Lo que grita la comuna 13

No hay solución a la vista con criminalizar a los marginados sin atacar las causas de la marginalidad.

Seis muertos y tres heridos en 24 horas, balaceras, extorsiones, retenes, panfletos, un bus quemado en un barrio cercano, vacunas, toque de queda desde las siete de la noche. Los Habitantes de Socorro, La Pradera, Juan XXIII, La Quiebra y La Divisa están en medio del terror. La última semana en la comuna 13 -San Javier- de Medellín recuerda sus peores tiempos.

 

La desestabilización

Se conoció la existencia de un plan para “desestabilizar” Medellín, coordinado por las bandas criminales. entre Edison Rojas, alias “Pichi gordo”, cabecilla de La Oficina recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, confirma que van a “trabajar juntos en la misma dirección” para “quitarle popularidad al alcalde”.

Pesebre se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y su zona de influencia son las comunas 13 y 7, San Javier y Robledo. En la comuna seis -12 de octubre-, el mando de las bandas lo tiene José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”. Ambos están en el mismo patio, y desde allí coordinan, a través de Pichi, robos, amenazas, extorsiones y cobro de vacunas.

Tres cuartas partes de las organizaciones ilegales del área metropolitana están bajo el mando de Juan Carlos Mesa, alias “Tom”, recluido en La Picota, quien es aliado del Clan del Golfo y jefe de las operaciones en el sector de Altavista. Contra sus dominios también dirige acciones la alianza, según , para hacerse con mayor control territorial.

“A mí no me asustan con ráfagas”, , verraco, el alcalde Federico Gutiérrez. Mientras se encontraba de viaje, su alcalde encargado, el secretario de gobierno Santiago Gómez, sentenció: “ojalá no se tuviera que llegar al punto de necesitar otra Operación Orión en la 13”. La preocupación que despertó la declaración no es exagerada.

 

Orión

El 11 de agosto de 2002, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez declaró el Estado de Conmoción Interior. La comuna 13 de Medellín, para ese entonces con fuerte presencia de milicias urbanas de las Farc, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo, fue escenario de cinco operaciones militares. Entre el 16 y 17 de octubre de 2002 llegaron a la zona 1.500 efectivos de la IV Brigada del Ejército, el DAS, el Gaula y el CTI de la Fiscalía. El alcalde era Luis Pérez Gutiérrez, hoy gobernador de Antioquia, y el ministerio de defensa lo dirigía Marta Lucía Ramírez, hoy candidata vicepresidencial.

No hay un balance unívoco, como es natural sobre un hecho del cual queda mucho por esclarecer. La operación dejó 88 muertos, 200 heridos, 355 capturas, al menos 95 desaparecidos y 155 allanamientos. Y las víctimas civiles: un muerto, 36 heridos y ocho desaparecidos. Pasados cinco años, en 2007, habían sido condenados solo dos de los 355 capturados en la operación.

La otra consecuencia fue la instalación del bloque Cacique Nutibara en la zona. Paramilitarismo “cuidando”, vigilando, controlando, imponiendo su ley: lo “para” en todo su esplendor. Una transferencia vivita del poder, con la anuencia, a la vez que ausencia, del Estado.

Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, ex paramilitar comandante de ese bloque, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que la operación se produjo en alianza con la IV Brigada del Ejército. Con el tiempo se conocería la existencia de La Escombrera, un cementerio de 100 fosas comunes y 300 restos, según el mismo Don Berna.

, a través de sentencia el 22 de noviembre, declaró responsable al Estado colombiano por el manejo arbitrario del Estado de Excepción y la operación en 2002, el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Ana Teresa Yarce en 2004 y no dar garantías para el retorno de desplazados a la zona, más de 1.200.

La operación Orión es todo lo que no puede pasar ni repetirse: una violencia desbordada contra todo lo que se mueva (o señale un para) en un barrio de pobres, en su inmensa mayoría civiles.

 

Carne de cañón

Jóvenes del colegio a la esquina, de la barriada al combo, del lápiz al calibre 38. De acuerdo con cifras de la alcaldía de Medellín, de un total de 214.820 bachilleres entre los 16 y 28 años que hay en la ciudad, el 44 por ciento asisten a la educación superior. Pero en la comuna 13 la cobertura baja a 32 por ciento. En los barrios más pobres, teatro de toda clase de pandillas, la cobertura va del 24 al 29 por ciento.

En Colombia la mitad de los desempleados tiene menos de 28 años y, según el Dane, el desempleo es del 9,4 por ciento mientras que  por ciento. Medellín es la sexta ciudad del país con mayor desempleo juvenil, con una tasa del 18 por ciento.

De cada 100 colombianos en edad de trabajar 57 son jóvenes, y el 21 por ciento de quienes tienen entre 14 y 28 años . De cada 10 jóvenes solo dos tendrán pensión en el año 2050, según la .

Mike Davis, en su libro "Planeta de ciudades miseria", habla de cómo “la pobreza urbana es la nueva cara de la inequidad”, producto de una economía que margina cada vez más a los pobres de la ciudad. Frente a esa sin salida, donde no hay ni estado ni asistencia social ni trabajo ni educación, o son insuficientes, ¿qué pueden hacer los pobres?

Hoy, en ese rechazo a la marginalidad de parte de quienes la padecen, crece el uso de dos vías: “el repudio de la modernidad”, de las formas modernas de civilización, o la “tentativa de recuperar sus promesas reprimidas”, lo que sus padres no pudieron, lo que ellos esperaron y que nadie -ni el Estado, ni los privados, ni la economía- les ofreció.

Es común que haya jóvenes en los márgenes del mundo urbano (desde Estambul hasta París) que abracen “el nihilismo religioso de la yihad salafista y gocen con la destrucción de los mayores símbolos de la modernidad”. Equiparable, como en otra cara de la misma moneda, con que en los mismos márgenes de subsistencia y abandono se lancen a la economía ilegal del narcotráfico, el gota a gota, las vacunas, la extorsión, las milicias y las consecuentes guerras urbanas.

El debate más honesto, se sigue de Davis, es abordar la violencia cotidiana que ejerce la exclusión económica. No hay solución a la vista con criminalizar a los marginados sin atacar las causas de la marginalidad. Suena a perogrullada, pero los que mandan lo tienen tan olvidado. No está en discusión que el monopolio de las armas sea del Estado, pero esa criminalización genera un futuro inacabable de guerras callejeras, aunada por la promesa de un nuevo mundo feliz que la economía no ha cumplido. Y ni que decir de la política, o de los políticos.

Amaury Núñez González
Amaury Núñez González
Politólogo y estudiante de periodismo
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