La insostenibilidad de los acuerdos de paz y el caso Santrich

No se trata de decir "ve, se lo dije" para hacer quedar mal a quienes piensan distinto a nosotros. Se trata de recordar el argumento para que la PAZ pase a ser una política de un gobierno ilegítimo y perdedor, a una sólida política de Estado.

Este espacio es posible gracias a

Patrocinio

Persisten los que creen que haberse opuesto a los acuerdos entre las Farc y el Gobierno del Presidente Santos era un acto propio de terratenientes, oligarcas de la guerra, amantes del odio y del dolor, élites de clase que querían conservar un statu quo y una larga lista de improperios que poco contribuían al debate. Incluso el señor Presidente me tildó de mentiroso en escenarios nacionales e internacionales a sabiendas que no poseo un centímetro de “tierras”, estoy lejos de ser oligarca y millonario y mis argumentos jamás desbordaron las barreras de lo conveniente y lo legal.

Decantadas las cosas con el paso del tiempo, desafortunadamente los argumentos expuestos en aquella época se revelan con irrebatible firmeza. Decíamos, por ejemplo, que esos acuerdos no eran producto de una política de Estado sino que son fruto de unas doctrinas y acciones de gobierno. Todo ello fue evidenciado con la improbación del referendo del 2 de octubre de 2016. ¿Cuáles están siendo las consecuencias de eso que suena tan alejado al colombiano de a pie? ¿Qué tan cierto era que esos eran argumentos de académicos que viven en la estratosfera y que no sienten las dolencias cotidianas de la violencia?

El caso Santrich es elocuente al respecto. Nosotros sostuvimos que era muy perjudicial crear una justicia elegida por “las partes”, vale decir, entre el gobierno nacional y los ex terroristas de las FARC porque carecería de legitimidad, esto es, del respaldo popular necesario para que sus veredictos tuvieran (tengan) la vocación de ser acatados sin tapices y dudas. También decíamos que era absurdo elegir una justicia especial sin códigos preexistentes, tanto sustanciales como procesales, lo que a todas luces violaba el debido proceso de cualquiera de los procesados, especialmente de los confesos terroristas. ¡Eso no es jugar limpio! En suma, decíamos sí a la justicia transicional pero de otra manera.

También argumentamos que era innecesario, peligroso e infundado considerar el narcotráfico como delito político por conexidad y todo lo que de ese concepto se desprende, vgr. evitar la extradición y otras colaboraciones propias del derecho internacional penal.

Ahora tenemos una justicia especial que no sabe qué hacer con la continuidad de delitos. No sabe qué hacer con Santrich. No tiene código sustancial que aplicar como tampoco procesal. No sabe con base en qué va a sustentar la decisión de dejar el caso en manos de la JEP o enviarlo a la justicia ordinaria. Más allá de los casos de corrupción que rodean a la JEP y de su inactividad (noticias propias de otro análisis) lo cierto es que el tema es toda una “papa caliente” por falta de regulación, lo que de sobra era de esperarse y así lo advertimos quienes tuvimos el mínimo cuidado de leernos los Acuerdos de la Habana.

De igual manera sostuvimos que la defensa de los del SI era precaria toda vez que en un debate serio y de altura argumentativa, no valía defender los acuerdos atacando al expresidente Uribe y su política de sometimiento de los otrora terroristas de las AUC. Para ser respetables, los acuerdos deberían defenderse por sí mismos y no por los errores del pasado. Se decía, por ejemplo, que la extradición de esos reincidentes no obedecía a que siguieran delinquiendo sino a que se pretendía ocultar la verdad. Para ellos, la extradición no correspondía a la aplicación de los tratados internacionales y las leyes preexistentes vigentes al momento de la comisión de los delitos, sino a una estrategia gubernamental para evitar la verdad, la reparación a las víctimas y que los victimarios esquivaran purgar cárcel en Colombia.

Por su parte, poca trascendencia le dieron al hecho de negociar con verdaderos narcoterroristas, hasta el punto de solicitarle públicamente a la oposición “bajarle el tono a las palabras”. Para nosotros, en cambio, negociar con narcos impedía sustituir nuestra Constitución Política a través del Bloque de constitucionalidad y del llamado “acuerdo internacional especial”, tal y como quedó en el acto legislativo 01 de 2016.

Si las FARC hubiesen sido de verdad una fuerza subversiva que se rebelaba contra un Estado fallido, ilegítimo y tiránico, cabía hablar de algo más allá del sometimiento a la justicia. Pero ni eran subversivos ni nosotros un Estado tiránico que requería un tránsito hacia la democracia. Y, ahora, lo peor, es que después de la firma del acuerdo los de las FARC quizás sigan siendo un cartel de drogas y delito. Todo apunta entonces, como lo ha demostrado el caso Santrich y la fuga de alias Iván Márquez, a que se sigue tratando de unos narcotraficantes poderosos, ricos y peligrosos. Con gente de esa calaña, decíamos, no se podía negociar el Estado de Derecho. Con gente así, decimos, no se puede hablar de PAZ.

Para finalizar, es menester que se decante si el caso Santrich es aislado a lo que se ha solido denominar como “las disidencias” o si, por el contrario, lo que sucedió es que en los tiempos de La Habana y tal vez con la aquiescencia de la tiranía de los Castro, se entrabaron fructíferas negociaciones entre el cartel de las FARC y sus émulos mexicanos.

Yo, por ejemplo, no creo que los negociadores originales del gobierno del Dr. Santos conocieran tal situación, ni mucho menos que estuvieran involucrados en esas fechorías, pero con los recientes hechos parece ser que en La Habana se negoció algo más que el Estado de derecho.

En consecuencia, es indispensable que a través de la implementación de los Acuerdos se trasforme esa política de gobierno en una verdadera política de Estado. Y, como siempre, allí estaremos nosotros para colaborar, a pesar de los insultos.

      Periodista prueba

        Continúa Leyendo


      Powered by