posición de la Corte, muchos consideran que se viola el derecho individual de poseer armas, sin embargo esta misma entidad es clara cuando considera que “prevalecen los principios básicos constitucionales de los Derechos Humanos por encima de cualquier derecho individual".

En tercera instancia, no beneficia a las propias autoridades, en especial a la Policía, en la medida en que es más riesgoso para sus miembros ejercer control cuando no se sabe qué ciudadanos están armados y cómo pueden reaccionar frente a cualquier requerimiento de la autoridad. En el pasado varios policías han sido víctimas de “ciudadanos bien armados”.

Frente a estos argumentos, los defensores del armamentismo ciudadano sostienen que los delitos se cometen básicamente con armas ilegales. Sin embargo, existe evidencia que cuestiona esta idea.

En el año 1999, la Administración Distrital le solicitó a la Oficina de Control de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa que, con base en un listado de 732 armas de fuego que habían sido utilizadas en la comisión de homicidios comunes, certificara cuántas tenían salvoconducto y cuántas no. Con sorpresa, se constató que 234 armas tenían salvoconducto vigente. Es decir, que una de cada tres armas utilizadas en la comisión de estos homicidios era 'legal'.

Por otro lado, para nadie es un secreto que muchos de los esquemas de seguridad de algunos delincuentes tienen armas amparadas e incluso armas de uso privativo de las fuerzas militares, como lo evidencia la Policía en su diario accionar en contra de los grupos delincuenciales.

 

¿Qué hacer para hacer más efectiva la restricción?  

Con el objetivo de hacer más afectiva la medida de restricción al porte de armas, es necesario:

- Recordar y aplicar todos los días el decreto presidencial que restringe el porte de armas en todo el país. Esta no es una responsabilidad de solo la Policía, también le corresponde ejecutarla y hacer seguimiento a los alcaldes y gobernadores y también le corresponde a la Fiscalía en lo que tiene que ver con la persecución al mercado ilegal de armas de fuego.  

- Realizar controles policiales para decomisar armas legales e ilegales, especialmente en aquellos lugares donde se concentran los delitos con este tipo de armas.

- Controlar las armas legales en manos de los ciudadanos y los mercados y uso de armas ilegales que existen en el país.

- Hacer seguimiento y análisis permanente sobre los resultados de los controles realizados, cantidad de armas decomisadas, ciudadanos puestos a disposición de la justicia por portar armas ilegales, armas decomisadas a comercializadores ilegales, impacto de los operativos en la reducción de la violencia y la delincuencia. Seguramente, en este punto, la respuesta de algunas autoridades será “eso ya lo estamos haciendo”, la pregunta entonces es ¿por qué no hay mejores resultados después de dos años de restricción?  

- Realizar campañas de entrega voluntaria de armas de fuego, de desestímulo al porte de armas en manos de los particulares, de reconocimiento al uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades legalmente constituidas y desaprobación social de la “aplicación de justicia por mano propia”.

- Al Gobierno le corresponde una tarea adicional en este campo. Hay que reconocer que los mercados de armas y de drogas están correlacionados y en este campo Colombia tiene la obligación de controlar los cultivos de coca, localizar y destruir los laboratorios, decomisar mayor cantidad de droga y detener, condenar o extraditar a los narcotraficantes.

Y en un acto de corresponsabilidad, Estados Unidos tiene la obligación de controlar la venta indiscriminada de armas de fuego que desde ese país abastece a los ejércitos del narcotráfico y otras mafias. Se puede asegurar que mueren más colombianos con armas producidas en ese país, que ciudadanos norteamericanos con droga producida en Colombia. En este campo se requiere trabajo corresponsable entre los dos países para atacar estos mercados criminales. 

 

¿Qué hacer con las armas cortopunzantes y las riñas?

Finalmente, frente al crecimiento de los homicidios con armas cortopunzantes es necesario reconocer que no es posible ni recomendable restringir el porte de este tipo de armas, dadas las dificultades para aplicar esta medida, en particular en lo que tiene que ver con la utilización masiva de elementos cortopunzantes en distintas labores y trabajos cotidianos, en especial en espacios públicos. En este caso se pueden aplicar otras medidas de control, como se expone más adelante.

En lo que tiene que ver con las riñas, además de atender y controlar estos hechos por parte de la Policía, las demás autoridades, en especial los alcaldes, deben invertir recursos en la promoción, difusión y formación de los ciudadanos en los mecanismos alternativos de conflictos, además de crear institucionalidad para resolver de manera pacífica los conflictos ciudadanos, para que no terminen en riñas, lesionados y muertos. Hay que crear una cultura de paz y convivencia.

En los dos casos existe previsto en el Código de Policía distintos mecanismos de control y sanción. Además de la sanción económica, hay que aplicar la medida de prevención y protección (retención transitoria) prevista en el Artículo 155 y en la sentencia 720 de 2007 de la Corte Constitucional. Cuando se detiene un ciudadano con arma cortopunzante y no logra explicar ese porte por su trabajo, la autoridad puede aplicar esta medida con dos objetivos, para proteger a los demás ciudadanos del riesgo que representa esta persona armada y para proteger a quien la porta, porque en su accionar delincuencial se puede encontrar con un ciudadano que tiene un arma de fuego y puede terminar lesionado o muerto.

En el caso de las riñas, también la medida de prevención y protección, protege a los ciudadanos agredidos y a los agresores que puede terminar lesionados o muertos. La Corte Constitucional solo exige que esta medida se aplique en un sitio con adecuadas condiciones que expone en la Sentencia 720 de 2007.

Sin embargo, aquí también solo unas pocas alcaldías, entre los que se destacan las de Medellín, Bogotá y Barranquilla han avanzado en este tema, aunque no lo suficiente.  

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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