Los costos de acabar con la JEP

Antes que simplemente prometer justicia o no impunidad, los partidos deberían plantear de manera responsable de qué manera van a continuar con la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Las últimas noticias sobre la JEP y la tensión que dejó el plebiscito alimentan todos los días el debate presidencial. Esto está impidiendo que el debate vaya más allá de si cada partido político apoya o rechaza el proceso de paz y/o su implementación, sin entrar en mayor detalle.

Pero la discusión debería ir más allá, analizar lo ya avanzado y lo que está pendiente, pensar si hay reformas que puedan hacerse que no afecten el corazón del Acuerdo y, sobre todo, no dejar de lado las expectativas que tienen las víctimas, los exguerrilleros, la fuerza pública y la sociedad en general. Para contribuir al debate, estos son los costos que tendría eliminar la JEP.

 

La incertidumbre de las víctimas y de todos los que podrían ser juzgados

Si se elimina la JEP, es posible que, por los tiempos que se tarda una reforma constitucional en ser aprobada en el Congreso y revisada por la Corte Constitucional, tengamos que esperar por lo menos un año para saber quién juzgará los crímenes cometidos durante el conflicto.

Esta incertidumbre tiene por lo menos tres tipos de consecuencias.

Primero, una sensación de impunidad para la sociedad y las víctimas, muchas de las cuales han esperado décadas para que la justicia ordinaria dé una respuesta. Al cabo de los años la firma del Acuerdo de Paz habrá dejado decisiones sobre amnistías u otros beneficios penales y puesto en marcha la participación política de los excombatientes; pero sin la JEP no tendría nada que mostrar en materia de justicia por los crímenes graves.

Segundo, la alta inseguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado que han manifestado su interés y voluntad de someterse a la JEP, que brinda condiciones más favorables para resolver su situación. Del listado de 1.751 militares y policías que solicitaron someterse a la JEP, más de 1.000 ya se encuentran en libertad condicionada.

Y tercero, la inseguridad jurídica y desconfianza que tendrán también los desmovilizados de las Farc, que entregaron sus armas bajo las reglas de la JEP.

Eliminar la JEP generaría una incertidumbre que, sumada a la desconfianza de estas personas en el Estado, representaría un incentivo para volver a la insurgencia.

 

Desaparecen la zanahoria y el garrote

La JEP es tan solo uno de los mecanismos para dar respuesta a las víctimas en sus derechos. Es más, cualquier beneficio en justicia, como las sanciones reducidas, está condicionado al compromiso de los responsables con la verdad, la reparación y la no repetición. Si no cumple, enfrenta las consecuencias de un delincuente común, incluyendo penas que se multiplican en décadas.

Sin la JEP se desvirtúa la idea de contar, al mismo tiempo, con garrote y la zanahoria.

Sin el tribunal para imponer sanciones reducidas y alternativas, dejan de existir incentivos para contribuir a la verdad y la reparación. Y, sin el riesgo de obtener sanciones ordinarias, se pierde la amenaza de las consecuencias negativas que tiene no contribuir de manera adecuada con la satisfacción de los derechos de las víctimas.

La justicia ordinaria por sí sola nunca fue suficiente para ofrecer el garrote y la zanahoria que necesitaba una guerrilla para decidir movilizarse o para ofrecerle a las víctimas niveles razonables de justicia.

Además, en sus primeros dos años, la JEP deberá recibir los reconocimientos voluntarios de responsabilidad y emitir resoluciones de conclusiones en las que identifique a los responsables de los crímenes más atroces.

De existir la posibilidad de que la JEP desaparezca, no habrá incentivos para ese reconocimiento voluntario y se afectará el trabajo que podría haberse hecho durante ese periodo.

 

Se perdería credibilidad del Gobierno para negociar acuerdos con grupos al margen de la ley

Eliminar la JEP representa un incumplimiento del Acuerdo Final. Haría pensar que esta era una política de Gobierno y no de Estado y que la facultad del presidente de suscribir e implementar acuerdos de paz tiene la misma duración que su periodo.

Por eso, un nuevo gobierno que decida acabar con este tribunal enviaría un mensaje que puede actuar en su contra.

Para las Farc esto iría en contravía de lo acordado y más aún si les terminan imponiendo la justicia ordinaria. Podría generar un incentivo para regresar al monte y probablemente pondría al nuevo gobierno a renegociar con las Farc con la confianza y la credibilidad resquebrajadas.

Adicionalmente, con este antecedente grupo armado -como por ejemplo en futuro cercano el ELN- difícilmente podría contemplar la opción del diálogo como una salida posible al conflicto.

 

El Estado queda mal parado ante la comunidad internacional

La comunidad internacional ha respaldado y celebrado casi de manera unánime el Acuerdo Final. En tan solo la puesta en marcha y fase inicial de funcionamiento de la JEP, Canadá, Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega e Irlanda han aportado alrededor de 4.7 millones de dólares.

Eso quiere decir que eliminar la JEP puede representar para el nuevo gobierno pegarse un tiro en el pie, pues lo obliga no solo a responder por los recursos de afuera que se invirtieron en su creación, sino que además envía un mensaje de inestabilidad e incertidumbre ante naciones que han estado comprometidas con la justicia y la construcción de paz en Colombia, y con quienes se tienen relaciones estrechas de cooperación.

 

El tiempo perdido

Para crear la JEP fue necesario hacer una reforma constitucional en la que se creó el Sistema Integral del que hace parte, y luego una Ley Estatutaria. En las condiciones y términos abreviados y ultrarrápidos del Fast Track, esto tardó 11 meses entre la presentación del proyecto ante el Congreso y la aprobación de la Corte.

La Ley Estatutaria lleva 8 meses y está desde el 15 de diciembre en examen de constitucionalidad. Esto nos dejaría hasta el momento con por lo menos 15 meses de trabajo del Congreso y de la Corte Constitucional que se habrían perdido.

Al trabajo y los costos que tiene crear y poner en marcha un tribunal de justicia hay que sumarle los que tendría cerrar o transformar uno ya existente.

En un trámite ordinario, una reforma constitucional no dura menos de año y medio -plazo que tardó aprobar el Fast Track-.

A ello habría que sumarle el tiempo que se demoraría el nuevo Gobierno concibiendo la reforma que determine quién recoge lo que venía haciendo la JEP y la modificación de la Ley Estatutaria y las normas de procedimiento que la regulan.

Son dos años más de nuestras instituciones dedicadas a diseñar, evaluar y definir las reformas a la JEP. Y son, en total, por lo menos tres años en los cuales esas mismas instituciones han dejado de tratar temas igualmente relevantes como el fortalecimiento del sistema político, al sector salud o educación, entre otros.

Estos son algunos de los costos que deberían tenerse en cuenta cuando se plantea la idea de reformar la JEP en los aspectos esenciales en los que fue negociada.

Por eso el debate debe tratarse sobre cuáles reformas son las que se proponen y cuáles serían las consecuencias de éstas. Antes que simplemente prometer justicia o no impunidad, los partidos deberían plantear de manera responsable de qué manera van a continuar con la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Martha Maya
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