¿Cuáles son las tensiones entre el ELN y el Gobierno?

Las negociaciones entre el gobierno y el ELN parecen cada vez más dificiles de alcanzar. ¿Cuáles son las tensiones que impiden llegar a términos similares a los utilizados para negociar con las Farc?

Tanto el Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc en noviembre de 2016 como el lanzamiento en marzo de 2017 del Acuerdo de Diálogos para la Paz entre el Gobierno y el ELN marcaron hitos en la historia reciente de Colombia.

La negociación política primó y fue la condición para el fin del conflicto armado. Sí: la opción militar modifica las condiciones de la confrontación y dispone unos términos para negociar – lo cual sucedió en gran medida con las Farc- pero no le pone fin a la guerra.

Paralelamente al proceso de abandono de las armas por parte de las Farc, a inicios de 2017 comenzó en Quito el proceso de diálogo con el ELN. Se inició en medio de un optimismo desbordado – se sostenía que con una «guerrilla de segunda» el proceso sería expedito, se empataría con el de las Farc y alcanzaríamos la paz completa, mientras que cientos de palomas volaban por el cielo– .

Sin embargo, el inicio del proceso también estuvo rodeado de un escepticismo que contenía una buena dosis de realismo y «fracasomanía». No faltaban las voces que aseguraban que habían sido muchos los intentos de negociación con el ELN desde principios de la década de 1980, remarcando que se avecinaba una coyuntura política para elegir nuevo presidente colombiano en 2018 y que los ritmos internos del ELN para concertar serían muy lentos. Además, se sostenía que no clara su unidad de mando y, por consiguiente, tampoco era claro si todo el ELN estaría representado en la capital ecuatoriana.

El 2017 dejó cuatro ciclos de conversaciones que dieron impulso al desarrollo del Acuerdo de Diálogos. Estos ciclos se enfocaron en dos puntos: participación de la sociedad civil y acciones humanitarias. Y, en efecto, se avanzó en ellos. El tercer ciclo definió el cese al fuego y de hostilidades de carácter temporal y bilateral desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 9 de enero de este año. Mientras, el cuarto ciclo dejó diez audiencias preparatorias a las que asistieron diferentes sectores sociales para identificar los mecanismos adecuados de participación de la sociedad civil y las experiencias que aporten a la mesa de diálogos.

Paradójicamente, estos avances fueron desenmascarando la entelequia de agenda que intenta trazar la ruta de diálogos y que sugerí en su momento. Si bien las audiencias preparatorias buscan abrirle paso al segundo punto de la agenda (Democracia para la Paz) y el cese bilateral tiene todas las bondades consabidas (alivio humanitario, desescalamiento progresivo del conflicto, legitimidad de los diálogos), la realidad es otra pues parece que con los tímidos avances hubiésemos llegado a un callejón muy difícil de recorrer. Callejón que parece haberse convertido en uno sin salida después del ataque del ELN que dejó siete policías muertos en Barranquilla el pasado sábado 27 de enero.

Me explico: el diseño de la agenda presupone dos grandes momentos, el de diálogos y el de negociación. Los diálogos se dan entre el gobierno y el ELN, y la negociación cuando se desarrolle el punto 3 de la agenda (Transformaciones para la paz) que incluye la puesta en marcha de la participación de la sociedad civil o diálogo amplio, que será el espacio de toma de decisiones para alcanzar «propuestas transformadoras» sobre temas estructurales como pobreza, exclusión social, corrupción, degradación ambiental, equidad.

Esto es consistente con los supuestos políticos e ideológicos del ELN, como el de «poder popular», el cual supone que las decisiones las toma la sociedad y los mandatarios están para implementarlas.

En la práctica resulta muy difícil que un proceso de acuerdo soporte los tiempos que se requieren para llegar a esas negociaciones, en especial sobre temas tan sensibles. Pensar, por ejemplo, en el tema de degradación ambiental –elemento esencial para el ELN desde su fundación en 1965– significa avanzar en un diálogo popular a cuatro bandas sumamente complejo entre sociedad civil, ELN, sector privado y Estado, en el que se lanzarán dardos y recriminaciones de todo tipo. Las cuales, con o sin peso argumentativo, con o sin apoyo popular, ralentizarán un acuerdo que abra las puertas para discutir un modelo de justicia, de reconocimiento de víctimas y de implementación en general (puntos 4, 5 y 6 de la Agenda). Más aún si se tiene en cuenta que el ELN no cree en un proceso de implementación posterior a la desmovilización y dejación de armas como se está intentando hacer con el de las FARC –para el ELN, el asesinato de líderes y el de 36 integrantes de las FARC desmovilizados, desde abril de 2017 son dos razones para poner otros términos en la mesa-.

En las regiones de influencia del ELN hemos podido constatar que para este grupo y su base social, la implementación son las soluciones reales a las «propuestas transformadoras» definidas por la sociedad. En esa medida, ¿la resistencia armada, plasmada en el cuarto congreso del ELN en 2004 seguirá siendo una opción si no se implementa lo acordado? ¿Un escenario de dejación de armas se dará cuando se desarrollen cambios que toman décadas? Y si las dejan, ¿la sociedad civil será vigilante a que se implemente lo acordado y con una posición clara frente al ELN en la que le exijan dejar de pensar que son su retaguardia armada?

A esto se suma el cese al fuego que es, por definición, un arma de doble filo. Los ceses temporales fijan límites y tiempos, y los tiempos crean ansiedad e incertidumbre en una mesa con una parte (el gobierno) que quiere mostrar resultados que dejen este proceso en un estado irreversible y otra parte (el ELN) que quiere un buen acuerdo. El afán, evidentemente, no puede estar en la ecuación.

Frente a esto no puede omitirse que las condiciones de un nuevo cese son difíciles dada la correlación de fuerzas internas, en la que hay estructuras del ELN militarmente más fuertes y proclives a continuar la confrontación armada. A pesar de esto no se puede olvidar que, en este proceso, el cese no solo es condición para el alivio humanitario sino, ante todo, para garantizar la participación de la sociedad civil o el diálogo amplio que se mencionó con anterioridad.

Parece que hemos entrado en el dilema menos deseado. Suspender la mesa de forma indefinida sería darnos un golpe de realidad: la de una organización que ha dicho claramente que no tiene ningún inconveniente en combinar la resistencia armada con las posibilidades de una negociación.

Continuar significa avanzar con una agenda que está lejos de dar resultados más allá de los procedimentales y que los candidatos a la presidencia miran de reojo, si es que en realidad prefieren barajar de nuevo y poner nuevas condiciones o, en el peor de los casos, inclinarse por la opción militar. Todavía se siente la presión de los colombianos que más se benefician del proceso y de un cese al fuego. Por supuesto, también hay voces mesuradas que llaman a las delegaciones a sentarse en un cónclave para tomar decisiones y sentar las bases para que el proceso retome oxígeno.

La salida al momento más crítico de este proceso todavía no se vislumbra en el horizonte. Ojalá esta sea solo una equivocación pero, desafortunadamente, la coyuntura indica que los colombianos estamos en la disyuntiva de elegir entre unas opciones irreales y unas alternativas poco probables.

Eduardo Álvarez Vanegas
Eduardo Álvarez Vanegas
Politólogo y antropólogo
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